La convocatoria está destinada a empresas que gestionan infraestructuras de telecomunicaciones pasivas, es decir, las torres de telecomunicaciones y subvenciona la construcción y habilitación de emplazamientos en zonas rurales sin cobertura móvil 4G con servicio mínimo de 10 Mbps, despliegue en carreteras y ferrocarriles nacionales y transfronterizos.
Asimismo, también serán susceptibles de recibir ayudas el 'backhaul' de fibra oscura o en casos justificados radioenlace, susceptibles de alojar equipamiento activo correspondiente a redes públicas de comunicaciones móviles de muy alta velocidad, y a las obras civiles relativas a dichas infraestructuras.
La convocatoria divide España en cuatro áreas, la primera englobando Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Castilla y León y cuenta con 52,5 millones de euros de ayudas, mientras que para la segunda (Aragón, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja) se destinarán 33 millones de euros.
La tercera zona encuadra Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Canarias con 30 millones de euros en ayudas, mientras que la zona 4, con 34,5 millones de euros presupuestados, incluye Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Islas Baleares, Ceuta y Melilla.
La publicación de bases ha iniciado un calendario por el cuál las empresas de infraestructuras de telecomunicaciones pasivas (las torres de telecomunicaciones) tendrán 15 días hábiles para presentar sus propuestas, así como identificar sus emplazamientos reformables.
Las empresas podrán presentar un calendario de ejecución durante varios años hasta el 31 de diciembre de 2024 con carácter general, pero dando cabida a excepciones justificadas o prórrogas para extenderlo medio año.
La convocatoria, no obstante, ha dejado fuera el principal reclamo del sector: la subvención de la parte activa, es decir, los equipos que usan los operadores de telecomunicaciones para dar servicios telefónicos o de conectividad.
Las empresas de torres han advertido de que, sin estas ayudas, es posible que las torres construidas no atraigan operadores, debido a su baja rentabilidad. El Gobierno ha presionado en Bruselas para que subvencionar estos aspectos no sea considerado ayudas de estado, como ocurre con el marco actual.
Durante el Mobile World Congress 2022, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Roberto Sánchez, se mostró confiado en que el Ejecutivo conseguiría convocar ayudas para esta parte en otoño, pero no ha habido más novedades al respecto.