Así se ha pronunciado Velázquez, en el Pleno de las Cortes regionales, donde ha recordado que los socialistas “fueron los reyes de los impagos en Sanidad, dejando 157.797 facturas sin pagar y un total de 16.000 millones de deuda”.
De este modo, ha recordado que en 2013 el PSOE de Page pedía derogar el Real Decreto en relación con el copago farmacéutico y, por ello, ha instado a Page a exigir ahora al Gobierno de Sánchez –el que ha accedido al poder con los votos de Bildu y los independentistas- lo mismo que pedía en 2013.
Además de ello, el dirigente popular ha lamentado que Page impida hablar en las Cortes regionales de la situación de las listas de espera sanitarias, a pesar de que somos la segunda región donde más se espera para ser intervenido quirúrgicamente.
Es más, Velázquez ha señalado que hoy hay 13.152 castellano-manchegos más esperando a ser atendidos que cuando gobernaba el PP, 8.676 pacientes más que en junio de 2015 están esperando más de 180 días para ser intervenidos quirúrgicamente, 3.032 pacientes más tienen que esperar más de 60 días para una consulta, así como hay 1.444 pacientes esperando más de 30 días para una prueba diagnóstica.
En relación con el Decreto Ley 16/2012, Velázquez ha señalado que esta reforma es necesaria porque el Gobierno de España recibió del Partido Socialista un Sistema Nacional de Salud en quiebra, con más de 16.000 millones de deuda, un gasto farmacéutico cinco puntos por encima de países como Alemania, Inglaterra, o Francia, así como unas prestaciones sanitarias que eran diferentes en virtud de en qué comunidad autónoma española estábamos, y un `turismo sanitario´ que costaba al erario público más de 1.000 millones de euros al año, según el Tribunal de Cuentas.
Según Velázquez, este escenario refleja “la incapacidad del Partido Socialista para gestionar la sanidad”; por eso, el Gobierno del Partido Popular se puso a trabajar desde el primer día para garantizar una sanidad sostenible y equitativa para que todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud tuviesen acceso a las mismas prestaciones en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional.
Así, dicho real decreto, garantiza una cartera de servicios básicos para toda España, un calendario vacunal único, así como pruebas neonatales comunes para detectar enfermedades poco frecuentes en recién nacidos.
De este modo, Velázquez ha explicado que se pactó dentro del foro interterritorial de salud, así como también se acordó el sistema de aportación a la farmacia, logrando, por lo tanto, un sistema más eficaz y más eficiente. Así, ha resaltado que se ha mejorado la equidad del sistema de aportación en términos de renta personal y no, como sucedía con el PSOE, de forma lineal.
Y gracias a eso, -ha continuado-, por primera vez en la historia de España, no pagan nada por los medicamentos las personas perceptoras de prestaciones de pensiones no contributivas y los parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio por desempleo.
Por ello, Velázquez ha manifestado que cerca de un millón de españoles, que son parados de larga duración y que antes pagaban el 40 por ciento de sus medicinas ahora no pagan nada y decenas de miles de castellano-manchegos en situación de dificultades, que con el Partido Socialista pagaban el 40 por ciento de sus medicinas y el 40 por ciento de las medicinas de todos sus beneficiarios, gracias al Gobierno del Partido Popular ahora no pagan nada.
Además, y en relación con la derogación del Real Decreto que pide el PSOE, ha señalado que existe un informe de la Abogacía del Estado del Reino de España, que dice: “de retirarse esta resolución, los medicamentos ya no supondrían un coste máximo para el usuario de 4,20 euros, sino que el usuario debería pagar por ellos un porcentaje que variaría entre el 10 % y el 60 %”, por lo que, en este caso, ha puesto como ejemplo que un medicamento para el cáncer de próstata, que cuesta en el mercado 3.505 euros, pasaría a costar para un ciudadano normal un 40 por ciento, es decir, 1.400 euros; y un medicamento de uso pediátrico para niños que cuesta 545 euros, pasaría a costar, por derogar esa resolución, 218 euros, que sería el 40 por ciento, ha concluido.
Falta de medidas
El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, Carlos Velázquez, ha denunciado hoy que Page no haya puesto en marcha ni una sola medida para paliar las agresiones a los sanitarios.
Así se ha pronunciado Velázquez, después de que un facultativo en Camarena (Toledo) fuera agredido en el día de ayer gravemente, y, además, hace pocos días conocíamos una agresión a un profesional sanitario en El Casar; un hecho que fue denunciado por el PP y por los propios profesionales.
Velázquez ha trasladado la repulsa y condena del PP a cualquier tipo de violencia, como la perpetrada hacia el personal sanitario, y ha recordado que los populares han llevado este grave problema a las Cortes regionales en diversas ocasiones, tanto a pleno, como a comisión parlamentaria.
Así, ha manifestado que el Gobierno de Page, en lugar de dedicarse a hablar sobre este asunto, lo que debería hacer es poner en marcha medidas que demandan los propios profesionales para paliar este grave problema.
De este modo, el dirigente popular ha recordado que Castilla-La Mancha es la cuarta comunidad autónoma donde más agresiones sufren los profesionales sanitarios, pero el Gobierno de Page mira para otro lado y, en lugar de trabajar para solucionar este problema, impidió que se aprobaran las enmiendas presentadas por el PP a los Presupuestos regionales en este sentido.
De este modo, Velázquez ha recordado que los populares presentaron propuestas como dotar a todos los centros de salud del botón del pánico, de sistemas de video vigilancia y, en los casos más delicados, dotando también de seguridad privada a los centros que lo necesiten, pero Page se negó a ello.
Además, Velázquez ha manifestado que el PP echa en falta en nuestra tierra la puesta en marcha de campañas de concienciación frente a la violencia, así como de cursos de formación para el personal sanitario frente a las agresiones, y un plan de prevención de agresiones en el ámbito sanitario, ha concluido.
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