de la candidatura de Podemos para el Congreso de los Diputados. Hasta aquí todo normal, la noticia está en que esta mujer fue denunciada hace algún tiempo ya ante la comisión de garantías de Podemos, que no ha dado respuesta al denunciante, José María A. I.
Aguilar forma parte de la candidatura de Pablo Iglesias y salió elegida esta semana. Antes se había presentado para el Consejo Ciudadano Estatal de manera independiente pero entonces no salió elegida, al no estar en Claro que Podemos. Entonces su candidatura fue denunciada ante la Comisión de Garantías al considerar que no cumplía el código ético de Podemos. El denunciante recibió respuesta de esta comisión diciendo que se estudiaría (14 de enero de 2015), pero de momento no ha tenido otra respuesta.
Más tarde, María José Aguilar Idáñez ha sido elegida miembro del Consejo Ciudadano Municipal de Albacete y del Consejo Ciudadano Regional de Castilla-La Mancha, en ambos casos dentro de los equipos Claro que Podemos.
El denunciante, que también forma parte de Podemos, dice estar extrañado de la falta de respuesta de la Comisión de Garantías. Entiende que la elegida ha cometido “fraude de ley” y que debería haber sido de baja en la candidatura.
La denuncia presentada apuntaba varios motivos por los que el denunciante creía que no debía estar en ninguna candidatura María José Aguilar. Se dice en primer lugar que esta señora está casada en Argentina desde 1993 (aportando la documentación pertinente a la comisión y a nuestro diario) desde 1993, pero en 1998 adquirió un piso en Albacete pero como no había registrado el matrimonio en Albacete se dijo soltera y se adjudicó el 100% de la propiedad del piso. Para el denunciante esto constituye “fraude de ley” y señala que la denunciada no ha registrado el matrimonio con un hombre más de 30 años mayor que ella.
El denunciante también envía a esta redacción un documento de un expediente disciplinario que se le abrió por parte del Ayuntamiento de Albacete en junio de 1986 a María José Aguilar, funcionaria entonces en excedencia del mencionado Ayuntamiento. Se le abrió ese expediente por utilizar teléfonos municipales para llamadas privadas al extranjero, con un gasto de más de 1238.000 pesetas. Llamadas realizadas a Argentina y Venezuela.
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