Entre estas 20 medidas, impulsadas en el ámbito de la organización y el funcionamiento de los centros residenciales para garantizar un servicio público de calidad, se encuentran un nuevo Estatuto de Centros Residenciales para personas mayores, el Catálogo de buenas Prácticas, los Grupos de Participación Familiar y de Residentes, o la Formación de los Profesionales, entre otros. El ‘Plan de Calidad y Eficiencia en Centros Residenciales’ se articula en tres ejes fundamentales: el modelo de Atención centrado en la persona, los recursos humanos y la adecuación de las infraestructuras.
Así lo ha destacado la responsable de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, quien ha estado acompañada durante el acto por el director provincial de Bienestar Social en la provincia de Toledo, Gregorio Gómez; el director general de mayores y personas con discapacidad, Javier Pérez; por la la secretaria general de Bienestar Social, Natividad Zambudio y por el gerente de la Asociación Adhara, Pedro Salvador, entre otros.
El objetivo principal de este plan es marcar un rumbo y señalar un camino enfocando las actuaciones hacia las personas, determinando un sistema de mejora continua de la calidad y la eficiencia en la atención que se presta en las residencias de la región.
Sánchez ha remarcado que Castilla-La Mancha cuenta con 259 residencias con financiación pública, de las que 49 tienen una financiación del cien por cien de las plazas, “es un referente en cantidad de plazas residenciales para personas mayores”, siendo la segunda comunidad autónoma en plazas públicas financiadas y en plazas públicas totales, a lo que ha añadido que “también queremos ser un referente en calidad, por eso hemos desarrollado este plan con la intención de que sirva no solo para que las residencias públicas sean un referente en Castilla-La Mancha, sino que marca la hoja de ruta para las residencias concertadas y privadas”.
Este plan supone un cambio de modelo y de filosofía en el trato hacia la persona mayor, “cuando una persona mayor está en una residencia hay que escuchar a esa persona mayor, a su entorno, a su familia y darle el trato que mejor convenga a esa persona, y hacerlo con los profesionales, trabajando de la mano con ellos”, ha remarcado Sánchez.
Por ello, para su elaboración se ha implicado a más de 40 profesionales y se ha contado con la participación y propuestas de empleados públicos, entidades externas, personas expertas, sindicatos y directores de centros residenciales, entre otros.