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El trabajo social comunitario como motor para una ciudadanía activa

viernes 04 de mayo de 2018, 13:04h

El Trabajo social comunitario es un proceso que se lleva a cabo para la consecución de bienestar social. El modo de conseguir este fin es siempre a través de la utilización, potenciación o creación de recursos, siendo la propia comunidad el principal recurso a tener en cuenta en cualquier intervención comunitaria. En este proceso perseguimos la mejora del entorno social, en el sentido de que nuestra intervención la haremos depender del elemento territorial al que siempre debemos hacer referencia. Por último, otro requisito indispensable que nos ayuda a definir trabajo social comunitario es su objeto. El objeto del trabajo social comunitario es la comunidad misma, la colectividad en su conjunto. No hablamos de grupos o de personas individualmente consideradas, aunque estos actores también forman parte del proceso, dando sentido a la idea de continuum de intervención característica del trabajo social. Siendo parte integrante del proceso de intervención comunitaria, el objeto del trabajo social comunitario es la comunidad en su conjunto.

Debemos pararnos a reflexionar sobre la intervención comunitaria más adecuada respecto de la situación actual que nos ha tocado vivir. Frente a posturas individualistas y ese consenso neoliberal al que cada vez estamos más acostumbrados en los discursos oficiales, relacionado con la idea de no cuestionar la estructura social y atribuir al esfuerzo y capacidades individuales la solución a todos nuestros problemas sociales, considero, más bien al contrario, que existen numerosos grupos y colectivos que están previamente desposeídos de esas capacidades individuales, de esa posibilidad de desarrollarse de manera individual. Esos colectivos (cada vez más numerosos) parten de puntos de partida distintos, generando una desigualdad de carácter estructural de las situaciones de exclusión en las que se encuentran. En definitiva, hablamos de necesidades que, aunque se padecen de manera individual, tienen su origen en causas estructurales, y por tanto, solo se pueden atajar de manera efectiva y definitiva desde intervenciones dirigidas a la estructura.

Este tipo de situaciones son incompatibles con valores como la igualdad de oportunidades, la justicia y la solidaridad, valores fundamentales de cualquier sociedad democrática. Así, tenemos el deber de configurar modelos de convivencia capaces de superar las deficiencias de las democracias capitalistas modernas. En este sentido, el juego político es la vía más eficaz para el logro de cambios efectivos. Hablo de política en sentido lato, como aquello que regula y protege las necesidades, libertades y derechos de la ciudadanía en una sociedad determinada, como la herramienta a través de la cual se pueden conseguir modificaciones estructurales. Pero, actualmente, el poder respecto de la toma de decisiones políticas tiene un reparto muy desigual entre los distintos actores que forman parte del proceso. La escasa participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas conduce al aumento de las desigualdades sociales hoy, siendo necesario articular una noción de ciudadanía que permita el ejercicio activo de la misma por parte del conjunto de la población. Pero para que esa ciudadanía sea activa, los ciudadanos necesitan desarrollar una actitud responsable, reflexiva y crítica que les permita desarrollar sus acciones dentro del juego político de una manera eficaz y comprometida. Se entiende el ejercicio de la ciudadanía como un proceso formativo, constante y continuo imprescindible por un lado para el desarrollo de las personas como ciudadanos, y por otro, para la conformación de sociedades verdaderamente democráticas. De esta forma, los ciudadanos lo son en tanto conocen, se implican y deciden respecto de los asuntos de su comunidad.

Desde el punto de vista de la intervención social, la transformación de sociedades desiguales e injustas solo se puede comenzar desde la misma estructura, origen de las problemáticas. Con tal fin, es necesaria, en primer lugar, la creación de una actor de cambio: la comunidad misma. Hablamos de comunidad entendida como un conjunto de personas que tiene intereses compartidos, un conocimiento mutuo, capacidad para llegar a acuerdos, para compartir estrategias y para evaluar su progresión. Sin un proceso de construcción de la comunidad solo tendremos comunidades dependientes. En segundo lugar, es igualmente necesaria la creación de mecanismos de participación, habiendo de generar o mejorar las estructuras de participación de esa comunidad en los asuntos políticos de la comunidad. Se trata de articular modelos de democracia participativa que sirvan como instrumento de transformación social y cuya finalidad sea la promoción de una ciudadanía activa para la reducción de las desigualdades sociales. Son muchas las fórmulas posibles en sociedades como la nuestra. Se trata de que la ciudadanía ejerza activamente su papel a través de las distintas formas de participación política posibles. En este escenario, las organizaciones sociales, colectivos y movimientos vecinales, como representantes de sectores fundamentales de la comunidad, debieran tener mayor peso en el juego político y en la toma de decisiones sobre lo que nos afecta a todas y todos.

Patricia Fernández es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Castilla-La Mancha. Se doctoró en Derechos fundamentales y libertades públicas en esta universidad, estando vinculado el tema de su tesis al análisis de las políticas públicas de igualdad de género y el empoderamiento político femenino. Desde 2008 es profesora en la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina y actualmente imparte las asignaturas de Metodología del Trabajo Social y Trabajo social con grupos y comunidades.

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