El 21 de noviembre, la Audiencia Provincial de Cuenca juzgará a C.S.M., acusado de agredir sexualmente a su hijastra. La Fiscalía solicita ocho años de prisión y medidas cautelares, incluyendo una compensación de 8.000 euros a la víctima y restricciones de acercamiento y comunicación durante varios años.
El jueves 21 de noviembre, la Audiencia Provincial de Cuenca llevará a cabo el juicio contra C.S.M., un hombre de 60 años. La Fiscalía solicita una pena de ocho años de prisión por la supuesta agresión sexual a la hija de su pareja. Los hechos ocurrieron el 11 de abril de 2023, en el hogar familiar donde residía el acusado junto a su esposa, la víctima conocida como A., y los hijos de esta última.
J.C.S.M. está en libertad mientras aguarda el juicio programado para este jueves, 21 de noviembre, que dará inicio a las 10:00 horas.
En el documento de calificación provisional, la Fiscalía menciona que el acusado ingresó al cuarto de baño mientras su hijastra se duchaba. De acuerdo con el relato, el hombre la miró de forma libidinosa y, cuando ella trató de cubrirse con una toalla, supuestamente la agredió tocándole los genitales, introduciendo un dedo en su vagina y besándola en la boca, al mismo tiempo que hacía comentarios explícitos de contenido sexual.
Los acontecimientos, que se consideran presuntamente un delito de agresión sexual, llevaron a que la víctima requiriera apoyo psicológico a causa del impacto emocional y los daños morales experimentados.
Después de la denuncia, se establecieron medidas cautelares que impiden al acusado acercarse a una distancia menor de 200 metros de la víctima, así como de sus hijos. Además, está prohibido que se acerque a su domicilio, a su lugar de trabajo o a otros lugares que ella frecuenta. También se le ha impuesto la restricción de comunicarse con la joven por cualquier medio.
De igual manera, se ha requerido que el acusado compense a la víctima con 8.000 euros por concepto de daños morales, así como los intereses legales pertinentes.
La Fiscalía ha pedido una condena de 8 años de prisión. Además, se solicita una inhabilitación especial de 13 años para realizar trabajos o actividades que requieran contacto regular y directo con menores. También se propone una prohibición de acercarse a la víctima durante 9 años, manteniendo una distancia mínima de 500 metros, así como la restricción de comunicarse con ella por cualquier medio. Por último, se establece un periodo de 8 años de libertad vigilada, que se aplicará tras el cumplimiento de la condena.
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