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El gobierno de la vergüenza

miércoles 22 de enero de 2020, 08:38h

No hay más que atender a las declaraciones e intenciones de algunos de los miembros de este Gobierno, formado contra natura, para llegar a entender cuál es la finalidad que el mismo persigue de convertir a España en una país bolivariano de la factura de Venezuela (de donde han sacado pingües beneficios los gerifaltes de Podemos, antes de anteponerse el adjetivo de “Unidas”, quizás con la finalidad de desorientar a la ciudadanía acerca de cómo se puede pasar de proclamar luchar contra la casta política y la corrupción, a verse inmersos dentro de la casta como los más pintados y de verse envueltos en el corazón de la corrupción) y de Cuba, tratando de imponer un sistema, más bien un régimen, socialista-comunista-marxista-leninista-estalinista, hijo directo del bolchevismo más atroz y criminal, bajo el disfraz o careta de instaurar un Gobierno Progresista, que todos sabemos, que progresar, puede serlo tanto hacia adelante, como hacia atrás, y éste último parece ser el modelo que más encaja en las premisas que empiezan a intuirse desde esa gran mesa del Consejo de Ministros, ridícula, por lo demás, que más pareciera la mesa de un gran banquete, aunque puede que sea así, a costa de la libertad de los ciudadanos y de la vigencia del Estado de Derecho, que aún hoy, a duras penas, veníamos disfrutando en este País, también desgraciadamente, aún hoy, a duras penas, llamado España.

Para dar esta vuelta de tuerca hay que entrar a saco en la instituciones, desnaturalizándolas y, aún mejor, destruyéndolas, alejándolas de su verdadera razón de existir, para lo cual es preciso ante todo dinamitar la independencia de los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), base y fundamento, desde su articulación por el Barón de Montesquieu, de un verdadero y auténtico Estado de Derecho, amén de Democrático y de Bienestar Social, siendo cierto que el Legislativo, en realidad bien, por mor de alcanzar algun partido político la mayoría absoluta, bien por mor de los pactos entre varios partidos, en caso contrario, el mismo se halla, de una manera u otra, en realidad cautivo del Ejecutivo, que hará todo lo posible para mantenerse en el poder, en el segundo caso y cederá cuanto sea necesario, aunque la cesión implique renunciar a los principios fundamentales contenidos en la Declaración de los Derechos Humanos, o sea, aunque sea vendiendo a su propio padre o su alma al diablo, con tal de alcanzar los fines, generalmente en estos casos, espurios y contrarios a la razón y a la propia ley, incluso la Constitución, por lo que a fuer de ser sinceros solamente queda un dique, el Poder Judicial, para evitar las tropelías que se deriven de un Gobierno errático, disciplente, autárquico y tiránico, que evite la conculcación continua del Ordenamiento Jurídico en General, incluida la propia Constitución Española, arrollando y arrasando la libertad y las conciencias de los ciudadanos, que serán sometidos, sin descanso y sin excusa alguna, a los dicterios de un Ejecutivo que sólo aspira, bajo el mantra de velar por el bienestar de los mismos, a las cadenas desplegadas sobre los mismos por un Gobierno tiránico, que intentará, por activa y por pasiva, dominar la razón y el alma de sus sometidos, convertidos en una masa de carne con ojos, o, incluso, sin ojos, que mejor sería para el gobernante, cuando no en una masa cretinizada, en expresión de Juan-Manuel de Prada, o idiotizada, a mayor gloria del gerifalte de turno.

Pues bien, para evitar que el Poder Judicial, pueda ejercer de contrapeso a esas tropelías y excesos del Ejecutivo, manteniendo su independencia y su autonomía, es preciso que el Ejecutivo introduzca su “longa manu” en las entrañas del mismo, sometiéndolo de una manera brutal a sus designios y afanes, faena que ya, aunque desde hace tiempo, desde la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, llevada a cabo por el Gobierno, entonces, 1985, de Felipe González, y sin que en tiempos de José-María Aznar y Mariano Rajoy, se tocara un pelo ni se moviera un dedo para hacer volver las aguas a su cauce, incluso en el segundo caso, con el Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, dando una vuelta de tuerca más para subvenir a la injerencia del Ejecutivo y Legislativo en el Poder Judicial, a cuenta de la conformación del más alto órgano de Gobierno y Dirección de los Jueces, tal cual el Consejo General del Poder Judicial, con un reparto de los miembros del mismo vergonzoso, según cuotas de poder obtenido en las urnas, y ahora, por si faltara algo o creyéramos en la bonanza de los vocales designados a través de las Cortes Generales, a instancia del Gobierno de Turno, el actual Ejecutivo, con un Pseudo-Doctor-Sánchez a su cabeza, bien puede decirse que ha dado un golpe de mano a la independencia del Poder Judicial, con el nombramiento (aunque éste lo haga su Majestad el Rey Felipe VI, en uno de esos atributos formales que le abonan como una marioneta en el espectro político del País) de la exMinistra de Justicia, Dolores Delgado, como Fiscala Generala del Estado (en honor al Ministro Carmen Calvo), cuando aún están calientes las poltronas que en el hemiciclo y en el Gobierno venía ocupando, y cuya propuesta ha sido ampliamente vituperada dentro del propio Consejo General del Poder Judicial (12 votos a favor de los requisitos exigidos para tal cargo, por 7 en contra, sin entrar en el fondo del asunto, que no es otro sino la apreciación de la “idoneidad” de que debe gozar el candidato para obtener el beneplácito de dicho Consejo, aunque éste sólo sea formal y en ningún caso vinculante, pero ya puede dar pistas sobre el tufillo a corrupción que late en dicho nombramiento, el cual se ratificará con su quehacer por aquello del dicho evangélico que dice “por sus obras les conoceréis”), y con la colaboración necesaria de un Carlos Lesmes, Presidente de todo, por así decirlo, de este Consejo y del Tribunal Supremo, y que ya ha dado muestras de sus ínfulas a favor del Pseudo-Doctor-Sánchez y de sus adláteres, corifeos, acólitos, paniaguados y mamandurrieros, cumpliéndose la primera premonición de Alfonso Guerra de que “el que se mueva no sale en la foto”. En cualquier caso, golpe de muerte a la separación de poderes.

Pero, también y si no al mismo nivel, es importante el intento de insuflar ciertos paradigmas y doctrinas que propala este Gobierno de Progreso, en las mentes y en las conciencias de los más jóvenes, a fin de abstraer a los mismos cualquier indicio de raciocinio, sensatez y sentido común, lo cual se consigue, como en las ya superadas épocas del bolchevismo más puro y duro, introduciéndose en su alma, a fin de ahormarlos y adoctrinarlos hacia los malvados principios, funestos y, en no pocas ocasiones, pervertidos y degenerados, mediante un repetitivo lavado de cerebro y de sentimientos, lo cual llevará a los mismos a incardinarse en esa masa de carne con ojos, ya, cretinizada o idiotizada, convulsionando sus propias almas, mediante un sofisticado método de ingeniería psicológica y patológica, que acabará dando sus frutos más temprano que tarde, convirtiendo cada alma, independiente, única e irrepetible, en un clon a mayor gloria de los ingenieros que los han llevado y trastocado hacia ese estado. Para ello se hace necesario el asalto a la Educación, a fin de influenciar en las mentes de los más pequeños con la finalidad de hacerlos a su imagen y semejanza, o, al menos, a la imagen y semejanza urdida por estos energúmenos que no quieren que nadie sea capaz de pensar y usar de su libertad, para decidir sobre su vida y su futuro, arrumbándolos al estereotipo argüido por tan mendaces, indolentes y perversas mentes. Así, se entienden los ataques de la Ministra de Educación, Sra. Celaá a la escuela concertada, que aún pervive a la influencia diabólica de tal engendro, la guerra declarada por el Gobierno contra el llamado “pin parental” puesto en marcha por la Comunidad de Murcia, a fin de que los padres de los alumnos deban prestar su consentimiento a los llamados “talleres” (verdaderos gulags de ingeniería ideológica), que como actividades extracurriculares se quieren imponer a los menores (de cero a seis años), a fin de darles charlas y conferencias sobre sexualidad, diversidad afectiva, masculinidad, feminidad y temas semejantes, de igual o peor ralea, con la agravante de ser impartidos por miembros de la Asociación LGTBI (homosexuales, bisexuales y travestis), lo que ha hecho montar en cólera a la tal Celaá, de cuyos labios salió la bravata de “los hijos no pertenecen a los padres” (al más puro y duro estereotipo estalinista), imbecilidad que solo tiene cabida en una mente enfermiza y depravada, saltándose a la torera preceptos constitucionales y legales, tales como, respecto de los primeros, “Artículo 39.3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro y fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.”, “Artículo 27.3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, “Artículo 16. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”, “Artículo 15, inciso primero. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”; y preceptos del Código Civil: “Artículo 154. Los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y de la madre. La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades: 1º. Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación íntegra”, y Artículo 155: Los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre”. Siendo estas pretensiones iniciales (que ya asustan y escandalizan), que se unirán a otras en el futuro inmediato (“ ya sabemos el diablo nunca descansa”), confirmándose otro augurio de Alfonso Guerra de que “a España no la va a reconocer ni la madre que la parió”.

Pero, claro, este exabrupto sale de la boca de quien, quizás junto con el ínclito y nefasto Cristóbal Montoro, de haberles sido aplicado el artículo 30 del Código Civil, vigente a la fecha de su respectivo nacimiento (“para los efectos civiles, sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana…”), jamás hubieran adquirido la personalidad.

MIGUEL-ÁNGEL VICENTE MARTINEZ

22 de Enero de 2.020

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