Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental y Unión de Pequeños Agricultores. Se demanda al Ministerio de Industria un trato más equitativo, que no castigue el tipo de consumo de la agricultura de regadío, principal motor económico y generador de empleo de muchas zonas rurales.
Las soluciones pasarían por una factura adaptada a los parámetros de consumo del regadío, que no obligue a los agricultores a pagar durante todo el año por unos términos de potencia que sólo necesitan unos meses.
En el Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Albacete los tres grupos políticos han presentado conjuntamente una moción para mostrar su apoyo a la propuesta de Asaja, Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental y Unión de Pequeños Agricultores por unas tarifas eléctricas justas para el regadío.
Como explica la Moción presentada, la agricultura de regadío tiene una importancia vital por su contribución a la generación de empleo y riqueza en el medio rural, por lo que conseguir una agricultura competitiva y moderna pasa necesariamente por la puesta en riego de los cultivos más rentables.
En España, el 13 % de la superficie agraria útil es de regadío y proporciona el 50% de la producción agraria. El regadío produce el 2% del PIB de España y da empleo al 4% de la mano de obra ocupada. Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma con mayor superficie de regadío, con más de 500.000 hectáreas, de las cuales más de 165.000 corresponden a Albacete. En Castilla-La Mancha se riega un 6,2% de su superficie geográfica y un 13, 4% de la cultivada.
Una hectárea de regadío tiene una productividad seis veces superior a una de secano y genera una renta cuatro veces superior, permitiendo el mantenimiento de la renta de agricultores con pequeñas explotaciones y fijando a la población en el medio rural.
El aumento de la productividad agrícola que genera la puesta en riego lleva inherente el aumento del empleo de mano de obra directa en todas las tareas de los cultivos (preparación de suelo, siembra, fertilización, tratamientos fitosanitarios y recolección), así como empleo indirecto de industrias que aportan imputs a la producción (viveros, maquinaria especializada, productos fitosanitarios, centros de transformación de los productos, empresas de logística y transporte, plásticos…) y sectores que apoyan de forma directa o indirecta a la agricultura.
La desaparición de las tarifas especiales de riego en el año 2008, la entrada del mercado libre de energía y el incremento del precio de los peajes (principalmente en el Término de Potencia) en la factura han supuesto un encarecimiento del coste eléctrico en la agricultura de regadío y gran parte de la agroindustria española. Además el consumo eléctrico del regadío ha aumentado por la modernización de regadíos para ahorrar agua al pasar a sistemas de riego por presión y por tanto con coste energético (aspersión, riego localizado, etc.). Las sucesivas subidas del término de potencia acumulan un aumento superior al 1.000 % en muchas zonas regables. En los últimos siete años el regadío ha soportado un incremento de la factura eléctrica cercana al 100% y los costes eléctricos ya representan más del 40% de los costes totales del agua de riego, haciendo inviable económicamente la economía de muchas explotaciones de riego en Albacete.
La subida de la tarifa eléctrica ha coincidido con la inversión realizada en modernización por una buena parte de regadío español. En los últimos quince años, los regantes han dedicado más de 6.000 millones a la renovación de sus instalaciones de riego. Como consecuencia de esa modernización, el regadío español ha sido capaz de ahorrar hasta un 20% de recursos hídricos. Las nuevas infraestructuras han aumentado, sin embargo, las necesidades de consumo energético, que se han incrementado en más de un 60%.
La última reforma tarifaria aprobada agrava el problema de costes eléctricos, abocando a los regadíos modernizados a consumir más energía por los nuevos sistemas de riego, que unido a los incrementos en las tarifas harán más difícil que las explotaciones agrarias puedan responder a las deudas contraídas por las inversiones realizadas. La actividad de riego podría dejar de ser rentable y muchas explotaciones ser abandonadas y consecuentemente se produciría destrucción de empleo y riqueza y la marginación y despoblamiento del medio rural.
Las soluciones pasarían por una factura adaptada a los parámetros de consumo del regadío, que no obligue a los agricultores a pagar durante todo el año por unos términos de potencia que sólo necesitan unos meses.
Se demanda al Ministerio de Industria un trato más equitativo, que no castigue el tipo de consumo de la agricultura de regadío, principal motor económico y generador de empleo de muchas zonas rurales y por ello, se pide al Gobierno de la Nación establecer una tarifa eléctrica basada en el carácter estacional de la agricultura de regadío y de gran parte de la agroindustria española.
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