en la paralización del proyecto por falta de seguridad.
La portavoz de los socialistas castellano-manchegos, Cristina Maestre, ha tachado de "irresponsables" al Gobierno de España y a la anterior presidenta de la región, María Dolores de Cospedal, al apoyar un proyecto que no tiene "viabilidad técnica ni económica, ni medidas de seguridad".
Maestre ha citado un informe de la organización ecologista Greenpeace que denuncia la falta de seguridad en el proyecto de transporte de residuos radiactivos al ATC, y ha añadido que no hay plan de evacuación ni medidas de seguridad.
A la falta de idoneidad de los terrenos y de informes técnicos para la tramitación, se suma que el proyecto carece del plan de seguridad necesario para transportar los residuos radiactivos hasta el almacén.
Ha dicho que la propia Enresa prevé el desplazamiento de más de 6.000 toneladas de residuos radiactivos al año, en más de 40 camiones que van a transportar esa carga a través de más de 200 municipios españoles, 70 de ellos en Castilla-La Mancha, "sin tener ningún tipo de seguridad".
"Es una barbaridad que delata en qué manos estamos", ha señalado la portavoz socialista, que ha considerado "irresponsable y alarmante" que el Gobierno de España imponga un cementerio nuclear sin seguridad ni en su ubicación ni en el transporte.
Greenpeace ve potenciales riesgos en futuro transporte
Greenpeace ha expuesto hoy los potenciales riesgos que observa en el futuro transporte de residuos radiactivos de las nucleares españolas hacia el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca), en total cuarenta viajes anuales que pasarán por 216 municipios, con 6,2 millones habitantes.
Presentado por el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodriguez, y la responsable de la campaña nuclear, Raquel Montón, el informe "El viaje de los residuos nucleares al ATC. Un riesgo innecesario para 216 municipios", apunta a que en el transporte "se irradiaría a muchas personas", no son descartables los accidentes y los contenedores de residuos "no son invulnerables".
Las rutas, según los datos extraídos por Greenpeace de los informes de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), se encuentran en Cataluña, Comunidad Valenciana, las dos castillas, Comunidad de Madrid y Extremadura.
El ATC, un proyecto que Greenpeace pide paralizar, entre otros motivos, porque se ha cuestionado "el comportamiento geológico" del suelo para la cimentación, recibiría del orden de 6.700 toneladas de residuos de alta actividad de las nueve plantas atómicas operativas en España, en el supuesto de que su vida útil final sean 40 años.
Dentro de esta cantidad están incluidos los alrededor de cien barriles metálicos con residuos de la central de Vandellós I, depositados en la planta de reprocesamiento que posee el gigante nuclear francés Areca en La Hague (Normandía), y que está previsto regresen a España en 2017.
En 1988, Vandellós I (Tarragona) sufrió un incendio que obligó a su cierre y posterior desmantelamiento, considerado el peor accidente nuclear registrado en España.
En la rueda de prensa, Montón ha criticado el hecho de que los 216 municipios por donde pasarán los 40 convoyes anuales no hayan sido consultados y ha explicado que la cifra de población afectada es tan alta porque pasa por núcleos muy poblados de la Comunidad de Madrid, como Alcalá de Henares o Móstoles.
Al respecto, el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, ha insistido en que durante el periodo de vida del "cementerio nuclear se producirán 6.700 toneladas, que no son pocas, y van a circular por 216 municipios con más de seis millones de personas, "que no residentes en Villar de Cañas ni en los pueblos circundantes, que no han tenido la opción de manifestar qué pensaban de ello".
Al proceso de aprobación del ATC "plagado de irregularidades, incertidumbres y riesgos, ahora se añaden los miles de kilómetros de carreteras por los que van a circular (los residuos)", ha subrayado el director ejecutivo de Greenpeace.
"Este cúmulo de irregularidades hace recordar decisiones como El Algarrobico y Castor, que luego pagamos todos los españoles", ha dicho Rodríguez, que ha recordado que el ATC va a comprometer "mucho dinero público, por tanto tiene que ser un proceso participativo y transparente, con apoyo social y fiel a la legislación vigente, lo que no se está cumpliendo".
Por último, los dos responsables han exigido "la paralización inmediata" del ATC, entre otras razones porque no hay plazo técnico ni legal que obligue a hacer las cosas "con prisas", y han lamentado que aún no se haya actualizado el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos
Gregorio defiende que el ATC traerá "cientos" de puestos de trabajo
El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, ha defendido hoy la instalación del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca) y ha resaltado: "Traerá cientos de plazas para que nuestros hijos no se vayan a otros países".
Gregorio se ha pronunciado así en declaraciones a los periodistas durante su visita al centro de seguridad instalado en la Feria de Albacete después de que Greenpeace haya dado a conocer un informe en el que denuncia la falta de seguridad en el proyecto de transporte de residuos radiactivos al ATC.
"Vuelvo a repetir, el ATC tiene financiación de muchos cientos de millones, unos estudios de muchos cientos de millones, están ahí, sobre la mesa y se pueden ver", ha aseverado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha.
Con ello, ha argumentado que el ATC traerá "trabajo cualificado" y "cientos" de puestos de trabajo cuando "algunos hablan de que nuestros hijos se van al extranjero".
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