El informe del Ministerio muestra una representación territorial de hechos relativos a delitos de odio en el año 2020 que sitúa a la cabeza a Melilla, con una tasa de delitos de odio de 11,48% por 100.000 habitantes, seguido de País Vasco con una tasa de 9,95%, Navarra con un 7,71% y Ceuta con un 3,56%.
Por provincias, Álava es la que mayor tasa de delitos de odio presenta con un 13,48%; le sigue Melilla con 11,48%; Vizcaya con el 10,26%; Guipúzcoa con 7,84%; Navarra con el 7,71%; Burgos con el 5,03%; Lleida con 4,56%; Albacete con 4,12%; Cuenca con 4,08% y Tarragona con 3,80%.
OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Andalucía presenta una tasa de delitos de odio por cada 100.000 habitantes de 1,8%; Aragón 1,9%; Asturias 2,4%; Baleares 2,5%; Canarias 2,2%; Cantabria 2,2%; Castilla-La Mancha 2,4%; Castilla y León 2,3%; Cataluña 3%; Ceuta 3,6%; Melilla 11,5%; Comunidad Valenciana 3%; Extremadura 2,2%; Galicia 1,7%; Madrid 3,3%; Región de Murcia 1,7%; Navarra 7,7%; País Vasco 10%; La Rioja 1,3%.
En 2020 se recogieron 1.401 denuncias en toda España por delitos de odio, mayoritariamente por racismo, ideología y orientación sexual. Pese a que en ese año la criminalidad disminuyó un 17,9% con respecto a 2019, los datos están "desvirtuados debido al confinamiento y las restricciones por la pandemia", según ha confirmado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en una rueda de prensa a los medios de comunicación.
De esas 1.401 denuncias registras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los delitos de odio se distribuyen entre los siguientes ámbitos: Racismo/xenofobia (485); ideología (326); orientación sexual e identidad de género (277); discriminación por sexo/género (99); creencias o prácticas religiosas (45); personas con discapacidad (44); antigitanismo (22); discriminación por razón de enfermedad (13); aporofobia (10); discriminación generacional (10) y antisemitismo (3).
El informe ha sido presentado este miércoles tras la reunión mantenida por el ministro Marlaska y el responsable de Área del Sistema Estadístico y Atención a Víctimas de la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Javier López Gutiérrez, en el marco