Por eso el Ejecutivo ha estado ya negociando con varios partidos esta convalidación y ayer por la noche logró ya el acuerdo con el PNV, que ha comprometido su voto a favor como hizo en la última prórroga de la alarma.
También está hablando el Gobierno con Ciudadanos, que igualmente votó sí en la última prórroga y que ahora, para dar su apoyo a este decreto ha reclamado "mejoras" en las medidas sobre protección de la salud, para "reforzar la prudencia".
Aunque a lo largo de ayer lunes se estuvo trabajando en el nuevo texto, las fuentes consultadas aseguraron a Efe que los cambios sobre el borrador de la semana pasada son finalmente "menores".
Dicho borrador apuntaba, entre otras cuestiones, que las mascarillas seguirán siendo obligatorias una vez finalizado el estado de alarma, y que habrá sanciones de hasta cien euros para quien no cumpla dicha obligación en espacios cerrados.
El borrador regulaba así la obligación del uso de mascarillas para personas de 6 años en adelante "en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento" de una distancia física de seguridad de entre metro y medio y dos metros.
Será obligatoria también en los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, o por ferrocarril, así como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio.
El COVID-19, enfermedad producida por la infección por el virus SARS-CoV-2, es una enfermedad de declaración obligatoria urgente según este borrador.
Esto supone que habrá que "facilitar a la autoridad de salud pública competente todos los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica" del virus que se requieran, "en el formato adecuado y en el tiempo oportuno, incluidos, en su caso, los datos necesarios para identificar a la persona".
La obligación afectará a todas las administraciones públicas y a todos los centros públicos o privados que dependan de ellas y su actividad "tenga implicaciones en la identificación, diagnóstico, seguimiento o manejo de los casos COVID-19", especialmente todos los servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios, así como a los profesionales sanitarios que trabajan en ellos.
Los servicios de salud de las comunidades autónomas tendrán que garantizar, asimismo, en todos los niveles de la asistencia y, en especial, en la atención primaria, que "a todo caso sospechoso de COVID-19 se le realizará una prueba diagnóstica por PCR u otra técnica de diagnóstico molecular, tan pronto como sea posible desde el conocimiento de los síntomas".
La "nueva normalidad" estará vigente hasta que el virus esté "derrotado"
El borrador de real decreto que estipula las medidas que regirán la vida de los españoles durante la "nueva normalidad" estará vigente hasta que el Gobierno dé por concluida, "de forma motivada", que la crisis sanitaria ha concluido y que el virus ha quedado "definitivamente derrotado".
Así lo ha explicado este martes el responsable de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha dado luz verde al borrador del real decreto de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
Una de las aportaciones que ha recogido el texto, tras haber sometido el primer borrador a las opiniones de las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial, es que la distancia de seguridad es de 1,5 metros, y no de "entre 1,5 y dos metros" como establecía el anterior.
Además, la vigencia de la nueva normalidad durará hasta que el Ejecutivo declare, "de forma motivada, habiendo escuchado a las comunidades en el seno del Consejo Interterritorial de Salud y previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que esta crisis sanitaria ha concluido".
"O sea, hasta que no tengamos definitivamente derrotado el virus", ha incidido el ministro.
Según Illa, este real decreto "se ha elaborado con el mayor número de aportaciones para que el texto fuera mejorado". "Nunca ha habido una pretensión de invasión de competencias", ha destacado Illa.
Con esas aportaciones, se ha modificado también la disposición adicional segunda, que apareja a su vez dos cambios de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003: uno, para especificar que las actuaciones de coordinación de salud "se pueden dar en caso de emergencia sanitaria"; y otro, el del artículo 65 bis en materia de información y la obligación de dar todos los datos que sean requeridos para hacer frente a la pandemia.
Por lo demás, el texto mantiene el uso obligatorio de mascarillas cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad, que tendrá que imperar en centros de trabajo, docentes, sanitarios, hoteles y establecimientos hoteleros, entre otros.
Además, establece que las residencias deban tener preparados planes de contingencias para posibles rebrotes y otorga especial importancia a la detección precoz de la COVID-19, que será una enfermedad de declaración obligatoria.
Las medidas de prevención que deberán tomarse en la Liga de fútbol y la ACB "van a recaer en el Consejo Superior de deportes, previa consulta con los organizadores de ambas competiciones, con las comunidades y con el Ministerio de Sanidad".
En el ámbito de los transportes, los operadores tendrán que mantener los registros de los pasajeros con el correspondiente asiento preasignado con un mínimo de cuatro semanas para poder garantizar la trazabilidad en el caso de que se produjera algún caso positivo.
También se faculta a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios a recabar información de los fabricantes de las operaciones que estén llevando a cabo de producción que tienen prevista para garantizar la disponibilidad de estos y para organizar "eventualmente" la prioridad de su fabricación.
Cs pacta con el Gobierno reducir a 1,5 metros la distancia entre
Ciudadanos ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno para incluir varias de sus aportaciones en el real decreto ley que establece las normas a seguir una vez termine el estado de alarma para evitar rebrotes por el coronavirus. Entre ellas está la de reducir de 2 a 1,5 metros la distancia mínima entre personas, lo cual Cs espera que permita aumentar el aforo máximo permitido.
A través de un mensaje y un breve vídeo en Twitter, el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, ha destacado que el decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros representa "la primera pata del plan B" que exigía la formación naranja para "salir ordenadamente del estado de alarma".
"La medida incluye nuestras aportaciones y es imprescindible para seguir luchando contra el coronavirus y reactivar la economía", ha afirmado.
Entre esas aportaciones de Cs, ha mencionado que el objeto de la norma sea "prevenir frente a posibles rebrotes", que la distancia física exigida sea de 1,5 metros, que las empresas fomenten el teletrabajo y que, para el inicio de las competiciones deportivas, se tenga en cuenta el criterio de las comunidades autónomas, para que no se aplique "ningún tipo de privilegio y se puedan celebrar las competiciones en régimen de igualdad", según ha explicado.
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