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La Junta de Castilla-La Mancha defiende la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública

La Junta de Castilla-La Mancha defiende la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública
martes 28 de febrero de 2017, 12:37h

Enrique Sánchez que ha definido este paso adoptado por el Consejo de Gobierno el pasado año de “avance en la modernización de la

 contratación de bienes y servicios” ha reiterado algunos beneficios como apostar por la sostenibilidad ambiental, incluir criterios de ética pública, promover la estabilidad y la seguridad laboral, y reconocer la interlocución sindical, entre otros aspectos.

El Gobierno regional ha defendido la introducción de cláusulas sociales en la contratación pública de la Junta de Comunidades, sus organismos autónomos, y del resto de entidades que integran el sector público en Castilla-La Mancha, una decisión que adoptó el Consejo de Gobierno a finales del pasado año 2016.

Así lo ha destacado el director provincial de Administraciones Públicas y Hacienda, Enrique Sánchez, durante la inauguración de las Jornadas sobre “Externalización y reversión de servicios en el ámbito de Castilla-La Mancha”, desarrolladas en la Facultad de Derecho y Recursos Humanos del campus universitario de Albacete.

Sánchez ha recordado que estas cláusulas sociales reflejan importantes novedades como la obligación de la empresa adjudicataria de no tributar en paraísos fiscales, de abonar los salarios recogidos en el convenio colectivo y de cumplir el principio de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad.

El representante de la Consejería de Administraciones Públicas y Hacienda ha calificado esta incorporación de un paso hacia “la modernización en la contratación de bienes y servicios”, y ha reiterado algunos beneficios de esta novedad en la contratación y adjudicación como la racionalización energética, la sostenibilidad ambiental, la inclusión de la perspectiva de género para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, criterios de ética pública, promover la estabilidad en el empleo y la seguridad laboral, facilitar la incorporación laboral de persona en riesgo de exclusión social, y contemplar la importancia de la interlocución sindical, entre otras ventajas.

Además, entre las novedades que supone la instrucción destaca la posibilidad de que la Administración regional pueda resolver el contrato o imponer penalizaciones económicas a la empresa adjudicataria en el caso de esta incumpla algunas de las cláusulas sociales recogidas en el expediente de contratación.

En relación a la situación de la externalización, el director provincial ha subrayado a preguntas de los medios que actualmente la Junta de Comunidades tiene establecidos sus acuerdos marcos en la contratación pública, y ha reconocido que la propia Administración puede asumir con medios propios muchos servicios.

En este acto celebrado en el salón de actos del edificio “Melchor de Macanaz” ha contado con la presencia del presidente de la Diputación provincial de Albacete, Santiago Cabañero; el secretario provincial de CCOO, Francisco de la Rosa; la decana de la Facultad de Relaciones Laborales, María José Roncero y el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Joaquín Aparicio.

 

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