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La Ley de Enjuiciamiento Criminal vuelve a escena ante una posible reforma del Gobierno

miércoles 15 de abril de 2020, 12:42h
El Ejecutivo intentará que los jueces no se hagan cargo de la fase de instrucción de las causas penales y esta responsabilidad pase a los fiscales

No es una propuesta nueva. En los últimos diez años hasta tres veces se ha intentado modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en ninguna de las ocasiones se alcanzó el objetivo de que sean los fiscales quienes se hagan cargo de la fase de instrucción de las causas penales y no los jueces. Antes de que acabe el 2020 el Gobierno de Pedro Sánchez, de la mano del ministro de Justicia Juan Carlos Campo, buscará que este cuarto intento sea el definitivo.

Tanto el PP como el PSOE fracasaron anteriormente

Los antecedentes relacionados con intentos de reforma de esta ley no son precisamente halagüeños. El ministro de Justicia de Zapatero, Francisco Caamaño, ya fracasó en la primera proposición del año 2010. En aquella ocasión el Partido Popular se opuso a la modificación, a pesar de que años más tarde tanto Alberto Ruiz-Gallardón (2013) como Rafael Catalá (2017) siguieran los mismos pasos de su homólogo del PSOE. También sin éxito.

Por aquel entonces las propuestas del Partido Popular no contaron con el apoyo de un Partido Socialista que ahora sí considera oportuno afrontar ese cambio. Desde el Ejecutivo califican la reforma de esta norma de 1882 como un “reto nacional” y reconocen que se hará “escuchando a todos” y atendiendo a la experiencia de juzgados y tribunales, así como a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.

Difícil introducción

Arturo González de Dexia Abogados explica por qué no se logró modificar la ley en el pasado y afirma que “el principal escollo que encontraron las anteriores legislaturas es que el cambio que pretendían llevar a cabo era a nivel global”. Esto implicaba una modificación absoluta de la Ley que era muy difícil de consumar en pleno bipartidismo político, otro gran impedimento.

El afamado bipartidismo hacía prácticamente imposible introducir cambios legislativos, salvo contadas excepciones, debido al enfrentamiento que se daba entre los dos partidos que estaban al frente del Congreso”, analiza este letrado.

Estos errores del pasado se han eliminado en la propuesta actual. La idea de cambio total ha sido sustituida por una más viable de carácter parcial con especial énfasis en los puntos más urgentes. Además, considera que “la diversidad de formaciones políticas puede fortalecer la idea de legislar sobre el procedimiento penal de nuestro Ordenamiento Jurídico”.

Las posibles consecuencias del cambio

El objetivo que persigue este cambio es claro: intentar que la labor de los jueces al frente de la instrucción de las causas penales pase a los fiscales. En otros países de Europa como Alemania, Francia, Portugal, Italia o Suiza ya se utiliza este sistema de enjuiciamiento criminal. No obstante, ¿qué consecuencias provocaría su implantación en España?

En líneas generales, Arturo González considera que “estaríamos ante un nuevo sistema de enjuiciamiento criminal más globalizado” y España se pondría “a la altura de otros sistemas como el estadounidense o el británico donde la fase de investigación dista mucho de lo que encontramos hoy en día a nivel nacional”.

Esto supondría que “encontraríamos una fase de investigación más autónoma y eficaz y la acusación sería mucho más contundente que a día de hoy”, por lo que habría que garantizar que el hecho que se está enjuiciando tiene indicios de ser punible.

Si hubiera que profundizar en las consecuencias, el abogado aporta dos nuevas ideas. En su opinión “la figura de la presunción de inocencia tendría mayor peso que hoy en día” y “se daría celeridad a la fase de instrucción”, pues tal y como apunta “el plazo fijado con la nueva ley sería de doce meses desde que se toma la primera declaración en sede judicial al investigado”.

El paso del tiempo determinará si finalmente el Gobierno logra ejecutar esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Una norma que data de 1882 y que posiblemente origine más propuestas de cambio en el futuro. En cualquier caso, tanto jueces como fiscales coinciden en que es más importante que estas medidas se hagan bien a que se hagan rápido.
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