Pues bien, hoy, año 2.015, siglo XXI, parece haberse revitalizado la institución del Tribunal del Santo Oficio, de la Santa Inquisición, bajo la batuta del nuevo Inquisidor General, Don Cristóbal Montoro, que ha peleado lo indecible para modificar la Ley General Tributaria que, en su artículo 95, establecía la prohibición de la revelación de la identidad de los defraudadores, que la considera de “carácter reservado” y sólo preveía que esta información se compartiese en el ámbito de una investigación y con órganos judiciales de por medio, en concordancia con lo prevenido en la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Pero para el Gobierno no hay ley que valga cuando se trata de imponer su criterio y ya se busca los medios (legales o, en algunos casos, no legales, tal como la Orden Ministerial que el ínclito Montoro mandó publicar en el Boletín Oficial del Estado, el pasado 1 de Julio, negándole información a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal -AIRef-, organismo encargado de vigilar y controlar las cuentas de las Administraciones Públicas, por lo que dicho organismo ha denunciado al Ministerio de Hacienda ante la Audiencia Nacional por vulnerar su independencia, al obstaculizar su control de las cuentas públicas, impidiéndole acceso directo a los datos económicos) para conseguir sus propósitos, caigan tirios y troyanos, llueva o truene, sea de día o sea de noche. Y así, por este arte de birlibirloque, en este juego de trileros a que tan acostumbrado se ha hecho el Partido Popular y su Gobierno, se ha conseguido la reforma antedicha para dar luz y publicar la lista de “morosos” con la Hacienda Pública Estatal, es decir, aquellas personas que, a fecha 31 de Julio de 2.015, tenían deudas y sanciones tributarias pendientes de ingreso, por importe superior a 1.000.000 de euros, afectando esta disposición a 5.000 grandes morosos (4.000 empresas y 1.000 particulares), a los que se les ha enviado una carta con un contenido de la siguiente guisa: “se pone en su conocimiento que se va a acordar su inclusión en el listado de deudores a la Hacienda Pública. Tiene diez días hábiles para alegar”, considerándose recibida la misiva y cumplida la notificación de la dicha comunicación, acreditando que se ha realizado un solo y único intento de notificación (como siempre, lo ancho del embudo para la Administración y el cuello estrecho para el administrado). Con esta medida tan novedosa en nuestro sistema jurídico, el Gobierno, vía Ministerio de Hacienda, busca dar publicidad a la identidad de los contribuyentes (se publicarán nombre y apellidos y NIF de las personas físicas y denominación social y CIF de las personas jurídicas, así como el importe total de la deuda pendiente) que tengan deudas con Hacienda, pretendiendo dicen, no castigar a los deudores, sino ejemplarizar al resto de la sociedad española. O sea, díganme si no es castigar a los deudores ponerles en la picota y exponerles al escarnio público, tal como se hacía por el Tribunal del Santo Oficio, que, además, y eso sí lo reconocen públicamente, servirá de medida ejemplarizante para amedrentar al resto de la sociedad. Como se pone de relieve en el Diario “La Razón”, de fecha 12 de Octubre del corriente año, “los despachos fiscales y las empresas critican que con esta medida sólo aparecerán pymes y personas físicas que no tienen ningún afán defraudatorio, sino que no han pagado a tiempo por falta de recursos. En este sentido, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que la lista informará de las deudas impagadas por las medianas empresas abocadas a la insolvencia, pero no incluirá los nombres de los grandes defraudadores, no los que se acogieron a la amnistía fiscal de 2.012, ni los incluidos en la Lista Falciani”. Valientes ante los pequeños y cobardes ante los grandes.
Por otra parte, el Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, ha manifestado que en el programa de su partido para las próximas elecciones generales del 20 de Diciembre, se implementa la medida de revelar las infracciones tributarias superiores a 30.000 euros y la identidad de sus autores, dentro del código ético socialista que rubricaron una veintena de candidatos de su partido al Congreso y al Senado, como compromiso con “la transparencia, la honestidad y la política limpia”; así mismo todos los candidatos que concurran a las generales tendrán que publicar sus declaraciones de bienes, como si esto fuera la prueba de fuego o de fierabrás o palabra de Dios para hacernos creer a pies juntillas lo que tengan a bien manifestar sus señorías “motu propio”, quienes son capaces, como se demuestra con cierta frecuencia, de falsificar hasta sus curriculums para aparentar ser quien no se es. Éramos pocos y parió la abuela, remachando la idea de implantar el terror fiscal, mediante la restauración de la Santa Inquisición, nuevo Tribunal del Santo Oficio o, quizás, ahora Laico.
Además, contraviene esa publicación de datos personales, algunos hechos sancionados por los tribunales en relación con la revelación de datos personales. Así el Tribunal Supremo, mediante una reciente sentencia, ha prohibido a las empresas hacer “listas negras” de trabajadores, considerando que estas prácticas “vulneran los derechos fundamentales de la persona en la protección de datos, el honor o la intimidad de los afectados”, exigiendo a Telefónica que se cancelen los datos personales de quienes están en estas listas. Item más, la Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado con una multa de 440.000 euros a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y a Omnium Cultural por la gestión de los datos de una encuesta que realizaron con voluntarios en domicilios particulares en Cataluña antes de la consulta soberanista del 9 de Noviembre de 2.014. Por lo que se ve la protección de datos personales no entra en los inventos del gobierno cuando se le enciende la bombilla a algunos de sus miembros.
Bien podrían, llegados a este punto, el Gobierno, Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro, aclarar, con pelos y señales, los casos de corrupción y consiguiente defraudación a la Hacienda Pública, en que está inmerso e implicado el PP, sobresueldos en B (en sobres o en cajas de puros), pagos en B de la reforma de la Sede de Génova, así como el de alguna que otra sede más (la de Asturias, por ejemplo), las cuentas de los papeles de Bárcenas, así como la financiación ilegal del Partido, todo lo cual conlleva inexorablemente, una importante defraudación, por IRPF y IVA, entre otros impuestos, a la Hacienda Pública, lo que es predicable para otros partidos políticos, léase el PSOE y sus ERES andaluces, pero ya sabemos que entre políticos anda el juego. Merecedores serían de ser castigados sus capitostes con llevar el Capirote y el Sambenito, que a alguno de ellos (y todos imaginamos quienes) les sentaría de maravilla.
En cuanto a los moscosos, éstos derivan de una instrucción de 21 de Diciembre de 1.983 dictada por el, en aquel entonces, Ministro de Presidencia, Javier Moscoso del Prado y Muñoz, disponiendo que “a lo largo del año, los funcionarios tendrán derecho a disfrutar hasta 6 días de licencia o permiso por asuntos particulares ...... ”. Moscosos, que, en cuanto a la mitad, les fue suprimido por el Partido Popular, junto con la paga extra en el año 2.012 y que, ahora, por razones electorales, les han sido reintegrados, aquéllos íntegramente y ésta en cuanto a un 75%. Y es que, abocados a las elecciones por imperativo legal, el Partido Popular no quiere descuidar el importantísimo caladero de votos de la masa funcionarial.
Y respecto de “mocosos”, se dice de quienes tienen o acostumbran tener mocos en las narices y que son el síntoma de quienes agarran o cogen un buen resfriado o gripe, sobre todo en esta época del año y dado el tiempo inestable impropio de esta estación, hasta hace cuatro días, por lo que habrá que tomar las medidas oportunas preventivas (vacunación en caso de la gripe), porque, al parecer, tanto uno como otra, no tienen tratamiento médico de choque, salvo meterse en la cama y paliar los efectos con algún analgésico. Así mismo, el término “mocoso” se aplica para expresar de un joven su poca importancia o para censurarle su atrevimiento o impertinencia.
MIGUEL ÁNGEL VICENTE MARTÍNEZ
25 DE NOVIEMBRE DE 2.015