últimos cuatro años, a consecuencia del recorte en los presupuestos de las universidades, el aumento de las tasas académicas en algunas comunidades autónomas y la reducción del presupuesto para becas durante este periodo, según un estudio sobre la 'Evolución de los presupuestos de las Universidades Públicas 2010-2014' de CC.OO.
Castilla-La Mancha ha sido una de las regiones que más ha visto reducido su presupuesto, con 56,4 millones menos, según este estudio del sindicato.
Tal y como explica sindicato, teniendo en cuenta la evolución del IPC entre diciembre de 2009 y el mismo mes de 2013, el porcentaje de pérdida se incrementaría hasta el 23,8%, lo que supondría una reducción total de más de 1.523 millones desde 2010 a 2014, cuando la partida fue de 8.594 millones de euros.
El documento presentado por el sindicato subraya también una reducción del porcentaje del PIB destinado a educación superior desde el 0,97% de 2010 a un 0,83% en 2014.
En este sentido, contrasta el porcentaje del PIB de España para esta partida en 2010 (1,17%) con el que entonces destinaba la media de la UE (1,25%) y que ya se redujo en 2011 hasta ampliar la diferencia a un 0,14%, según los datos disponibles del Eurostat. Según el responsable de la Federación de Enseñanza del CCOO, Francisco García, esta diferencia "se ha incrementado" de 2011 a esta parte.
Entre las consecuencias de la reducción presupuestaria, García ha destacado el aumento del margen del coste de educación que se permite cobrar en las tasas académicas en las universidades públicas (hasta el 25% en primera matrícula). Según García, la permisión de ampliar las tasas (que se ha hecho efectiva en algunas universidades) señala una tendencia a ampliar el peso del "capital privado" (procedente de las familias) en la financiación de la educación superior.
De hecho, destaca que, además de los ingresos procedentes del patrimonio de las universidades (que experimentaron un superávit de 3,2 millones de euros más en 2014 que en 2010), la única partida de ingresos que creció fue la de tasas y precios de los estudios, con la que las universidades incrementaron su presupuesto en 338,6 millones de euros respecto a 2010.
1.200 millones menos
En cambio, las transferencias corrientes de las Comunidades autónomas se redujeron en 1.311 millones de euros, la venta de activos hizo lo propio en 5,7 millones de euros, las transferencias de capital mermaron en 360 millones de euros y los activos y pasivos financieros se redujeron también en 82,9 millones de euros y 104,4 millones de euros, respectivamente, si se comparan los datos de 2010 con los de 2014.
En este sentido, García ha destacado que el recorte de los ingresos procedentes de transferencias de capital, que se emplean para la financiación de los gastos de inversión, suponen una menor posibilidad de las universidades públicas para "ponerse al día" en equipamiento e instalaciones. A juicio del responsable sindical, esta reducción es de especial gravedad "teniendo en cuenta que varias universidades españolas tienen más de 50 años".
En consecuencia con la reducción de los ingresos, la comparación de las partidas de gastos de las universidades públicas de 2010 y 2014 indica una reducción del gasto de 1.523,9 millones de euros.
Los capítulos de gasto que más se han visto recortados han sido los gastos de inversiones reales (815,1 millones de euros menos), seguidos de los gastos de personal, que se han visto recortados en 484,8 millones de euros. Según los datos aportados por el estudio, la reducción de la inversión en personal supone el 31,8% del total de los recortes.
Por otra parte, el sindicato ha rechazado el argumento de que la reducción de fondos destinados a la educación superior está aparejada a la evolución demográfica, por la que un menor presupuesto se ajustaría a una población menor en edad de realizar estudios superiores.
Por el contrario, destaca que mientras el gasto por estudiante descendió de forma especialmente acentuada entre el curso 2009-2010 y el curso siguiente, y después continuó cayendo de forma más suave los dos cursos posteriores; el número de estudiantes de las universidades públicas se incrementó durante los dos primeros años para comenzar a caer después.
A juicio del sindicato, esta reducción del número de estudiantes no iría aparejada a la evolución demográfica sino que se produce a partir de los cursos en que la inversión por alumno es menor.
Por comunidades autónomas, las regiones en las que las universidades han visto reducido más su presupuesto en términos relativos (comparando los de 2010 con los de 2014) son Castilla-La Mancha (con 56,4 millones de euros menos), un 23,15%; y Murcia (con un 63,1 millones de euros menos) un 21,88%. En términos reales, Cataluña y Madrid encabezan los recortes con 296,3 y 288,2 millones de euros menos, respectivamente.
Además, las universidades politécnicas son las que han visto reducido su presupuesto en mayor proporción respecto al resto de universidades españolas, aunque los responsables del estudio han explicado que esto viene determinado por la reducción de los ingresos por contratos con empresas, derivados de la venta de sus investigaciones.
Así, la Universidad Politécnica de Cataluña, con una reducción de más del 35% del presupuesto en cuatro años, la Universidad Politécnica de Cartagena (-22,36%), la Universidad Politécnica de Madrid (-20,61%) figuran entre las siete primeras universidades en recorte presupuestario porcentual.
Entre las universidades que más han visto reducido su presupuesto en este sentido figuran también la Universidad de Castilla-La Mancha (23,14%), la Universidad Internacional de Andalucía (-22,8%), la Universidad de Málaga (-22,6%), la Universidad de Murcia (-21,74%), la Universidad de Huelva (20,4%) y la Universidad Pompeu Fabra (-20,7%).
A juicio de los responsables del estudio, los recortes presupuestarios en educación universitaria responden a un "plan del Gobierno" para cambiar el modelo de universidad española, hacia un marco en el que tendría más peso las tasas universitarias que la inversión pública.
Según García y el responsable de Universidad del sindicato, Julio Serrano, dentro de este plan se enmarcarían también los decretos que prepara el Gobierno para flexibilizar la duración y carga lectiva de los grados universitarios, modificar los requisitos de los centros de estudios y actualizar las condiciones de acceso a la docencia en las universidades públicas para hacerlas "más difíciles".
En este sentido, han denunciado el "incumplimiento del mandato legal de dotar a las universidades de financiación suficiente" que consideran que está realizando el Gobierno y que impediría el desempeño de la función de la institución como motor de desarrollo social, económico y del conocimiento.
Por todo ello, han reclamado al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, y al Ejecutivo en su conjunto que frenen la tramitación de los decretos. La principal crítica del sindicato es que las reformas se están haciendo "por la puerta de atrás", por medio de la fórmula de Real Decreto, en lugar de por medio de una ley orgánica en el Parlamento. "Han hurtado el debate con la comunidad educativa y con los partidos políticos", han lamentado García y Serrano.
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