El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 5,8 millones de euros diarios en 2026 para combatir la despoblación, con un total de 2.116 millones en el presupuesto regional. Se priorizarán servicios públicos y ayudas a empresas rurales, además de promover la accesibilidad universal y fortalecer la transparencia gubernamental.
El Gobierno local de Hellín, liderado por Pedro García Sequero, reduce la deuda y mejora servicios públicos. Se deroga una ordenanza fiscal que eliminaba tasas para exámenes, promoviendo igualdad de oportunidades. Además, el periodo medio de pago a proveedores es de 15 días, destacando una gestión financiera eficiente.
La consejera Esther Padilla destacó que el Gobierno de Castilla-La Mancha, liderado por Emiliano García-Page, enfrenta el nuevo curso político con compromiso y responsabilidad. Se enfocarán en reforzar servicios públicos y aprobar los presupuestos para 2026, manteniendo buenos indicadores económicos y empleo en la región.
El Gobierno de Castilla-La Mancha rechaza el nuevo modelo de financiación singular para Cataluña, argumentando que perjudica a otras comunidades y compromete la igualdad en el acceso a servicios públicos. El consejero Ruiz Molina lo califica de "documento egoísta e injusto" que busca privilegios para Cataluña.
La Diputación de Albacete ha concedido ayudas para 2025 a 72 entidades locales, enfocándose en la mejora y organización de archivos municipales. Dos líneas de actuación benefician a 22 y 50 municipios, promoviendo la conservación del patrimonio documental y garantizando la gestión eficiente y transparente de los servicios públicos.
El Gobierno de Castilla-La Mancha exige una reforma urgente del modelo de financiación autonómica, afectado por más de diez años de infrafinanciación. El consejero Ruiz Molina destaca la necesidad de garantizar igualdad en servicios públicos y propone un fondo transitorio y condonación de deuda para corregir deficiencias en comunidades infrafinanciadas.
El presidente de Castilla-La Mancha criticó el "bloqueo en la política nacional", que afecta negativamente a las comunidades autónomas. A pesar de ello, se comprometió a no recortar servicios públicos y urgió una reforma del sistema de financiación autonómica, destacando su importancia para el bienestar regional.
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El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, se reunió con el alcalde de Peñascosa, Pedro Rodríguez, para discutir la reforma del consultorio local, que costará 205.000 euros. Ambos destacaron la importancia de mejorar los servicios sanitarios y mantener un diálogo entre administraciones para atender las necesidades del municipio.
El concejal de Hacienda, Alberto Reina, expresó su satisfacción por la aprobación de una oferta pública de empleo que incluye 88 plazas, 55 por oposición y 33 para promoción interna. Se prioriza la transparencia y el acceso igualitario, con reservas para personas con discapacidad, garantizando servicios públicos eficientes.
El Gobierno de Castilla-La Mancha refuerza servicios públicos en áreas rurales para garantizar igualdad con entornos urbanos. Se han realizado inversiones en Arcos de la Sierra, mejorando consultorios y centros sociales. Desde 2021, la Ley contra la Despoblación ha permitido un saldo migratorio positivo en zonas rurales.
La Diputación de Albacete ha incorporado una excavadora hidráulica 4x4 para mejorar la atención a los municipios, optimizando el mantenimiento de caminos y la respuesta ante emergencias. Con un coste de 320.000 euros, reemplaza a una unidad de más de 25 años, aumentando la eficacia y seguridad en los servicios públicos.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado procesos selectivos para 2.306 puestos en Administración General, destacando un compromiso con la inclusión y la participación. Se reservan plazas para personas con discapacidad y se prevé que las pruebas comiencen entre septiembre y octubre de 2025, con un enfoque en mejorar los servicios públicos.
Carmen Juste ha sido nombrada nueva secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO CLM, con un 98,8% de votos. Sustituye a Lola Cachero y liderará un equipo de diez personas, enfocándose en la defensa de los servicios públicos y las condiciones laborales de los trabajadores.
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