una moción, que será debatida en el Pleno Municipal del próximo jueves, 24 de septiembre, y que nace de la iniciativa de la Plataforma Stop Desahucios, para garantizar el acceso a una vivienda digna en la ciudad de Albacete, así como otros derechos fundamentales de la ciudadanía.
Esta moción, que cuenta con el respaldo unánime de todos los grupos políticos municipales en la oposición y del concejal no adscrito, plantea en su parte resolutiva declarar a Albacete “ciudad libre de desahucios” cuando tengan su origen en una caso de pobreza sobrevenida y no culpable, así como que el Ayuntamiento no facilite la intervención de las fuerzas de seguridad locales en procesos de desahucio y lanzamiento de vivienda.
Asimismo, esta propuesta, a la que el Equipo de Gobierno del PP ha rehusado sumarse, también contempla la creación de una Oficina de Intermediación Hipotecaria Municipal, a la que se dotará presupuestariamente, frente a los desahucios y contra la pobreza energética. Esta oficina tendrá un carácter interdisciplinario y estará integrada por el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Comunidades, Stop Desahucios, agentes sociales, los colegios oficiales de abogados y procuradores y representantes del poder judicial y entre sus funciones figurará la negociación con entidades bancarias.
Además, la moción también observa otras cinco medidas e iniciativas, como son la Creación de un Observatorio de Vivienda, cuya labor será la de realizar y actualizar censos periódicos de viviendas vacías o la instauración de un Fondo Social de Vivienda, integrado en la Oficina Municipal de Intermediación, a través de un parque público de vivienda o de la cesión en uso para alquiler social de las viviendas vacías propiedad de la Sareb o de entidades bancarias rescatadas con dinero público, partiendo de la premisa que la renta del alquiler de estas viviendas no podrá superar en ningún caso el 30% de los ingresos familiares.
Por último, la moción instará al Ayuntamiento de Albacete a que no trabaje con entidades bancarias que en la actualidad desahucien a familias por causa de pobreza sobrevenida y no culpable, especialmente si se trata de entidades bancarias que hayan sido rescatadas con dinero público; a que dote a los Servicios Sociales municipales de los medios materiales y formativos necesarios para intervenir en los procesos de desahucio, a través de la Oficina de Intermediación; y al establecimiento de medidas de protección integral de familias en riesgo de exclusión social, que afectarían a los ámbitos de impuestos municipales, garantía de acceso a suministros básicos o atención a la infancia, entre otros.
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