La Policía y la Guardia Civil de Castilla-La Mancha recibirán formación para mejorar la accesibilidad cognitiva de personas con discapacidad intelectual en dependencias policiales. Este acuerdo, firmado por la Delegación del Gobierno y Plena Inclusión Castilla-La Mancha, busca garantizar los derechos de estas personas como víctimas, testigos o presuntos autores de delitos. Se implementarán adaptaciones en documentos y señalización, además de programas formativos para el personal de seguridad. Una Comisión de Seguimiento se encargará de evaluar el cumplimiento del protocolo durante su vigencia de cuatro años.
La Policía y la Guardia Civil en Castilla-La Mancha están a punto de recibir formaciones específicas que buscan mejorar la accesibilidad cognitiva para personas con discapacidad intelectual en dependencias policiales y oficinas de atención ciudadana. Este esfuerzo es el resultado de un acuerdo firmado entre la Delegación del Gobierno y Plena Inclusión Castilla-La Mancha, que se compromete a una "coordinación más global" en estas circunstancias.
El delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido, y el director gerente de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado, han formalizado este acuerdo con el objetivo de prevenir situaciones de vulnerabilidad para las personas con discapacidad intelectual que puedan verse involucradas como víctimas, testigos o presuntos autores de delitos. Se busca garantizar así la igualdad de derechos en estos contextos.
Durante una rueda de prensa, Collado destacó que este acuerdo tiene la intención de llegar "a todos los rincones de Castilla-La Mancha", ofreciendo formaciones desde Plena Inclusión a los cuerpos policiales. Además, ambos organismos colaborarán para que los agentes puedan convertirse en formadores dentro de esta iniciativa.
Collado también subrayó que actualmente la Guardia Civil se presenta como "una policía que te ayuda", enfatizando su papel como servicio público más que como fuerza represiva. "En nuestro país tenemos una serie de garantías en este sentido", añadió.
Sabrido, por su parte, resaltó la importancia del acuerdo al considerar que la Delegación del Gobierno proporciona la "ayuda imprescindible" para asegurar que el ejercicio de los derechos de estas personas sea completo. Según él, es fundamental que quienes tienen discapacidad, ya sea como víctimas o testigos, acudan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con plenas garantías sobre sus derechos.
El protocolo tendrá una vigencia de cuatro años y se enfocará en mejorar la accesibilidad cognitiva en las instalaciones policiales y oficinas públicas. Esto incluye adaptar documentos a formatos de lectura fácil mediante el servicio 'Entorno Fácil' de Plena Inclusión y añadir señalización accesible en las dependencias destinadas al público.
Además, se implementarán programas formativos dirigidos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre cómo ofrecer un trato adecuado y comunicarse efectivamente. También se facilitará el acompañamiento por parte de profesionales especializados durante declaraciones o actuaciones administrativas.
Para garantizar el cumplimiento de estos objetivos en Castilla-La Mancha, se creará una Comisión de Seguimiento paritaria que se reunirá al menos una vez al año para planificar y evaluar las acciones derivadas del protocolo. Este acuerdo se fundamenta en el marco legal vigente, incluyendo el Estatuto de la Víctima del Delito y la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030.