Detención en Cerdeña de Puigdemont. Page dice que ponerle delante de la justicia española es “una cuenta pendiente”

Durante un acto público en Cuenca, García-Page ha dicho que espera "con claridad" que esta "página que está todavía pendiente de resolver" termine por solventarse.

"No le deseo el mal a nadie, no me gusta que nadie entre en la cárcel, pero es evidente que la ley está hecha para todos. La misma ley que permitió que Puigdemont fuera presidente es la misma que está reclamando que se siente ante la justicia española", ha aseverado.

Ahora toca juzgar al expresidente y "que pueda tener condena, es que la merece", y "que la cumpla". "Siempre me han caído bien los italianos", ha bromeado.

"Me cuesta creer, como español que ama a Cataluña, que podamos superar los problemas si no se resuelve antes este conflicto. Teniendo esta piedra en el camino es difícil avanzar. Y todos tienen que responder ante la ley", ha dicho.

La democracia "no puede tener gente que ha dirigido un atropello constitucional fugada", y la ley "se aplica" igual para todos, "tanto para pagar impuestos como para hacer declaraciones".

Esto, además, "no se puede cubrir en parafernalias políticas", ya que "la ley es la ley", y quien la incumple, "tiene que asumirlo".

Puigdemont pedirá al TUE cautelarísimas para frenar la extradición y espera decisión en 72 horas

La defensa del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont prevé presentar este mismo viernes ante el Tribunal General de la Unión Europea el escrito para solicitar medidas cautelares que frenen la extradición del político catalán a las autoridades españolas y confían en que la Justicia europea se pronuncie de aquí al lunes.

"Vamos a presentar las cautelarísimas hoy mismo. Estamos terminando el escrito y tardarán entre 24 y 72 horas", ha confiado el abogado de Puigdemont Gonzalo Boye, quien ha matizado que no existe un plazo preciso en el reglamento del Tribunal con sede en Luxemburgo para estudiar las medidas cautelares.

El expresidente del Govern permanece detenido desde que fuera arrestado en la noche del jueves a su llegada al aeropuerto sardo de Alghero y está a la espera de pasar a disposición judicial "en las próximas horas", según ha indicado su abogado.

Una vez preste declaración ante el juez éste deberá decidir si procede a tramitar la orden de extradición o no y si considera que el reclamado debe continuar detenido mientras se resuelve el caso o puede quedar en libertad en Cerdeña.

La defensa de Puigdemont mantiene que la Policía italiana cumplió con su obligación de detener al reclamado porque saltó una alerta del sistema Schengen y no eran competentes para valorar los elementos del auto del Tribunal europeo, ya que es el juez quien tiene la potestad.

En este sentido, Boye ha recordado que Puigdemont ha viajado recientemente en al menos dos ocasiones a Francia sin ser detenido ni sometido a controles policiales ni judiciales, por lo que ha asegurado que el Tribunal de la UE "se va a sentir engañado" por la situación que se ha producido en Cerdeña.

En todo caso, Boye ya ha adelantado que preparan un escrito de medidas cautelarísimas para solicitar al TUE que le sea restituida la inmunidad parlamentaria, en base a lo que consideran un "engaño" de las autoridades españolas que han mantenido activa la euroorden pese a que el Tribunal con sede en Luxemburgo debe fallar aún sobre la decisión de la Eurocámara de aprobar el suplicatorio del Supremo.

Boye también ha confirmado que eran conscientes de que el sistema de alerta SIS II del espacio Schengen seguía recogiendo las euroórdenes emitidas contra Puigdemont y su exconseller Toni Comín, que no ha viajado a Cerdeña, pero que daban por bueno el compromiso de las autoridades españolas que queda recogido en un auto del Tribunal europeo del pasado 30 de julio.

En aquel auto, el vicepresidente del Tribunal rechazó medidas cautelares para devolverle la inmunidad a Puigdemont y Comín mientras se resolvía el fondo de la cuestión pero dejó abierta la puerta a que pudieran solicitarlas más tarde si eran detenidos.

El auto señalaba que las autoridades españoles "han indicado expresamente" que la remisión de las prejudiciales "implicaba la suspensión de las órdenes de detención nacionales e implicaba la suspensión de todos los procedimientos de ejecución de una euroorden susceptible de ser iniciada".

También añadía que las mismas autoridades españolas indicaron que "ningún tribunal de la Unión podría ejecutar las órdenes de detención europeas hasta que el Tribunal (europeo) dictara sentencia".

"En la hipótesis de que, con posterioridad a este auto, el perjuicio alegado pudiera sobrevenir con probabilidad suficiente, especialmente en caso de arresto por una autoridad de un Estado miembro o de la puesta en marcha de una petición para su entrega a las autoridades españolas, podrán introducir una nueva demanda de medidas cautelares", según explicaba el auto dictado el pasado 30 de julio.