En concreto, de los 1.912 municipios que ahora tienen parada en alguna de las rutas asumidas por el Estado, solo 495 la mantendrán, lo que supone que 3,3 millones de personas no podrán acceder directamente a una de las principales rutas que le llevan a su destino, a cambio de una mayor eficiencia y ventajas para la gran mayoría de viajeros.
Para solucionar este problema, el Gobierno ya ha abierto un proceso de debate con todas las administraciones autonómicas para que asuman sus competencias en este ámbito y creen nuevas rutas que solo circulen por sus territorios y que conecten los pequeños núcleos de población con los grandes, para hacer trasbordo en el autobús de ruta estatal.
Como el objetivo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es que ningún usuario vea reducidas sus opciones de viaje, sobre todo en la España vaciada, fuentes del Departamento que dirige la ministra Raquel Sánchez han avanzado que se compensará a las comunidades autónomas para crear los servicios que hagan falta para conectar todos los municipios que ahora perderán la parada estatal.
La factura de estas transferencias todavía está por calcular, pero el Gobierno confía en que el nuevo mapa concesional de autobús, que se ha quedado desfasado tras más de 30 años sin modificar, permita reducir los precios que pagan los viajeros en un 27%, disminuir los tiempos de viaje y lograr mayores frecuencias.
Todo ello se conseguirá gracias a la simplificación del sistema, que pasará de los 79 contratos que hay en la actualidad --de los que solo 25 son rentables-- a 22, distribuidos en 510 rutas con una media de solo seis paradas por ruta, frente a las 13 actuales.
Este nuevo mapa cambiará al completo el sistema que se creó en la primera mitad del siglo XX y que se ha mantenido prácticamente inalterado. Por ejemplo, todavía existían rutas desde el municipio de Ayamonte (Huelva) hasta Santa Coloma de Gramanet, creada como respuesta a la emigración de andaluces a Cataluña en los años sesenta.
En este contexto, algunas comunidades, como es el caso de Aragón, ya han creado su nuevo mapa concesional, algo que para el Ministerio es una buena noticia, porque supone que ya está asumiendo sus tráficos internos a falta ahora de perfilar esas conexiones con las rutas estatales.
En Galicia, sin embargo, muchos municipios han alzado la voz para quejarse por esas supresiones de paradas. No obstante, desde el Ministerio, si bien dejan la puerta a hablar con cada uno de ellos, creen que la mejor opción es que el debate pase por la Xunta en el marco de sus competencias para dar respuesta a esos municipios.
LIBERALIZACIÓN LIMITADA
Respecto a la liberalización, el Gobierno deja la puerta abierta a la entrada de la competencia en ciertas rutas, aunque el modelo mantendrá el sistema de concesiones, es decir, la explotación de un único corredor por una única empresa, de forma generalizada.
El Ministerio cree que las concesiones resuelven razonablemente las necesidades del transporte en autobús, ya que toda la ciudadanía identifica a este tipo de transporte como típicamente público y que, además, se sostiene por sí mismo.
En caso de optar por la liberalización, los corredores rentables podrían pasar a manos privadas, mientras que los no rentables seguirían manteniéndose con fondos públicos en calidad de servicio público. Por ahora, ninguna empresa ha trasladado oficialmente su interés, pero el Gobierno ya ha iniciado un proceso para estudiar esta opción y esperar recibir manifestaciones de interés.
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