Cogito, ergo sum

Esta es una locución latina, que, en castellano se traduce frecuentemente como "pienso, luego existo", aun cuando es más precisa la traducción literal del latín, "pienso, por lo tanto existo", y es una traducción al latín de la frase original francesa "Je pense, donc je suis", que proclamara en su famoso "Discurso del Método" (1.637), el filósofo francés René Descartes, y que se convirtió en el elemento fundamental del racionalismo occidental, expresando uno de los principios ensenciales de la filosofía moderna: que mi pensamiento, y por lo tanto, mi propia existencia, es indudable, algo absolutamente cierto y a partir de lo cual puedo establecer nuevas certezas.

Pues bien, después de casi tres años de amarrar el Poder Absoluto (estatal, autonómico y municipal), nuestro ínclito Presidente del G0bierno, Don Mariano Rajoy Brey, a la sazón Registrador de la Propiedad y con la plaza en Santa Pola (Alicante), reservada desde que entró en política y va ya para treinta años (que podrá ser legal, pero ética y moralmente reprobable: ¿cómo un funcionario público puede gozar de tal prebenda?), por fin ha dado señales de existencia, con un “Pienso” derivado hacia un deseo, una convicción, una certeza, más bien una creencia, de que la hermana menor del actual Rey Felipe VI, la Infanta Doña Cristina de Borbón y Grecia, es inocente, de que las cosas le irán bien y de que saldrá airosa de su contienda con el Juez de Instrucción Castro, quien, por segunda vez, ha decretado en un auto la imputación de la misma, en el llamado caso "Nóos", por dos delitos de fraude fiscal y uno de blanqueo de capitales, auto que antes de que cantara el gallo, ha sido recurrido por el Fiscal Pedro Horrach, quien para ser Fiscal, haría un carrerón ejerciendo la Abogacía en Defensa de los imputados, defendiendo lo indefendible, pues no se conoce otro caso igual en los anales de la Fiscalía Española. Todo ello, teniendo en cuenta, que ese deseo, convicción, certeza o creencia nunca debió expresarla en público, por ser quien es, siendo, en todo caso materia para comentarla en familia o, como mucho, en petit comité.

Y es que, nuestro Presidente del Poder Ejecutivo le ha echado una paletada más de tierra a la fosa del Barón de Montesquieu, enterrando junto con él el principio de la separación de poderes, base fundamental para calificar un sistema de Gobierno como legítimo en un Estado de Derecho y Democrático, y que implica observar una escrupulosa independencia entre los tres poderes, a saber, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, cuyo enterramiento ya fue anunciado, a bombo y platillo y con alharacas, por Don Alfonso Guerra, cuando en 1.985 su Gobierno, presidido por Felipe González y sustentado por el PSOE, decidió que la cúpula de los Jueces fuera elegida por el Poder Ejecutivo y el Legislativo, cercenando gravemente, si no eliminando, toda posible independencia del Poder Judicial, que quedó sometido a la voluntad veleidosa y caprichosa del Poder Ejecutivo, que , a su vez, mueve como una marioneta de guiñol, al tercer pie del gato, el Poder Legislativo. Con aquellos mimbres puede decirse que la Democracia en España y el Estado de Derecho que proclamara la Constitución de 1.978, quedaron secuestrados derivando hacia una dictadura partitocrática, que ya hemos visto a donde nos ha llevado, a un Estado de Corrupción como jamás se conoció  en la historia de España. Y, por si fuera poco, el Partido que alardeaba de honradez, de regeneración y de resurrección de la democracia, el Partido Popular, a través  del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha terminado por darle la puntilla al toro que ya había doblado y que se resistía a entregar su alma, dando una vuelta de tuerca más al control de los Poderes Ejecutivo, y a través de éste, del Legislativo, sobre el Poder Judicial.

De esta manera y con un morro que se lo pisa, nuestro Presidente del Gobierno se ha metido en camisa de once varas, en un laberinto del que no podrá salir indemne, inmiscuyéndose en la labor judicial de un Juez honrado que sólo hace su trabajo y lo hace bien, ya que al día siguiente de conocerse, de nuevo, la imputación de la Infanta Doña Cristina, eso sí, en campo foráneo (en rueda de prensa en Bruselas tras participar en la última reunión del Consejo Europeo), ya que si hubiera sido en España lo habría hecho a través de una televisión de plasma (por la que se le conoce ya como Rajoy I, “El Plasmado”), se tiró a la piscina, en plancha, al manifestar que tiene "el deseo y la convicción” de que la Infanta podrá demostrar su inocencia en el proceso que se sigue contra ella y quince personas más en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca.

Y no es la primera vez que se mete donde no le llaman, pues el pasado 20 de Enero, entrevistado en Antena 3, por Gloria Lomana, ya manifestó su opinión: "Estoy convencido de la inocencia de la Infanta y de que las cosas le irán bien". Dejando una seria duda acerca de si no había instrucciones desde el Gobierno, a instancias de la Casa Real, para mover al Fiscal General del Estado a ordenar a su jerárquico inferior, el Fiscal Horrach, a cambiar su papel de Fiscal por el de Abogado  Defensor de la Infanta, haciendo un flaco favor a la democracia y a la confianza de la ciudadanía en la justicia. Y es que, en el actual caldo de cultivo, con la casta política sumida en el descrédito y la desvergüenza, y particularmente el Partido Popular, con la que le está cayendo encima, parece ser la norma de actuación el principio de "perdidos al río", porque los nubarrones que se ciernen sobre la sede de Génova, puede que revienten dejando en mantillas al Diluvio Universal.

Claro, todo parte de aquél mensaje de Navidad  en 2.011 de su Majestad El ExRey de España, entonces Rey, Don Juan Carlos I, en el que proclamó que “la justicia es igual para todos ", pensando, en su yerno Urdangarín y creyendo que su hálito de inviolabilidad sería suficiente para arropar a su hija menor. Y es que, muchas veces, hay que pensar (cogito, ergo sum) las cosas que se dicen y meditarlas, porque luego, a la larga y también, a veces, a la corta, se vuelven contra su autor con más fuerza que un "boomerang".

Siempre se creyó que a la Infanta no la tocaría ni Dios, y cuando han cambiado las tornas y se ha visto que el Juez José Castro  va en serio, que es un Juez que ejerce su labor con vocación, con independencia y con verdadero sentido de la justicia, insobornable y ajeno a las intromisiones mediáticas, han saltado todas las alarmas y han sido movilizados hasta  los reservistas con el afán de evitar una mancha imborrable para la Casa Real, aunque, a decir verdad, tras todo lo que llevamos sobre las espaldas, la mancha quedará, sea o no imputada la Infanta Doña Cristina. Y más teniendo en cuenta las manifestaciones que Diego Torres hace en su último recurso, en el que atribuye a la Jefatura del Estado las decisiones que se adoptaban en la entidad “sin ánimo de lucro" Nóos. “Nada, absolutamente nada de aquello en lo que intervino Urdangarín, directa o indirectamente, estaba dejado de la mano, sino todo lo contrario". Y abunda, “no puede orillarse la intervención directa de la identificada como Casa de S.M. el Rey". Y continúa, “todo se hacía con luz y taquígrafos, velado, validado, autorizado, auspiciado, consentido, conocido, consolidado y demás, por los más altos y prestigiosos asesores del Estado". Y remata, refiriéndose al Secretario personal de las Infantas, Carlos García-Revenga, extesorero del Instituto Nóos, con que "si se contaba con tan alto valido, ¿cómo iba a poder sospecharse ni remotamente que algo anómalo pudiera estar llevándose a cabo?”.

Y por si fuera poco, el propio Fiscal Horrach, la ha liado parda al acusar, soterradamente, al Juez José Castro de prevaricación por la imputación infundada de la Infanta, lo que ha obligado a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, con la boca pequeña, a mediar ante la bochornosa conducta del Fiscal, aunque también lo hace bochornosamente, con un comunicado light, en el que con carácter general "considera necesario solicitar de todas las partes en cualesquiera tipo de procesos y actuaciones judiciales que no utilicen expresiones que puedan desacreditar, injustificadamente y al margen de las consideraciones jurídicas del procedimiento, la labor jurisdiccional de los jueces". Y sin citar ni al Fiscal Horrach ni al Juez Castro. Estas actuaciones, sí que son las que desacreditan al propio Consejo y a la Justicia en general. Y como en un juego de niños, no ha faltado la pronta réplica, en términos análogos, del Consejo Fiscal al Consejo General del Poder Judicial, reclamando a los jueces respeto a la actuación de los Fiscales y a la manera en que defienden sus posiciones jurídicas en los procesos. Lo dicho, entre niños anda el juego.

En fin, veremos qué es lo que dictamina la Audiencia de Palma de Mallorca, ante la que se han presentado todos los recursos. Esperemos que no le tiemble la mano a sus componentes, a fin de que se pueda confiar en la Justicia y en la independencia judicial pese al sepelio del Barón de Montesquieu allá por 1.985.

MIGUEL ANGEL VICENTE MARTINEZ

9 de julio de 2014