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Un gobierno fuera de la ley (XII)

miércoles 15 de abril de 2020, 03:58h

En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre sí se acordará el pueblo español, dándole la vuelta al “de cuyo nombre no me acuerdo”, con que iniciara Don Miguel de Cervantes, su Ingenioso hidalgo Don Quijote, ópera prima de la literatura universal, por la valentía de un Presidente del Tribunal Superior de Castila-La Mancha, a la sazón, el Excmo. Sr. Don Vicente Rouco Varela, cuyo informe, cierto y razonado, acerca de la verdadera mortandad alcanzada en la Región Castellano-Manchega, a cuenta del coronavirus, en un alarde de realidad, valentía y amor al prójimo, en defensa de la “independencia del Poder Judicial”, fundamentalmente respecto del Poder Ejecutivo, ha dejado al Gobierno Progresista de España boquiabierto, con el pie cambiado, patidifuso y colorado (si es que esto es posible, en tanto el mismo está conformado por un elenco de individuos carentes del más mínimo principio ético y moral y, por tanto, sin escrúpulos de ningún tipo), y ha puesto de manifiesto y a la intemperie el torticero sistema inventado por el Gobierno Progresista de España, respecto al recuento de fallecidos a causa del citado virus, ya que el mismo dio instrucciones expresas a las Comunidades Autónomas, a fin de que sólo contabilizaran a dichos efectos los muertos a los que se les hubiera hecho el test de detección y tuvieran los síntomas del virus, o sea, los diagnosticados, dejando fuera de dicho cómputo a los muertos que, habiendo tenido los síntomas del contagio, no hubieran pasado por el test de marras, entre otros, los ancianos fallecidos en las Residencias de tal, o las personas que hubieran fallecido en sus casas.

Lo que puso la mosca tras la oreja, al Presidente de Tribunal, fue la dicotomía, entre las cifras oficiales que barruntaba el Gobierno Progresista de España, y las que eran fácilmente intuidas de los certificados de defunción y las licencias de enterramiento dispensadas por los Registros Civiles de la Región Castellano Manchega. De tal manera, que se descubrió la trampa, la Instrucción del Ministerio de Sanidad a las Comunidades Autónomas, a tales efectos, ordenaba contabilizar solamente los casos de defunción de personas oficialmente infectadas por el virus, dejando fuera de tal contabilización a las fallecidas con síntomas de haber padecido la dichosa enfermedad, pero que, a los efectos pretendidos por el Ministerio y, por ende, por el Gobierno Progresista de España, se dejaron y se siguen dejando fuera de tal contabilización aquellos casos en los que, realmente o muy presumiblemente, la infección del dicho virus hubiere sido la causa determinante o concomitante para provocar el fallecimiento del enfermo.

Así, el informe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, hecho público el lunes 6 de este mes y año, referido a datos de la Comunidad Autónoma de Catilla-La Mancha, objeto de su competencia, asevera que aunque en el mes de marzo de este año, las cifras oficiales declaraban fallecidas 708 personas COVID-19, en realidad fueron 1.921 los relacionados con esta enfermedad, por lo que sumando los casos probables (verosímilmente), los muertos, en realidad, casi triplican los datos oficiales.

Para llegar a tales conclusiones, el Alto Tribunal Castellano-Manchego, incluye en el conteo no sólo a las victimas confirmadas de coronavirus, sino también a aquellas otras sospechosas de haber sufrido el virus como factor final de su muerte aun a falta de comprobación irrefutable, pues toma en cuenta los casos “verosímiles”, como refiere el informe, citando el Diccionario de la Real Academia, “que parece verdadero o es creíble”. Según refiere en el informe, su Presidente, Sr. Rouco Varela, los forenses de su demarcación le comunicaron un “aumento significativo de la mortalidad desde un primer momento, aunque no siempre aparecía referenciado a la infección por el virus…si bien todos los indicios y síntomas de las patologías inmediatamente causantes de la muerte apuntaban a dicha infección como causa principal o determinante”. Asimismo, el informe recomienda recoger como supuestos sospechosos “también aquellos en los que concurrieren patologías inmediatas o intermedias relacionadas con el virus como infección o fracaso respiratorio o pulmonar o neumonías”, y ordena a los médicos forenses su colaboración “con los Registros Civiles en la revisión y examen de las inscripciones donde las certificaciones ofrezcan sospechas verosímiles de que la causa inicial o fundamental del fallecimiento pueda ser debida a probable infección por COVID-19”, así “como velar cumplidamente porque las certificaciones médicas de defunción que se presenten en el Registro Civil contengan la expresión de las causas de la muerte, no solo inmediatas o intermedias, sino la causa inicial o fundamental”.

Como no podía ser de otra manera y ante el escándalo y la alarma de que, con la que está cayendo, el Gobierno Progresista de España siga en su política de la mentira, la ocultación y la falta de transparencia, escondiendo en la cabeza bajo el ala como los avestruces, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, salió a la palestra a fin de contrarrestar esta nueva ardid criminal del Gobierno Progresista de España, declarando que la región está cumpliendo las instrucciones dictadas por el Ministro de Sanidad en cuanto al recuento de fallecidos por Covid-19 “a rajatabla”, de la misma forma que lo hacen el resto de Comunidades Autónomas explicando (sin que se pusiera roja, ya sabemos por qué) que se siguen las instrucciones dictadas con parámetros “científicos, sanitarios y epidemiólogos, que son los mismos para todas las regiones” ,cabiendo preguntar que si tales parámetros parten del “experto”, otrora Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Gobierno, y hoy recompensado con una Subdirección General, Fernando Simón, ¡que Dios nos coja confesado y el manto de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, nos acoja y preste protección¡ Porque ante las predicciones erróneas, por falta de conocimientos o por sumisión a los dicterios del Gobierno, o ambas cosas a la vez, lo que se merecería en vez de este premio, sería echarlo a la calle como un monumental puntapié en su antifonario, aunque conociendo los mimbres que nos gobiernan, no sería de extrañar que le condecorasen con la Gran Cruz de San Fernando o una proposición para el Premio Nobel de la Paz, porque el de medicina les sabría a poco.

Y en este intento de echar balones fuera y la culpa al mensajero o al primero que pasaba por allí, el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aseveró que esa desigualdad en las cifras se debe a las limitaciones del sistema informático, aunque aseguró que “pulirán” (más valiera que se quede quieto parao que, en su caso, más bien sería que le Gobierno en pleno pasara por el pulidor) los métodos de conteo, con lo que al final se ajustarán las cifras del Ministerio con las del Organismo Judicial Regional. Una excusa más de mal perdedor, tal como las que acostumbra dar la mosquita muerta que últimamente sale en las ruedas de prensa, en sustitución del citado Simón, cuyo nombre no recuerdo ni tengo interés en conocerlo, y que parece más una oradora de convento ministeriales, que supongo será la suplente del citado Simón, que, de ella sí, cuyo nombre no recuerdo, y que parece más una oradora de convento, con que el repunte del martes y miércoles pasados, se debe a que en el fin de semana hay problemas de comunicación, lo que, de ser cierto, también lo sería, que los muertos contabilizados de más esos dos días, habría que achacarlos a los anteriores, o sea, que en nada empece a cambiar el orden de los factores, que no altera el producto, pues la realidad es dura, más bien durísima. Y en la misma línea, del desilustrado Ministro de Sanidad, Salvador Illa, (cuyo nombre es un pleonasmo), al insistir que, en España, aunque probables, sin un diagnostico certero (como todos los que llevan entre manos desde los albores de la crisis este Gobierno Progresista de España y adláteres), no computan.

Y este cachondeo sangrante y criminal se repite en todas las Comunidades Autónomas, pues como ha puesto de relieve el Consejero de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid, Enrique López, en entrevista en Es Radio, entre el 15 y el 31 de Marzo de 2.020, fallecieron en dicha Comunidad 5.950 personas, casi seis veces más que en el mismo período del año pasado, en que murieron 1.100. Y si se atiende al informe del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria en España, entre el 17 de Marzo y el 4 de Abril del corriente año se dispararon en toda España los datos de mortalidad un 47’2%, con respecto a años anteriores, duplicándose o triplicándose en algunas Comunidades, como Castilla-La Macha (un 188’2%), Castilla y León (un 159’5%), Navarra (un 143’2%) o Madrid (un 111’4%).

Y si hiciera falta algún dato más, que le pregunten a los proveedores de ataúdes y a las funerarias, que no dan abasto y las morgues que se han improvisado sobre la marcha para albergar tal cifra de fallecimientos, por ejemplo, el Palacio del Hielo de Madrid o el mismo en Majadahonda, o el malhadado Palacio de la Justicia de Madrid o en plantas de garajes habilitados al efecto.

En cualquier caso, hay que poner de relieve la valentía de nuestro Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con su Presidente, el Excmo. Sr. Don Vicente Rouco Varela, a la cabeza, que ha actuado con arreglo a la ley, en defensa de los derechos de los ciudadanos pisoteados por el Gobierno Progresista de España, poniendo una luz en el sentido de que aún hay jueces y magistrados que se toman en serio su función y dejan clara su independencia respecto de los otros dos poderes, el Legislativo y, sobremanera, el Ejecutivo. ¡Qué buen vasallo, si hubiese buen señor! (Aunque aquí quizá pegaría más el dicho al revés).

Miguel Ángel Vicente Martínez a 15 de Abril de 2.020

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