La reunión final entre el comité de empresa y Marktel concluyó sin acuerdo, resultando en el cierre del centro en Albacete y despidos de 55 empleados. UGT planea impugnar el ERE, acusando a la empresa de mala fe y falta de información sobre clientes y servicios relacionados.
Este jueves finalizó la última reunión entre el comité de empresa y la multinacional Marktel respecto al ERE que impacta a 55 empleados. Sin llegar a un acuerdo, se ha decidido el cierre del centro en Albacete. Según ha comunicado UGT, los sindicatos tienen la intención de apelar a las autoridades laborales en relación con los despidos.
Diego Martínez-Acacio, el secretario regional de UGT de Oficinas y Despachos, ha expresado su pesar por la resolución tomada por la empresa dedicada a la venta de servicios telemáticos. Además, ha anticipado que "impugnarán el ERE por la mala fe mostrada por la empresa".
De acuerdo con el sindicalista, los representantes de Marktel "estaban en una posición muy inmovilista" durante las negociaciones y "han dilatado la negociación todo lo que han podido". Según ha explicado Martínez-Acacio, la propuesta de la empresa se quedó estancada en ofrecer 24 días laborables por cada año trabajado, una oferta que no fue aceptada por los empleados afectados.
Desde UGT, se ha afirmado que durante las reuniones, los representantes de Marktel "han tenido intención de desinformar al comité de empresa" respecto a las solicitudes realizadas. El secretario regional ha declarado: "Solicitamos información sobre los clientes y servicios que la multinacional ofrece en Colombia y Portugal, con el objetivo de evaluar la posibilidad de desviar carga de trabajo hacia el centro de Albacete. Sin embargo, nos aseguraron que se trata de una empresa diferente que no tiene relación alguna". Además, sostiene que cuentan con evidencias de "que ambas empresas están conectadas y han transferido servicios entre sí".
El cierre del centro implica la despido de 55 empleados en la capital albaceteña, quienes han decidido recurrir a los tribunales para impugnar la decisión de la empresa. Esta medida ha sido interpretada por los sindicalistas como "una represalia" debido a las denuncias presentadas por los trabajadores, quienes buscaban que se les reconociera su categoría como gestores telefónicos, en lugar de ser clasificados como teleoperadores, tal como había determinado Marktel.