Se teme que detrás de estas decisiones exista la verdadera intención de proceder a la liquidación del Consorcio
"Negligencia y mal hacer" de la dirección del Consorcio Provincial de Consumo es lo que hoy denunció Justiniano Muñoz, diputado provincial y uno de los representantes socialistas en el mismo, al referirse a la reestructuración que se está realizando y a los despidos de sus trabajadores. Fue en septiembre de 2012 cuando el Partido Popular acordó gracias a su mayoría en la Junta General el despido de nueve de los 18 trabajadores del Consorcio de Consumo, pero en julio de este mismo año
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha declaró improcedentes seis de esos despidos e instó a la readmisión por parte del Consorcio, en una sentencia que fue recurrida ante el Tribunal Supremo.
Muñoz detalló que fruto del cumplimiento de esa sentencia la dirección del Consorcio mandó el pasado 26 de noviembre un burofax "instando a los trabajadores para personarse en un plazo de tres días al objeto de tramitar su alta y encomendarles los trabajos a realizar", pero que personados el 1 de diciembre reciben un nuevo comunicado "diciéndoles que el burofax del 26 de noviembre es un error y que no se les readmite". El resultado es que incluso uno de ellos comunicó su baja voluntaria en la empresa en la que estaba trabajando ante el llamamiento del Consorcio "y ahora se encuentra sin trabajo" tras negarle éste su reincorporación.
"Entendemos que este tipo de errores políticos deben pagarse porque no se puede jugar con la dignidad de las personas como se está haciendo desde este Consorcio", lamentó el diputado socialista, quien cifró en 600.000 los euros gastados ya "en despidos más abogados" y advirtió que a partir de enero, y hasta que el Supremo falle el recurso interpuesto por la dirección del Consorcio, el gasto por salarios de tramitación ascenderá a 400 euros diarios. "Al margen de todo este dinero público nadie nos dice cuánto va a costar el recurso al Supremo", añadió Muñoz, que remarcó que estos son gastos que "necesariamente tiene que asumir la población de la provincia de Albacete".
Posible liquidación del Consorcio. Justiniano Muñoz rechazó asimismo que este tipo de decisiones estén siendo adoptadas "de forma unilateral" desde la dirección del Consorcio "y sin acuerdo con la Junta General" y expresó sus sospechas de que la verdadera intención sea la de "liquidar el Consorcio para no hacer frente a las responsabilidades para con los trabajadores, ante los juicios y por las posibles indemnizaciones". "El vicepresidente de la Diputación no desmiente que esto sea cierto y ante nuestras preguntas no obtenemos respuestas", expuso.
De ahí que el Grupo Socialista en la Diputación Provincial haya presentado una moción al Pleno que mañana se celebra con la intención de que el Consorcio de Consumo se adscriba a la institución provincial como muestra de que ésta siga apostando por la continuidad del mismo. En dicha moción se expresa la petición de que readmita "a la totalidad de trabajadores despedidos", que se vuelva a prestar "un servicio de calidad tal como la sociedad reclama" y que la Junta de Comunidades, titular de las competencias en consumo, "vuelva a poner su parte".
"El servicio de consumo en nuestra provincia es importantísimo para toda la población en general y especialmente para la población mayor", resaltó el diputado socialista, para quien "es mucho más barato" mantener este servicio con calidad "que despedir a gente".
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