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Un juez que se pasa de gracioso

miércoles 10 de octubre de 2018, 04:12h

Ya hemos comentado en innumerables ocasiones la alta y esencial función que el Poder Judicial desempeña en el organigrama de la sociedad, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, constituyendo dicho poder uno de los tres Poderes que integran el esqueleto de un verdadero Estado de Derecho, Democrático y de Bienestar Social, junto con los otros dos, a saber, el Ejecutivo (Gobierno) y el Legislativo (Cámaras del Congreso de los Diputados y el Senado), sabiendo y admitiendo como “conditio sine qua non habemus” democracia, que esos tres Poderes han de observar y practicar una absoluta y total independencia entre sí, tal como ya vaticinara y postulara Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu, por lo que es inadmisible y echaría al cubo de la basura esa pretendida democracia si se produjeran interferencias e injerencias en alguno de ellos por el otro o los otros, independencia aséptica que no siempre se consigue ni se lleva a cabo en el día a día, lo que hace que, en no pocas ocasiones, hablando de este país, aún hoy, a duras penas, llamado España, no podamos hablar con mayúscula y a grito pelado que gozamos de una verdadera y auténtica democracia, o lo que debe ser una democracia tal como se desprendería de una exquisita y perfecta independencia entre los tres susodichos poderes, pues ya sabemos que, de acuerdo con nuestro marco constitucional, el Congreso de los Diputados y el Senado se halla mediatizado por el Poder Ejecutivo, el Gobierno, cuyas mayorías, en no pocos casos absolutas, acaban secuestrando la libertad y la voluntad de esos órganos fundamentales en el engranaje de una democracia, y el tercer Poder, el Judicial, nace en su independencia mediatizado, dado el sistema de elección de los órganos de dirección, gobierno y administración del mismo, léase Consejo General del Poder Judicial, amén del nombramiento de los Altos Cargos de las instancias judiciales (Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia de las distintas y respectivas Comunidades Autónomas), en el que se demuestra sin recato y con descaro la longa manu de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, al nombrar éstos una porción de miembros dentro de aquél primer e importantísimo órgano, cual es el Consejo General del Poder Judicial, sobremanera desde la reforma que en el año 1.985 llevó a cabo el Gobierno de Felipe González la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dejó el camino libre y expedito para que esos otros dos poderes metieran la mano donde nunca debieron hacerlo, sin que ningún Gobierno posterior tuviera el valor de volver a la letra y al espíritu de los apartados primigenios de dicha Ley al respecto, no por convicción, sino, simplemente, porque es muy cómodo para los Poderes Ejecutivo (especialmente para éste) y Legislativo, poder manejar los hilos de los nombramientos del Órgano Supremo de Gobierno y Dirección de la judicatura, o sea, del Consejo General del Poder Judicial, a fin de gozar con una representación cautiva de miembros para tenerlos de cara, siendo una vergonzosa patraña cuando los partidos políticos se reparten los sillones de dicho órgano, dando lugar a una diferenciación entre miembros de carácter conservador, frente a miembros de carácter progresista, lo que constituye un encasillamiento inaceptable de quienes integran el Poder Judicial, que debieran juzgar de acuerdo con la Ley, en función del caso concreto, en busca siempre de unas resoluciones que fueren incontestables, independientes, justas y éticas. Pero ya sabemos que en este país, repito, aún hoy, a duras penas, llamado España, la patraña, el conchaveo, la componenda, el chanchullo, el amaño, el contubernio y el tejemaneje, constituyen los principales deportes a practicar en la cotidianidad de nuestros días y nuestra noches. Y así, ocurre, que acabamos viendo al final de los finales resoluciones judiciales que causan el estupor, cuando no el escándalo y la alarma entre los ciudadanos, sujetos pasivos, al fin y al cabo, que sufren las consecuencias del mal funcionamiento de los órganos de la Administración en general.

Pues bien, es precisamente por la trascendencia e impacto que tales resoluciones generan en la ciudadanía en general y en los afectados directamente por las mismas en particular, por lo que hay que exigir a los integrantes de ese cuerpo, el judicial, que goza de un poder casi absoluto para decidir sobre la persona y los bienes de esos ciudadanos, una ejemplaridad singular y trascendental, un comportamiento ético y moral absolutos, una transparencia en su modus operandi categórica y terminante, que nunca deje lugar a dudas e incertidumbres derivados de su quehacer, generadoras de desconfianza y perplejidad en la sociedad. Y ello, tanto en su quehacer público, como en su quehacer privado, pues quien en éste se muestra y manifiesta como un depravado, pervertido o envilecido, pocas muestras puede dar en aquél otro quehacer distintas y diferentes, porque esas virtudes exigibles a quienes tienen sobre sus espaldas tan alta misión de juzgar, y en su caso condenar, no se pueden obviar en el ámbito privado, pues aquí la persona es una y única y no puede dar una doble cara según ejerza pública o privadamente.

Por ello, chirría hasta la extenuación, lo trascendido en el reciente caso de maltrato y divorcio, de la modelo María Sanjuán, en el que el titular del Juzgado de Violencia sobre la mujer número 7 de Madrid, Francisco-Javier Martínez Derqui, se explayó y sacó a relucir su viperina lengua para zaherir moralmente a la víctima, según se ha constatado por el vídeo que grabó la vista sobre el divorcio de la citada modelo y su ex esposo el empresario Josué Reyzábal, en la que se decidían las medidas sobre la custodia de los dos hijos de la pareja, de 21 y 10 meses, y en cuya cinta aparecieron los comentarios dentro de la Sala, tanto del citado Juez, como de la fiscal y la letrada de la Administración de Justicia (antigua Secretaria Judicial), al término de la sesión, mofándose de la víctima y profiriendo improperios e insultos barriobajeros y de mal gusto sobre la misma, tales como expresiones del siguiente jáez: “Desde que ha dejado al bicho el otro ha rejuvenecido”; “Verás el disgusto que se va a llevar la María Sanjuán cuando vea que el lunes tiene que dar los hijos al padre”; “Y la madre está por la noche en el “Sálvame” poniéndome de vuelta y media”; “Sí, que hija puta”. Como se ve un equilibrado personaje, que no ha tenido empacho en declarar que este tipo de manifestaciones las realizó en un ámbito privado (repito, que fue en la propia Sala), como si en éste pudiera moverse como pez en el agua para denigrar y poner de hoja perejil precisamente a una persona a la que está juzgando, lo que pone de relieve la catadura moral del personaje y cómo será la resolución que adoptará en el asunto en cuestión y más cuando se trata de un tema especialmente delicado y sensible como es la decisión sobre la custodia de unos menores, más bien de unos menorísimos, pues los hijos de la pareja en pleito tienen solamente 21 y 10 meses, poniendo a los mismos igualmente en la picota y con posible afectación a su bienestar y salud, sobre todo mental y psicológica, que puede llegar a interferir en el desarrollo y crecimiento de esos menores de edad, en una edad, valga la redundancia, especialísima y fundamental para el buen devenir de aquéllos. Ante este espectáculo bochornoso, dantesco, espantoso, infernal, terrible, espeluznante, aterrador y pavoroso, la letrada de la afectada no ha tardado ni un minuto en presentar una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, por “falta de imparcialidad y animadversión” hacia su clienta, considerando que la actuación de su señoría (¿) está incursa en un acto de prevaricación. Y repito, no vale ni basta que este deslenguado insista en que las imprecaciones proferidas lo fueron en un ámbito privado, pues no puede desgajarse la función judicial pública de la actuación privada de un magistrado o juez, pues dime cómo te comportas en ésta y te diré el signo que adoptarán tus decisiones en el ámbito público y oficial. Aquí sí que encajaría decir que el que es un hijoputa en el primero, lo sigue siendo en el segundo. Y esto es incontestable. Asimismo la víctima ha recusado al Juez ante la Sección 26 de la Audiencia Provincial de Madrid, si bien éste, motu proprio (¡a buenas horas, mangas verdes!) ha aceptado apartarse del caso voluntariamente.

En fin, un sujeto peligroso, cuya falta no puede saldarse con un apercibimiento y una multa de 500 euros. Machista empedernido hasta la médula por lo visto según su actuación. Con individuos de esta calaña es imposible avanzar en la erradicación de la violencia de género.

MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ

10 de octubre de 2018

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