Nuevo convenio colectivo del consorcio provincial de Albacete de servicios sociales

un acuerdo bianual (2016-2017) que afecta a una plantilla de 370 trabajadoras permanentes, y a otras 650 ocasionales, la gran mayoría de todas ellas del servicio de ayuda a domicilio.

Cabañero agradeció “a todas las partes” su “buena voluntad para que este convenio saliese adelante”, puesto que afecta directamente a un servicio “que creo que es la joya de la corona de todos aquellos en los que participa la Diputación de Albacete, por el servicio que presta y con la calidad con la que se hace en cualquier municipio o pedanía, porque ayuda a fijar población y a crear empleo, y por gran profesionalidad y humanidad de sus trabajadoras”. “Entendemos que el Consorcio de Servicios Sociales es un ejemplo de buenas prácticas, de él nos tenemos que sentir muy orgullosos y que merecía tener codiciones laborales a la altura de la gran profesionalidad de sus trabajadoras”, expuso el presidente, quien apuntó que “esto no siempre ha sido así”.

Santiago Cabañero subrayó que la “meta” del mandato es conseguir avances en los servicios sociales “porque eso supone mejorar la calidad de vida de las personas de esta provincia” y cuantificó en 350.000 euros el incremento de la aportación de la Diputación en este 2017 al Consorcio Provincial. La negociación del convenio colectivo, dijo el presidente, se ha realizado “en un contexto de dificultad, sin Presupuestos Generales del Estado en 2017, con las restricciones presupuestarias de 2016 y con un más personas en situación de dependencia”, lo que no ha impedido alcanzar acuerdos para sacarlo adelante, entre los que destacó el establecimiento de un reglamento de licencias y permisos para las trabajadoras, la introducción de un complemento salarial por tiempo de desayuno para trabajadoras con jornada continuada de seis o más horas, la inclusión en las retribuciones del periodo vacacional de todos los conceptos retributivos, y la creación de un plus para los coordinadores de gestión.

Para la diputada del área, Nieves García Piqueras, se trata de un servicio “único” y el acuerdo “da un plus añadido al trabajo de estas profesionales de ayuda a domicilio, que ayudan a personas de toda la provincia a que tengan autonomía para seguir viviendo en sus casas y en sus pueblos”.

Piqueras enfatizó que se trata de un “trabajo de calidad” cuyas mejoras reflejadas en convenio suponen en torno a 150.000 euros de gasto, dentro de un programa de ayuda a domicilio dotado presupuestariamente con siete millones de euros, y adelantó que se realizará “un esfuerzo” por parte del equipo de Gobierno “para mejorar el convenio, siempre en base a la Ley de Estabilidad Presupuestaria”.

VALORACIÓN SINDICAL. Por parte de los sindicatos, el acuerdo fue valorado en primer lugar por Isabel Andújar, delegada del CSIF, quien ensalzó el trabajo de las trabajadoras “que están al pie del cañón para que los usuarios tengan calidad de vida, para que puedan permanecer en sus domicilios todo el tiempo posible y también para facilitar el descanso a sus familiares”. En la misma línea, Maribel Cabañero, delegada de CC.OO., admitió que en acuerdo “se han visto plasmadas las mayoría de las reivindicaciones”, centradas en resaltar la relevancia del trabajo “de cientos de trabajadoras, que en los últimos años han visto cómo ha evolucionado sus condiciones laborales”.

Por último, la secretaria provincial del CC.OO., Carmen Juste, consideró que se ha dado un “avance importantísimo en los derechos laborales de estas trabajadoras, que forman parte de un servicio que para nosotros es un ejemplo de cohesión social”. Juste agradeció el trabajo de los delegados sindicales en el proceso de negociación “en el que se ha hecho un especial esfuerzo del sindicato por firmar este convenio para un colectivo que ha estado muy precarizado durante muchos años”.

Las trabajadoras del Consorcio Provincial de Servicios Sociales prestan servicio a 1.700 usuarios de toda la provincia, de todos los rincones, desde la aldea más pequeña al municipio más grande. Un 95% de esos usuarios son personas mayores y el 5% restante se trata de familias desestructuradas o de personas con discapacidad.