El máximo representante de la Diputación albaceteña ha querido participar activamente, una vez más, en este órgano que orienta su actividad a reforzar la singuralidad propia de Gobiernos locales intermedios que han de velar y garantizar las competencias municipales de cada provincia.
En la sesión, se ha podido someter a un análisis profundo el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado desde el punto de vista de lo que podría beneficiar (de aprobarse) en lo que se refiere a medidas y conceptos defendidos fuertemente en los últimos tiempos desde el municipalismo; muy especialmente, en lo relacionado con la lucha frente al reto demográfico, que se plantea como un objetivo cada vez más tenido en cuenta por las distintas administraciones.
Avanzar en compromisos reales frente al reto demográfico
En este sentido, a finales del pasado mes de octubre, el Gobierno central asumía como hoja de ruta contra la despoblación del medio rural las 80 medidas elaborada desde la FEMP dentro del denominado 'Documento de Acción’ contra el desierto demográfico, respaldado por el Consejo Económico y Social y avalado también desde el ámbito europeo.
Entonces, la comisionada del Gobierno para el Reto Demográfico se comprometía a comenzar a poner en marcha las medidas de dicha ‘guía’, a fijar un calendario de prioridades y a consignarlas presupuestariamente para ir haciéndolas realidad. Entre esas iniciativas, consta la estructuración coordinada a nivel nacional del trabajo contra la despoblación rural, así como 79 medidas específicas en ámbitos diversos como el fomento de la actividad empresarial y el empleo, la vivienda, el medio ambiente o las infraestructuras, entre otras.
La FEMP plantea la elección directa de los presidentes o presidentas de las Diputaciones
Igualmente, en este encuentro de trabajo de hoy, se han sometido a estudio y votación diversas propuestas de resolución puestas sobre la mesa por la propia Comisión. Por ejemplo, ha salido adelante (votada favorablemente por unanimidad) una petición que plantea que, en cuanto se aborde una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se incluya la elección directa de los presidentes o las presidentas de las Diputaciones Provinciales.