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HIPOTECAS Y DESAHUCIOS (y V)

Por Miguel Ángel Vicente
martes 06 de mayo de 2014, 22:03h
Miguel Ángel Vicente
Miguel Ángel Vicente

Como expresaba, en un reciente artículo en el Suplemento de ABC, "Mu¬jer Hoy", del 30 de Marzo de 2.013 pasado, Isabel Menéndez: "Asistimos a una catástrofe social. Familias enteras se quedan en la calle, les quitan sus casas e incluso su futuro y sus ganas de vivir. Estas situaciones hacen explotar el psiquismo de muchos y que la salud mental de otros empeore rápidamente. Muchas personas están afec¬tadas por el drama de perderlo todo, lo que es un auténtico trau¬ma. Se provoca en la mente una herida debida a una sobreexcitación ante la que no es fácil defenderse y que generan enfermedades emocionales que llegan hasta el suicidio", Ahí está el fin de muchos afectados por el drama de la hipoteca: el suicidio, de los que se conocen contados casos, porque en muchas ocasiones aquél no se produce de una forma pública y alarmante, tal como tirarse por la ventana de la casa ejecutada, sino que se producen en silencio, por el propio sufri¬miento emocional aludido, o por la ingesta de fármacos en dosis contraproducentes, de cuya ocultación se ocupan muy firmemente los "poderes públicos", o si no, que se lo pregunten a los Médicos de Urgencias; y también la aparición de enfermedades y males aletargados y que este sufrimiento y padecimiento hacen aflorar. Abundando en lo antedicho, Julia Navarro, en un artículo del pasado 30 de abril en la Tribuna de Albacete, incide en los efectos relacionados con el paro (causa del impago de las cuotas del préstamo hipotecario sobre la vivienda), haciendo constar lo siguiente: “es un drama añadido porque el paro, como problema social, va más allá de sus consecuencias económicas. Afecta a personas y, por lo tanto, marca sus vidas. Y la de sus familias. El parado de larga duración entra en un proceso de depresión y pérdida de autoestima que le condena a la marginalidad. Apareja reacciones que afectan, también, a las relaciones familiares.  En los dos sentidos: en el de la solidaridad y en el de la sordidez (problemas, a veces de alcoholismo, casos de violencia, divorcios, etc.). Sin contar los suicidios, tema tabú en España. No hay estadísticas oficiales. De lo que no se habla, no existe. En fin, el paro es mucho más que una fría (o cálida, cuando es positiva) estadística”.

Y como la actitud del Gobierno es la de dar largas, poniéndose  manos a la obra tarde y mal para atajar los problemas, política propia de un maniatado, ausente  y raptado Mariano Rajoy, pues la gente no tiene más remedio que organizarse y echarse a la calle y "acosar", o sea, exigir a nuestros representantes públicos que muevan ficha y no escondan la cabeza bajo el ala como vulgares avestru¬ces; y como la soberbia de nuestros gobernantes no llega a permitir que alguien les tosa o les exija el cumplimiento de sus obligaciones, rápidamente, revisten, como he di¬cho en otro apartado de este artículo, de antijuridicidad la acción pacífica de quienes no ejercen sino su derecho de expresión, tal como ha sentenciado el titular del Juzgado número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, en un auto por el que archivó la querella presentada por el esposo de la Vicepresidenta del Gobierno, Iván Rosa, contra 27 personas iden¬tificadas en el "escrache" protagonizado ante el domicilio de aqué¬lla el día 5 de Abril de 2.013, al no apreciar violencia ni coacciones ni amenazas de ningún tipo, reconociendo la existencia de simples "moles¬tias" ante las que no cabe declinar el derecho fundamental de "libertad de expresión". Recordemos que el Presidente del Consejo Gene¬ral del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, por entonces, Gonzalo Moliner, se alineó con la posición de dicho Juzgado, lo que le supuso una lluvia de críticas inaceptables en un Estado de Dere¬cho. Y es que, si la propia Vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santama¬ría, llegó a manifestar que "mi casa es el terreno de mi familia" y que "se ha acosado a una madre con un niño de 18 meses", no es menos cierto y más dramático, que "una madre cualquiera, con su hi¬jo de 18 meses" sea puesta de patitas en la calle, o sea, lanzada a "la puta calle". Y es que, nuestros gobernantes, por tradición, creen que no pueden ser objeto de crítica alguna y que el pueblo debe comportarse como una masa amorfa de carne con ojos que debe aplaudir, sin rechistar, las ocurrencias de los políticos,  aunque se le hinche a hostias. Y esto, por fortuna, empieza a ser historia en nuestra patria. Además, en el sueldo llevan el ries¬go y si no quieren correrlo, que dimitan y se vayan, eso sí, a su casa; así preservarían su propia intimidad y la de sus fa-miliares.

Para tratar de poner remedio al problema, tarde y mal y debido a la presión social, el Gobierno, en solitario, con su par¬tido el PP, ha aprobado la llamada "Ley Antidesahucios", la cual se aparta de la Propuesta Legislativa Popular que el movimiento “STOP Desahucios” llevó al Congreso, pues no hace sino alargar la agonía de los ejecutados, excluye a la mayoría de afectados y resuelve pocos problemas, y la prueba está en que no sumó a su posición a ninguno de los demás partidos políticos del arco parlamentario.  Dicha norma, LEY 1/2013, DE 14 DE MAYO, DE MEDIDAS PARA REFORZAR LA PROTECCION A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, REESTRUCTURACION DE DEUDA Y ALQUILER SOCIAL, publicada en el BOE de 15 de mayo de 2.013 y con entrada en vigor el mismo día de su publicación, la cual, tras un año de vigencia, como se ha apuntado anteriormente, poco o casi nada ha resuelto, dejando con el culo al aire a quienes entran dentro de los parámetros de la ley,  y fuera de ella a una inmensa mayoría de ciudadanos que, aun no reuniendo los requisitos establecidos para acogerse a  la misma, han quedado abandonados a su suerte. Y esto ha sucedido por esa manera de actuar y de acometer las soluciones a los problemas planteados en la vida real del día a día, de los poderes públicos, que pasan sobre los mismos de puntillas, cuando no los no reconocen y obvian, que es lo que ha pasado con la citada Ley, al igual de lo que sucede con una patata caliente.  Y es que, lo que constituye una tragedia social, no se puede frenar ni resolver con paños calientes ni con soluciones terapéuticas que alivien ligeramente el dolor del enfermo, pero incapaces de acabar con el mal o enfermedad que padece, no resolviendo el problema y alargándolo, cuando no agravándolo, en el tiempo, tal como se desprende de las palabras del propio portavoz del PP en la Comisión de Economía del Congreso, Vicente Martínez Pujalte:  “si el problema sigue, se estudiará una prórroga de la suspensión de los desahucios, para las personas en riesgo de exclusión social (que acaba el 15 de mayo de 2.015, cuando se les volverá a poder echar de sus casas)”. Y es que, desde su entrada en vigor, en base a la citada ley, sólo se han suspendido las órdenes de expulsión de unas 8.000 familias, cifra insuficiente para los partidos de la oposición, para los que la citada norma constituye un mero “parche”.

Asimismo, y según la “Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)” dentro del  marco creado por la ley citada sólo han podido acogerse a la moratoria de dos años que contempla la misma un 10% de las personas que no podían hacer frente a la cuota mensual de su préstamo hipotecario. Y en este contexto, resulta llamativo que la regulación contenida en la ley que nos ocupa no deja de ser sino un intento del Gobierno de quitarse el problema de encima y de restringir enormemente la posibilidad de acogerse a ella, pues se refieren solamente a los que, a mi juicio, intolerablemente, califica de “personas en especial riesgo de exclusión”, quizás, por no llamarles incursas en el grupo de “los apestados”, comprendiendo dentro de las mismas a quienes cumplan dos condiciones: una, de carácter social (encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: familias numerosas, o monoparentales con dos hijos a cargo, o con algún menor de tres años, o con algún discapacitado a cargo, o en las que el deudor hipotecario esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones, o en las que exista una víctima de violencia de género); y otra, de carácter económico, debiendo concurrir las siguientes circunstancias: que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, ¡ahí es ná!), publicado anualmente en la ley de Presupuestos Generales del Estado, que en los últimos cuatro años la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar y que la hipoteca recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y haya sido concedida para la adquisición de la misma. Requisitos que Joan Coscubiela, portavoz del grupo de Izquierda Plural, en la Comisión de Economía del Congreso, considera “exigentes y excluyentes”; siendo para Lourdes Ciuró, parlamentaria de CIU, “una ley que no cumple su función porque la mayoría no se puede acoger a ella”; resaltando Leyre Iglesias (PSOE) que “esta normativa ha podido mejorar algunos procesos, pero hasta ahí”; y finalmente, desde la propia “Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)” se ha manifestado que la ley “es tremendamente restrictiva y no sirve para mucho”.  En conexión con la cuestión, Manuel Almenar, Magistrado de la Audiencia Provincial de Pontevedra y ex vocal del CGPJ, ha expresado: “deberían suavizarse las condiciones exigidas para pedir la moratoria, impulsar el alquiler social y regular el sobreendeudamiento. Al igual que existe el concurso de acreedores para sociedades, debería haber una fórmula parecida para los particulares”.

Por otra parte la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (AFES), a través de su Presidente Carlos Baños, ha puesto de relieve que la mora hipotecaria ha calado en el conjunto de las clases sociales, aunque en principio la sufrían especialmente las clases más desfavorecidas o los niveles de rentas más bajos, señalando que en España hay unas 600.000 personas afectadas, estimando que en Castilla- La Mancha, puede haber cerca de 65.000 personas que sufren  este problema, por lo que recientemente firmaron un convenio de colaboración con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) de Castilla-La Mancha, para tratar de ayudar a las familias de esta Región que tienen moras hipotecarias, a través de un servicio de asesoramiento y orientación en los municipios que se adhieran a este acuerdo y de manera gratuita para los ciudadanos, puesto que según el Presidente de la Federación, Santiago Lucas-Torres, hay un número importante de conflictos hipotecarios y financieros vinculados a la vivienda habitual en los municipios de dicha región.

En definitiva, con un Presidente del Gobierno de España, ausente, en Babia,  que se limita a leer lo que le escriben en los papeles y por eso hace el ridículo dirigiéndose desde la tri¬buna parlamentaria a sí mismo, al ¡propio Presidente!, como tal, cualquier solución satisfactoria para los más perjudicados (los ejecutados, estén o no en riesgo de exclusión) se diluirá en la maraña burocrática y en el bla, bla, bla, de quienes no pueden, no saben o no quieren (o todo ello a la vez), resolver los problemas de los españoles.

MIGUEL ANGEL VICENTE MARTINEZ

7 de MAYO de 2014

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