Ecologistas se oponen a la macrogranja de gallinas en San Clemente por su impacto ambiental

La Plataforma vecinal STOP macrogranja de gallinas de San Clemente, junto a las organizaciones que conforman la Coordinadora Stop Ganadería Industrial, entre las que se encuentran ADDA, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción y Greenpeace, han expresado su firme rechazo a la reciente concesión de la Autorización Ambiental Integrada al proyecto del Grupo Avícola Rujamar S.L. en San Clemente (Cuenca). Esta resolución fue publicada el pasado viernes 10 de abril en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Las entidades que integran esta plataforma han señalado que la empresa tiene planes para construir una macrogranja con capacidad para albergar casi un millón de gallinas, específicamente 810.000 ponedoras y 187.500 de recría, con una producción estimada de aproximadamente 235 millones de huevos anuales, según un comunicado emitido por Greenpeace.

Impacto ambiental y riesgos hídricos

En caso de llevarse a cabo, esta instalación se convertiría en la explotación avícola más contaminante del país en términos de emisión de amoniaco, un gas tóxico que puede tener efectos devastadores tanto sobre el medio ambiente como sobre la salud pública. Según datos proporcionados por la propia promotora, se estima que generará más de 1.000 toneladas mensuales de gallinaza.

Además, las organizaciones han manifestado su preocupación por el impacto potencial sobre el acuífero Rus-Valdelobos, del cual dependería esta explotación. Este acuífero ya presenta problemas cuantitativos y químicos, siendo considerado vulnerable a nitratos y declarado sobreexplotado.

Problemas previos en localidades cercanas

Las poblaciones de Villarrobledo y Ventas de Alcolea, situadas a tan solo tres kilómetros del proyecto avícola propuesto, ya han sufrido problemas relacionados con la acumulación de sulfatos en sus abastecimientos hídricos. Según los últimos informes del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, el agua destinada al consumo humano en la red Casas de Roldán-Casa de los Pinos ha superado desde hace años el límite legal permitido para nitratos; en septiembre de 2024 fue declarada no apta para el consumo.

Las organizaciones sociales han calificado como “inadmisible” que en un contexto marcado por la crisis climática y escasez hídrica —especialmente tras el sacrificio masivo de aves debido a la gripe aviar— el Gobierno regional dé luz verde a un proyecto tan desmesurado como el que propone Rujamar.

Aumento del riesgo zoonótico

Por otro lado, la Plataforma ha advertido sobre el aumento del riesgo zoonótico asociado a este tipo de explotaciones, describiéndolas como “una auténtica bomba de relojería” que incrementa exponencialmente la probabilidad de transmisión de enfermedades desde animales hacia humanos. En 2023, cerca de tres millones de aves fueron sacrificadas en España debido a brotes severos de gripe aviar.

Asimismo, han planteado preocupaciones sobre los gastos públicos necesarios para indemnizar los sacrificios masivos y destruir las aves afectadas, así como el riesgo para la salud pública que esto conlleva.

Cercanía a zonas protegidas y críticas al modelo productivo

El proyecto se ubicaría a apenas 700 metros de una Zona Especial Protección para Aves (ZEPA) en San Clemente, lo que podría aumentar el riesgo sanitario por contagio procedente de aves silvestres. Desde 2003 se han registrado globalmente 993 casos humanos de gripe aviar (con 477 muertes), incluyendo dos casos en España.

Las críticas hacia Rujamar son contundentes: aunque la empresa promueve una imagen vinculada al bienestar animal, las condiciones reales implicarían métodos considerados entre los peores permitidos en España. Las organizaciones denunciantes afirman que “Rujamar y su CEO Rubén Martínez deben cesar su lavado verde”, enfatizando que su único objetivo es maximizar beneficios económicos explotando a los animales.

Alegaciones ante autoridades competentes

Finalmente, la Plataforma ha anunciado su intención de presentar alegaciones ante la solicitud actual para concesión del agua ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana. También se opondrán al proyecto del Real Decreto que modifica diversas normativas relacionadas con explotaciones ganaderas avícolas, dado que no establece límites adecuados para proyectos como este.

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