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La gota que colma el vaso

martes 10 de julio de 2018, 05:29h

¡Dios mío! ¡Dios mío! Cómo deben andar las Arcas Públicas de Caudales cuando nuestra actual Ministra de Hacienda, María-Jesús Montero, está dándole vueltas al caletre a fin de lanzar las jaurías recaudatorias fiscales con el objetivo de hacerse con el bote, ese llamado bote con que se conoce, en algunos establecimientos (bares, restaurantes, pubs, etc.) el recipiente para las propinas que tengan a bien entregar los clientes como un plus sobre el precio de la consumición, y hacerlo, prácticamente, propio del erario público, dejando al receptor a dos velas y con un palmo de narices.

Y es que, en la cuestión del “Money” se alarga la “longa manu” de nuestros Administradores de la Cosa Pública, especialmente los que tienen bajo su responsabilidad las Arcas Públicas de Caudales y, por ende, las llaves de las mismas, haciendo enloquecer a los mismos, y si bajo el mandato del inefable y reprobado ex–Ministro de Hacienda, Don Cristóbal Montoro, que por muchas razones debió presentar la dimisión de dicho cargo o, al menos, ser separado de su Ministerio, por el no menos inefable y acreedor a reprobación, el ex–Presidente del Gobierno, el ínclito Don Mariano Rajoy Brey, a la sazón hoy Registrador de la Propiedad de Santa Pola (Alicante), cuya cría se la han estado guardando durante más de treinta años, sin que sepamos a ciencia cierta si esto está previsto en la legislación y, como tal, sancionado por la misma, se instauró y elevó a principio director del Ministerio de Hacienda el más absoluto y reprobable principio de “Arbitrariedad”, contrario al último inciso del artículo 9.3 de la Constitución Española (“La Constitución garantiza...la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”, entendiéndose incluido el poder de la hacienda pública especialmente por su rasgo sangrante sobre el ciudadano de a pie), y, por si fuera poco y, quizás, como un corolario del mismo, se invirtió el principio de “presunción de inocencia” por el de “culpabilidad”, sin que los contribuyentes fueran tratados como ciudadanos, sino, por el contrario, como súbditos, carentes de derechos y, además, alcanzando el grado de delincuentes, para mayor gloria, pompa y satisfacción de las Cajas Públicas de Caudales. Cajas o Arcas de las que manaban, como ríos incontrolables, éstos hacia la mar verde y salada, amén de brava, y de aquéllas, en buena parte, hacia los bolsillos de un gran porcentaje de nuestros políticos, que las dejaron y las siguen dejando más limpias que los chorros del oro y más secas que la mojama, en una interpretación literal y global de aquel arpegio sonorizado esgrimido, en su día, por la hoy Vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, de que “el dinero público, no es de nadie”, de lo que se deduce que para ella se trata de una “res nullius”, abandonada a su suerte y que, por lo tanto, puede hacer suyo, el primero que se tope de frente con él, que lo “aprehenderá” por sí y para sí, Y el que venga detrás, que arree.

Ahora, en una vuelta de tuerca más, la sucesora de aquél nefasto elemento, María-Jesús Montero, venida de la Andalucía profunda, adusta e insondable, se ha puesto a emular a los bandoleros de Sierra Morena (recordemos, entre otros, al Pernales y al Niño del Arahal, abatidos en la Sierra de Alcáraz en su huida por la Guardia Civil Caminera, y nunca mejor dicho éste último epíteto en aquella época), pero al revés, ya que en vez de, como aquéllos, robar a los ricos para repartirlo entre los pobres, ahora se dispone a robar a los pobres para engordar los emolumentos de las famélicas Cajas Públicas de Caudales, los cuales, como hemos señalado, en parte son apropiados por quienes siguen al pie de la letra la máxima de Doña Carmen Calvo, en parte se dilapidan en financiar obras innecesarias e insensatas (recordemos la reciente Auditoría Europea al AVE Español, con sobrecostes, retrasos y falta de pasajeros) y en parte a sufragar el oropel de la clase política, que gasta en plan vip y cinco estrellas.

Y así, ni corta ni perezosa, ya ha lanzado la idea de exigir a los camareros (y supongo que a cualquier otro colectivo que, por razón de su oficio, las reciba) la tributación por el IRPF de las propinas. Y ya puestos en materia y “mutatis mutandi”, supongo que el mismo camino seguirán las limosnas que los pobres de solemnidad y de no tanta solemnidad, en la puerta de las Iglesias, reciban de la liberalidad de los bienhechores y piadosos fieles, peligrando, incluso, si seguimos por esta vía, el contenido de los cepillos de dichas Iglesias y las recolectas durante los oficios litúrgicos. Y así, sin solución de continuidad, sólo Dios sabe hasta dónde es capaz de desplegar sus alas y sus garras este nuevo Gobierno de España.

Y como siempre, siguiendo la máxima de que hay que elegir y determinar un chivo expiatorio sobre cuya cabeza hacer recaer las obligaciones fiscales, en este caso ya se han fijado en los empresarios de los citados establecimientos, que según la legislación mostrenca de la Hacienda Pública, habrían de ser los encargados de practicar la retención tributaria, en su caso, a sus trabajadores, ingresarla en las Arcas Públicas de Caudales, y hacerlo constar en la nómina de sus empleados. Y yo, que, quizás sea un poco cerrado o duro de mollera sobre este terreno tan espinoso cual peliagudo de la Hacienda Pública, me pregunto: ¿qué coño pinta el empresario en esta fiesta?, cuando el que recibe la propina es directamente su empleado, en un acto libre y voluntario, del cliente, premiando el buen hacer y la buena atención, de quien le sirvió bien y fielmente; ¿habrá de requerir el cliente la presencia del jefe o empresario a la vera de su mesa para hacer entrega de la propina al mismo? ¿deberá el empresario emitir factura o recibí de tales propinas? Aquí es posible que haya un conflicto de Haciendas Públicas, porque si la propina es la dación de cierta cantidad en metálico al camarero (o al taxista o a quien sea), con carácter gratuito y altruista, ¿no estará la propina sujeta en primer lugar al Impuesto sobre Donaciones, que gestionan las Comunidades Autónomas? Y siendo así, al no mediar parentesco alguno entre donante (el cliente) y donatario (camarero) quizás resulte que de un euro, tras la aplicación del impuesto de donaciones que irá a parar a las Arcas Públicas de Caudales de las Comunidades Autonomas, quede un resto irrisorio para hacer recaer sobre el mismo el IRPF, con la agravante de que todo ello implicaría la puesta en marcha de una burocracia, a la que tan acostumbrados estamos en este país, aún hoy, a duras penas, llamado España, múltiples rámites, pérdidas de tiempo y demás zarandajas , que harían irrentables las cuantías recaudadas, reducidas a migajas.

Por otra parte, si tenemos en cuenta que siendo los sueldos de los camareros los que se incardinan en el escalón más bajo de las remuneraciones laborales, tras la reforma del IRPF que entra en vigor para este año 2.018, es posible que el límite de los 14.000 euros anuales que estarían exentos del pago del IRPF, con poco, debido a la suma de las propinas, podría superar ese límite y quedar el trabajador obligado a tributar en toda su extensión, al ser rebasado ese tramo mínimo exento.

En fin, no sé yo si con esta política de baja estofa, el nuevo Gobierno se va a hacer acreedor a la simpatía de la ciudadanía, y más en serio, habríamos de interrogarnos si con este tipo de medidas desde el propio Gobierno se esté incentivando el incremento de la Economía Sumergida. Porque, en definitiva, nos hallamos ante una medida miserable, abyecta y canalla, que tendería a asfixiar más al contribuyente, ese españolito de a pie, sin derechos y sujeto a la arbitrariedad y subestima de las Administraciones Públicas, suponiendo un añadido más al esfuerzo fiscal que los españoles dedican al año y que supera los seis meses o ciento ochenta días de trabajo sólo para contribuir a la insaciable voracidad y vehemencia de las Arcas Públicas de Caudales, mientras el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la “Encuesta de Condiciones de Vida”, ha puesto de manifiesto que una de cada tres familias no puede permitirse ir de vacaciones o afrontar un gasto imprevisto y que la tasa de riesgo de pobreza en España se sitúa en el 21’6%.

MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ

11 de julio de 2018

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