Así lo ha explicado este el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha destacado que son medidas "extraordinariamente importantes".
García-Page ha apuntado que en el ámbito sanitario ha aprobado un decreto y un anteproyecto de ley sobre los tiempos de espera en urgencias hospitalarias y en el sistema sanitario, que "van a convertir a Castilla-La Mancha en la región más existente y avanzada en tiempos de espera".
"En definitiva", va a ser "la región más avanzada "n calidad y en derecho sanitario, de toda España", ha añadido García-Page.
En cuanto al acuerdo marco para la concertación de energía, ha señalado que es norma que va hacer necesario a que los contratos de suministro de energía con la Administración económica contemplen el suministro con energía alternativas de todos los edificios públicos.
De esta forma, todos los edificios públicos de la Administración castellanomanchega se tendrán que abastecer de energía alternativa, salvo los del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), que lo harán más adelante, ha precisado García-Page.
Se trata, según el presidente de Castilla-La Mancha "de ahorrar dinero y también contaminación".
Page anuncia una ley que pedirá igualdad para contratar con la Administración
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado este martes su intención de crear una ley específica que exigirá a las empresas que contraten con la Administración autonómica que respeten los parámetros de igualdad.
En el acto de entrega de Distintivo de Excelencia en Igualdad, Conciliación y Responsabilidad Social Empresarial, García-Page ha precisado que la futura norma trasladará "de manera milimétrica" todas las exigencias de igualdad de la Administración pública a los parámetros de contratación con ésta.
García-Page es consciente de que "es probable que tengamos enfrente al servicio jurídico del Estado, al Gobierno de turno y a no sé quién más", pero ha expresado su determinación de elaborar esta norma y, entonces, "tendrá que se run debate que arregle el Tribunal Constitucional, ya no será ningún juzgado".
"Merece la pena intentar llevar a los contratos de todos los que trabajan para la administración que cumplan con los mismos parámetros que la Administración se exige a sí misma, me parece de sentido común", ha comentado García-Page, que ha reiterado: "Y si hay una discusión competencial que lo arregle quien lo tiene que arreglar que es el Tribunal Constitucional".
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