En una rueda de prensa, representantes de los sindicatos CSIF, CCOO, UGT, STAS, que representan a cerca del 90 por ciento de los empleados públicos, han advertido que iniciarán estas movilizaciones si en el plazo de una semana "el Gobierno no recapacita y se sienta a negociar de una forma real y efectiva".
El representante de UGT Luis Manuel Monforte ha advertido: "Le decimos al Gobierno que recapacite, le damos el plazo de una semana para que recapacite y haga números, porque entendemos que no han hecho números y nos vuelvan a convocar a una Mesa General real para que exista una negociación real que no recuerde a otros tiempos, como nos está recordando el consejero".
La pasada semana, estos cuatro sindicatos votaron en contra de la propuesta para aplicar el Acuerdo Estatal para la Mejora del Empleo Público que llevó la Mesa General el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, porque la consideraron "inaceptable", por lo que se cerró la mesa de negociación.
En esta semana esperan conocer la "cintura" negociadora que tiene el Ejecutivo autonómico y, si se mantiene en su postura, comenzarán unas movilizaciones como las que llevaron a cabo en 2012, cuando "sacaron a la calle" a 50.000 personas, han avisado.
Y han confiado en que, en el caso de que tuvieran que convocar movilizaciones, se unirán también los dos sindicatos restantes Anpe y Satse, que la pasada se abstuvieron en relación a la propuesta que presentó Ruiz Molina, aunque también habían firmado la propuesta sindical cuyo rechazo provocó la ruptura, que suscribieron todos los sindicatos.
Los sindicatos mantienen su propuesta que es aplicar en 2019 un 0,35 por ciento de la masa salarial de fondos adicionales para negociar en cada mesa sectorial, un 0,4 por ciento para 2019 del Plan de Acción Social y un 0,6 por ciento del Plan de Acción Social para 2020.
Asimismo, proponen recuperar la carrera profesional en el ámbito sanitario, cuando sea posible, y en el ámbito docente volver a las jornadas laborales y ratios que había antes de la crisis, ha precisado el representante de CCOO Ramón González.
Por su parte Victoria Ortiz, representante de CSIF, ha considerado que su propuesta es "más que razonable", porque los sindicatos calculan que implicaría destinar 20 millones de euros para casi 70.000 empleados públicos cuando el presupuesto de la Junta de Comunidades para 2018 ha superado los 8.000 millones de euros y se prevé que el del próximo año sea mayor.
En este sentido, ha calificado de "trampa" los argumentos que está utilizando Ruiz Molina al citar las subidas salariales para los empleados públicos de la región, porque cuando habla de un 3,25 por ciento de subida salarial, "es falsear los números", lo que se ha aplicado es un 1,5 por ciento de incremento con fecha de enero, que era terminar de recuperar el recorte salarial aplicado en la anterior legislatura conocido como "tasa Cospedal"
Así, han puntualizado que en 2018 solo se produce una subida salarial real del 1,75 por ciento, pero es de obligado cumplimiento y aunque el Gobierno regional lo ha intentado "disfrazar" en la Mesa General de los Empleados Públicos, viene establecido en los Presupuestos Generales del Estado.
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