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Radiografía de un país (V)

miércoles 13 de febrero de 2019, 04:03h

Repetimos, una vez más, que una verdadera y auténtica democracia ha de basarse y fundamentarse en la independencia absoluta, insoslayable e infranqueable, de los tres Poderes sobre la que se asienta la misma, a saber, El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tal como ya proclamara, en su día, el Barón de Montesquieu, de manera que todo lo que no sea observar y aceptar, sin excepción alguna, ese principio primordial y esencial de la independencia entre sí de esos tres Poderes (aun cuando se habla comúnmente de un Cuarto Poder, tal cual la Prensa o, mejor, los medios de comunicación, y, acaso, aún habría que hablar de un Quinto Poder, como lo sería el Económico, si bien, éste fluye en todas las relaciones internas e internacionales de un País, y, por regla general, con una incidencia no poco pequeña, y aún me atrevería a confesar que, en muchas ocasiones, por no decir todas, una extraordinaria y mayúscula influencia, pues, a la vista está, que por regla general, como vulgarmente se dice, no se mueve un esparto sin el beneplácito de quien ostenta esa fuerza, ese poder, capaz de doblegar al más puro, virtuoso y seráfico espíritu, y causante de conmociones nacionales e internacionales y a cuyo son bailan los mandamases y jerifaltes de los Países, pues bien es sabido, según otro refrán o comentario, que todo se hace o mueve por un interés crematístico, más o menos soterrado o puesto al descubierto) de los que, en cuanto al Ejecutivo y Legislativo, ya hemos hablado, o mejor sería decir escrito, o también, hablado mediante la palabra escrita, más o menos largo y tendido, en las cuatro anteriores entregas del artículo cuyo nombre encabeza también el presente, faltándonos, por tanto, entrar, aquí y ahora, en ese tercer Poder del Estado, el Judicial, a mi juicio, Poder Capital y, acaso, más merecido de cuidar y contemplar, pues el mismo debe servir de frontón o parapeto, entre otros fines, para detener la inmisión de los otros dos Poderes en la vida y en la economía de los ciudadanos, y frenar esa tendencia expansiva de los mismos a pasarse de la raya, cruzar las líneas rojas y conculcar derechos fundamentales de los administrados que, en numerosas ocasiones, se ven acorralados y desarmados ante las fauces insaciables de esos Poderes encarnados por personajes que, en vez de cumplir, bien y fielmente, sus respectivas funciones y obligaciones, tienden, de manera viciosa e intolerable, a afanarse en putear y machacar al ciudadano, al que consideran un mero instrumento para hacer llegar a la Caja Pública de Caudales el numerario suficiente para, entre otras razones, subvenir a las veleidosas y rocambolescas, cuando no peregrinas, pretensiones de quienes aupados a la poltrona se creen, como los Reyes de la Edad Media y la Edad Moderna, investidos de autoridad divina y reencarnación del propio Dios Todopoderoso en la tierra, creyéndose objeto de culto como becerros de oro, extralimitándose en el ejercicio de sus funciones y en muchas ocasiones, muchas, aunque se piense lo contrario, recayentes en el ámbito del Derecho Penal.

Pues bien, esa función de servir de dique a la expansiva y degradante acción de la política, a través de esos otros dos Poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, está encomendada al tercer Poder, a saber, el Poder Judicial, el cual, si cabe, aún habría de gozar de una mayor independencia respecto de los otros dos, aun cuando, en el día a día que podemos apreciar, resulta que la injerencia de aquéllos sobre éste, en ocasiones es abrumadora y deja al ciudadano, al paganini de a pie, desolado y desconsolado, pues ve, sin tapujos, cómo pueden verse influenciadas las decisiones y resoluciones judiciales por la estrambótica injerencia de los otros dos Poderes. Y ello, desde el minuto uno, por no decir cero, ya que si nos atenemos a la vergonzosa designación y reparto de cargos, dentro de los órganos de dirección, gobierno y administración de ese tercer poder, el escándalo es de aurora boreal, empezando por la composición del propio Consejo General del Poder Judicial, órgano supremo de ese gobierno y dirección de la judicatura, el cual viene conformado por el acuerdo de los Partidos Políticos, vía Poder Ejecutivo, vía Poder Legislativo, dejando un número insignificante a la designación de cargos dentro del mismo por el propio Poder Judicial, dando lugar a nombramientos que se correlacionan con los propios Partidos Políticos y a esa división y calificación vergonzosa de miembros del Consejo calificados de “conservadores” y miembros del Consejo calificados de “progresistas”, lo cual ya nos suponen un indicio de por dónde van a resultar las decisiones de tan Alto Órgano, teniendo en cuenta que el mismo tiene la facultad de nombramiento sobre los más Altos Cargos de la Judicatura, vía Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, entre otros, lo cual deja mucho que desear en esa auténtica y verdadera independencia que debe existir entre los tres Poderes fundamentales del Estado de Derecho, sólo posible calificación en base a esa independencia, como tal. Independencia que debe, además, exigirse, dentro del propio Poder Judicial, porque todos recordaremos las estrambótica y esperpéntica situación que se produjo a raíz de la Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en relación con quién debiera ser sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, respecto de los préstamos bancarios hipotecarios, sentencia que fue secuestrada por el Presidente de la propia Sala Tercera, José María Díez-Picazo, con la torpe y aviesa anuencia del Presidente del Tribunal Supremo y del propio Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, reuniendo el Pleno de la citada Sala Tercera, para darle la vuelta a la Sentencia de la Sección Segunda, dejándola sin efecto y a la propia Sección al pie de los caballos, todo ello, según tan dignas autoridades, por la alarma social que aquélla había producido en la sociedad (habría que decir, en el mundo financiero, más bien), cuando, en realidad, esa alarma social saltó y sin posibilidad de pararla, por la acción de esos dos Presidentes, dando lugar a que el propio Gobierno, vía Decreto-Ley, modificará el texto del artículo correspondiente dentro del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, imponiendo, vía legal, la cualidad de sujeto pasivo a la Entidad Financiera. Escándalo mayúsculo que, como todas las aberraciones que se cometen en este país, aún hoy, a duras penas, llamado España, ha pasado como un tsunami, pero que al contrario que éste cuando desola un territorio, ha dejado todo en su lugar y bien pareciera que no ha hecho sino asentar más en su lecho la alteración extraordinaria que este tipo de actitudes provocan en el espíritu de lo que nos empeñamos en denominar “Estado de Derecho”, pero que lo deja en las Antípodas. Podría decirse que, aquí y ahora, no se despeina nadie, sea cual sea la fuerza con que sople el viento.

Y si entramos en otra pata de ese tercer Poder, el Judicial, o sea, el Ministerio Fiscal, nos encontramos con más de lo mismo, ya que al Fiscal General del Estado lo nombra el propio Gobierno de la Nación, o sea, el Poder Ejecutivo, aliado como sabemos con el Legislativo, y dada la configuración jerárquica de la Fiscalía en nuestro País, a la manera como se organiza el eslabón de mandos en el ejército, las directrices de todo el ministerio fiscal las marca el Fiscal General, con obligación de ser asumidas forzosa y obligatoriamente, por toda la cadena de Fiscales.

Todo ello, contribuye, en no pocas ocasiones, a erosionar la imagen del Poder Judicial y llevar la intranquilidad, desasosiego, desazón, desconfianza y recelo en quienes somos los justiciables, o sea, en la ciudadanía en general.

Y todo ello, sin entrar en el día a día, de la acción de la justicia, con actuaciones que incurren en el escándalo tales, como, por ejemplo, las sentencias que han recaído sobre la llamada “Manada de Pamplona”, que aun estando ya condenados, mínimo a nueve años, por dos sentencias, sus integrantes están gozando de plena libertad, a la espera de lo que decida el Tribunal supremo, “ad calendas graecas”, pues ya sabemos cómo se mueven estos Altos Órganos de la Judicatura, lo cual no ha hecho sino servir de ejemplo para que aparezcan otras desgraciadas “manadas”, al menos que se sepan, la de Callosa (Alicante) y la de Sabadell (Barcelona), con comentarios y votos particulares que le ponen matrícula a quienes tienen la desfachatez de haberlos expresado, y es que no puede uno parapetarse en las togas y en las puñetas, para dar rienda suelta, en muchos casos, a sus bajos instintos. Y es que, es muy común confundir lo que es “aplicar la ley” con esa otra función más importante, fundamental, esencial y transcendental que compete a los jueces que es “hacer justicia”, y mientras no distingamos y tengamos claro qué es una cosa y qué otra, seguirán dictaminándose sentencias y resoluciones judiciales que dejarán con los pelos de punta a las víctimas en particular, y a la ciudadanía en general. La ley, simplemente, es un instrumento, y La Justicia, exige un algo más, que es satisfacer la pretensión del perjudicado y castigar al delincuente. Mientras esa faceta no la tengamos clara, seguiremos erre que erre en un circo mediático, en el que los buenos siempre perderán y los malos se irán de rositas.

MIGUEL ÁNGEL VICENTE MARTÍNEZ

13 de Febrero de 2.019

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