Según el Diccionario de Uso del Español, de María Moliner, esta expresión es considerada como un “comentario que se hace cuando alguien muestra ciertas inclinaciones inconvenientes que son naturales en él o le vienen de una situación anterior, aunque pareciesen corregidas”.
Pues bien, esto es lo que, al parecer, sucede en el seno del Partido Popular, en el que la facción más retrógrada y casposa aprovecha cualquier grieta u ocasión para tratar de imponer la ley del palo y tentetieso. Así ha ocurrido, una vez más, con el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, máxime exponente de esa derechona rancia y cavernícola, que no acaba de acomodarse a la normativa constitucional y se siente incómoda con el principio de libertad de los ciudadanos que proclama y desgrana en varios e importantes aspectos y preceptos nuestro texto constitucional, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y en aras de procurar la seguridad nacional y de la ciudadanía, se echa a la piscina de cabeza, sin encomendarse a Dios ni a su Madre, y tal como dijera aquel fraile que dirigiéndose a la casa conventual con una puta al hombro, le inquirieran al respecto, “todo es bueno para el convento”.
Ha vuelto a suceder, ahora, con el anteproyecto de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobado por el Gobierno en sesión del Consejo de Ministros del pasado viernes, día 5 de diciembre, precisamente en vísperas de la fiesta por el aniversario de nuestra Carta Magna, en el que, no sin tensiones en el seno de dicho Consejo, el Ministro del Interior ha impuesto al aún verde Ministro de Justicia, su criterio de que el propio Ministro del Interior o, en su defecto, el Secretario de Estado de Seguridad, puedan ordenar “interceptar” las comunicaciones sin autorización judicial, o sea, meter el oído o la oreja donde digan dueñas y enterarse de lo que se comente en la cama de cualquier hijo de vecino, aun cuando éste se limite a hacer el amor con la parienta de turno. O sea, proceder, así, sin más, a las “escuchas”.
Dicha posibilidad en la actualidad, y como una extraordinaria excepción, sólo está permitida para los delitos de terrorismo, por lo que si la nueva norma, en su proceso parlamentario no sufre modificación alguna y pasa sin objeciones el filtro del Consejo de Estado, del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial, supondrá que el Ministro del Interior o el Secretario de Estado de Seguridad podrán ordenar la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, con la obligación de comunicarlo inmediatamente y, en todo caso, dentro del plazo de 24 horas al juez, quien deberá confirmar o revocar esa medida en las 72 horas siguientes, y sin que dichas intervenciones puedan prolongarse más de dos años. Y todo ello en caso de “especial gravedad” y por razones de urgencia apreciada discrecionalmente por dichos Ministro y Secretario; pongamos, por caso, que el juez revoca esas intervenciones, ¿qué pasará con las grabaciones realizadas fuera de control judicial? ¿alguien se cree que la autoridad gubernamental las destruirá y hará como que nada escuchó? ¿se cumplirá a rajatabla esa puesta en conocimiento al Sr. Juez dentro de esas 24 horas siguientes o inmediatamente, como dice el anteproyecto?.
En fin, una vez más, el Gobierno intenta meterse en la vida de los ciudadanos, invadiendo su privacidad, sin más, por meras sospechas, en esos casos de gravedad (cajón de sastre donde todo cabe), apreciadas arbitrariamente por la autoridad política. Ello no supone sino una puerta abierta hacia el totalitarismo del Gobierno, en su tradicional deseo de meter las narices donde no le llaman y donde no le importa, en su afán de controlar, hasta la extenuación, al ciudadano, al que desprovee del derecho fundamental, en un pretendido Estado de Derecho y Democrático, cual es el de libertad y la tutela efectiva del Poder Judicial.
En la misma línea, se entronca, la aspiración de practicar la prueba del ADN, sin la presencia del letrado defensor del detenido.
Y así mismo, como queriendo poner puertas al campo se pretende poner un plazo máximo al proceso penal, seis meses para una causa ordinaria y dieciocho meses para una causa compleja, aun cuando se admiten prórrogas, sine die, a voluntad del Juez instructor.
Medidas unas y otras, que empobrecen la calidad de la democracia en un Estado que se define como de Derecho y Democrático, eliminando garantías importantísimas y cruciales para el ciudadano. ¿Cuál será, si este proyecto llega a buen fin, la próxima del Gobierno? No hay que ver, y sólo es un anteproyecto, las enormes críticas que esta regulación, está recibiendo de diversos colectivos implicados, tales como del Consejo General de la Abogacía, que considera inconstitucional la previsión del anteproyecto de que la Policía pueda recoger muestras biológicas de detenidos sin que éstos reciban previamente asistencia letrada, así como desde Jueces para la Democracia y desde la Unión de Fiscales Progresistas, dirigidas fundamentalmente al intento de poner un plazo para la instrucción, de seis meses, con carácter general, o de 18 meses para casos más complejos, lo que califican de “mera propaganda” o de “medida confusa y poco eficaz”.
Por su parte el Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, puso el grito en el cielo, diciendo “ahora hacen una suerte de Gran Hermano que genera mucha desconfianza en los ciudadanos, se trata de una vuelta de tuerca más en el recorte de derechos que el Gobierno está llevando a cabo en esta legislatura”. Al líder del PSOE, por tanto, no le convencen los argumentos que ofrece el Ejecutivo para incluir esas escuchas en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En definitiva, un paso más para convertir a España en un estado policial.
Y mientras el Gobierno está deshojando la margarita y estudiando sobre si son galgos o podencos, España se constituye en el país desarrollado en el que más sube la desigualdad por el paro, cifrando la Organización Internacional del Trabajo la pérdida de poder adquisitivo en un 17%, y en que la brecha que separa la parte más rica de la parte más pobre se ha incrementado entre un 40% y un 50%, lo que ha transformado a España en el segundo país más desigual, después de Estados Unidos, en el conjunto que incluye la Unión Europea y el país norteamericano.
MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ
10 de diciembre de 2014
Si (
No(
