La delegada provincial de Bienestar Social, Antonia Coloma ha señalado que “los menores inmersos en los procedimientos de justicia juvenil, tienen un conjunto de derechos en cada etapa del sistema de justicia penal”, trasladando la obligación de la Administración autonómica de “garantizarlos con la correcta formación y conocimiento de sus derechos, de sus necesidades y de su desarrollo
Este Foro de reflexión, debate y análisis ha contado con la participación de la doctora en Derecho, profesora de Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha y responsable del grupo consolidado de investigación en Criminología y Delincuencia Juvenil de la UCLM, Esther Fernández Molina, en la temática “¿Está la justicia juvenil adaptada al menor? Un análisis de la implementación de los estándares europeos”.
La Consejería de Bienestar Social impulsa la formación de técnicos que participan en la provincia de Albacete en el seguimiento y ejecución de medidas judiciales con menores.
Así lo ha trasladado, la delegada provincial de Bienestar Social, Antonia Coloma, acompañada del jefe de servicio de Infancia y Familia, José Ricardo Navarro, durante su asistencia a las jornadas de formación que, durante este primer trimestre del año, va a desarrollar el Servicio de Infancia y Familia, en el Centro Regional de Menores y Jóvenes (Albaidel) para el conjunto de profesionales que participan del seguimiento y aseguran la ejecución de las medidas que deben realizar aquellos menores que se encuentran en conflicto con la Ley.
Este Foro que pretende ser una plataforma de debate, de reflexión y de análisis, ha contado con la asistencia de 20 técnicos y educadores, personal técnico y educativo de CRMJ Albaidel, y representantes de diferentes entidades colaboradoras.
Durante su intervención, Coloma ha señalado que “los menores inmersos en los procedimientos de justicia juvenil, tienen un conjunto de derechos en cada etapa del sistema de justicia penal”, y ha trasladado la obligación de la Administración de “garantizarlos con la correcta formación y conocimiento de sus derechos, de sus necesidades y de su desarrollo”.
Entre los presentes en estas Jornadas se encontraban los directores de los dos centros de titularidad pública que la Consejería tiene en la región y que están ubicados, ambos, en nuestra provincia, Raúl Martínez, director de CRMJ Albaidel y, Soledad Martínez, directora del CABE Arco Iris; la profesora, Esther Fernández Molina, doctora en Derecho, profesora de Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha y responsable del grupo consolidado de investigación en Criminología y Delincuencia juvenil de la UCLM con la que se ha tratado el tema: “¿Está la justicia juvenil adaptada al menor? Un análisis de la implementación de los estándares europeos”.
Protección de Derechos del Menor
Todos los menores, sea cual sea su situación tienen reconocidos una serie de derechos que todos estamos obligados a garantizar. Por un lado, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989) es el instrumento de referencia respecto a la protección de los derechos del menor, incluyendo los que están en conflicto con la ley, también, nuestra propia legislación nacional, Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y, junto a ellas, las distintas Directrices Europeas sobre una Justicia adaptada a los menores que juegan un papel importante a pesar de su carácter no vinculante.
El objetivo principal de esta jornada de formación es reflexionar, entre profesionales, sobre las posibilidades de mejora en la práctica diaria, entendiendo en donde esta se puede hacer más eficiente y adaptada a los menores.
La profesora Esther Fernández Molina ha recordado que “la apuesta de la Administración regional por una concepción, del seguimiento de medidas judiciales, basada, no en el hecho de que lo determinante sea la pérdida o la restricción de la libertad, sino que prime el factor educativo y las posibilidades de mejora y progresión personal”. Por último, está doctora en Derecho ha abogado por “potenciar los esfuerzos para cambiar la conducta y con ella el cambio de actitudes sociales y una recomposición de la vida de aquellos que han entrado en el circuito judicial, en el convencimiento de que este proceso, no solo es beneficioso para cada uno de ellos, sino también para el conjunto de nuestra sociedad”.
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