En total, J.F.J.M. y F.J.M. cometieron, según la acusación, cinco delitos contra la Hacienda pública, por los que la Fiscalía pide 15 años de prisión para cada uno, tres años por cada delito, así como el pago de una multa de 5.088.729,84 euros, de la que se hará cargo la empresa constructora.
Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron entre los años 2006 y 2008, cuando dos de los acusados, J.F.J.M. y F.J.M., padre e hijo, dueños de una empresa de construcción, simularon facturas ficticias con diversas empresas y falsificaron declaraciones de gastos, llegando a defraudar más de un millón y medio de euros a Hacienda.
Fue en 2006 cuando J.F.J.M. y F.J.M. comenzaron con el fraude, simulando facturas falsas con hasta tres empresas diferentes, dejando de pagar en la declaración del IVA un total de 196.620,05 euros.
Del mismo modo, simulando relaciones empresariales con otras tres empresas distintas, padre e hijo dejaron de pagar en 2007 600.450,26 euros en la declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido. Operación que se repitió al año siguiente, en 2008, dejando de ingresar los procesados a la Hacienda pública un total de 358.290,22 euros.
Asimismo, en 2007, J.F.J.M. y F.J.M. falsificaron partidas de gastos por un importe de 4.531.568,91 euros, declarados como pago a los trabajadores, y 2.214.920 euros en concepto de obras en curso, dejando de pagar por el Impuesto de Sociedades un total de 334.485,50 euros.
Mismo modus operandi utilizado en 2008, donde simularon partidas de gastos por una cantidad de 2.694.390,46 euros, en concepto de pago a los trabajadores, y 1.263.224,75 euros, en concepto de obras en curso, dejando de pagar 206.397,30 euros en el Impuesto de Sociedades.
El Ministerio Fiscal solicita la imposibilidad de percibir cualquier tipo de subvenciones o ayudas públicas de la Seguridad Social durante 20 años --cuatro por delito--. Los acusados, J.F.J.M. y F.J.M. también deberán indemnizar al Estado en la cantidad de 1.696.243,33 euros en concepto de responsabilidad civil.
La Fiscalía también solicita la pena de tres años de prisión para A.P.M., dueño de una de las empresas con las que simularon las facturas, por el delito contra la Hacienda Pública, por el que también piden el pago de una multa de 150.000 euros, así como la imposibilidad de recibir ayudas de la Seguridad Social durante cuatro años.
Del mismo modo, por el delito de falsedad contable, el Ministerio Fiscal solicita para G.M.C., encargado de la contabilidad de la empresa constructora y asesor legal de la misma, la pena de siete meses de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de su profesión durante el tiempo de condena.
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