Unas 150 ciudades españolas, en las que viven aproximadamente 25 millones de personas (que representan el 53% de la población total del país según estimaciones de varias organizaciones), deben aplicar ZBE. Esto incluye limitar el acceso a algunos vehículos a estas áreas, promover el transporte compartido y los puntos de recarga para vehículos eléctricos, entre otras cosas.
Organizaciones del sector automovilístico estiman que casi cuatro millones de vehículos sin etiqueta medioambiental estarán afectados por estas medidas en 2023, de los 11,5 millones de coches circulando en ciudades españolas que deben contar con una ZBE.
Sin embargo, la mayoría de los ayuntamientos aún no han definido la regulación local que determinará el funcionamiento específico de las zonas afectadas. Esto significa que en la práctica los conductores no experimentarán un cambio drástico de un día para otro.
La semana pasada, Aneval alertó de que solo una minoría de los ayuntamientos afectados (aprox. el 13%) habían comenzado a presentar sus medidas. Por ello, instaron a los consistorios a publicar sus normativas cuanto antes.
Pidió a la DGT que activen "cuanto antes" la plataforma en la que están trabajando para recopilar todos los reglamentos municipales de las áreas con bajas emisiones.
La DGT ha creado una plataforma para que los servicios de GPS avisen a los conductores sobre las limitaciones vigentes.
Normas generales.
En el último Consejo de Ministros de este año se aprobó un Real Decreto que regula las zonas de bajas emisiones. Este decreto establece los requisitos mínimos homogéneos que los municipios afectados tendrán que cumplir.
Las Zonas de Baja Emisión podrán aplicar regulaciones permanentes o temporales, como limitaciones al acceso, tránsito y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas restricciones se basarán en la clasificación de los vehículos por su nivel de emisión, según lo establecido en el Reglamento General de Vehículos actualmente vigente.
El Real Decreto indica que los municipios deben establecer metas cuantificables para reducir las emisiones hasta el año 2030, y que estén alineadas con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para desincentivar el uso del vehículo privado en comparación con otros medios de transporte.
Si se respetan los límites de contaminación, la norma permite el ingreso excepcional de vehículos contaminantes por motivos justificados, como aquellos que prestan servicios públicos esenciales, entre ellos los de emergencias o recolección de basura.
Influencia en el mercado.
Algunas estimaciones señalan que el 5% de las compras de vehículos en España ya se deben a la puesta en marcha de las ZBE para 2023.
El porcentaje de personas que compran un vehículo por necesidad es mayor (80%) que el de aquellos que lo hacen por aspiración o "capricho" (15%). Esta última cifra es menor que en años anteriores debido al efecto inflacionario.
Santa Cruz de Tenerife es la ciudad más afectada de España.
Según un estudio de Sumauto realizado a finales de octubre, Canarias presenta el mayor porcentaje de vehículos sin etiqueta en España.
Las ciudades canarias de Santa Cruz de Tenerife, Arrecife, San Cristóbal de La Laguna y Arona tienen el mayor porcentaje de vehículos sin distintivo medioambiental, con un 44,1%, 43,7%, 43,4% y 41,7%, respectivamente.
En segundo lugar está Ourense (41,7%), y después las ciudades castellanoleonesas de Ponferrada y León, ambas con un 39,6% de vehículos sin seguro.
En el otro extremo están Alcobendas (9,9%), Boadilla del Monte (11,6%) y Rivas Vaciamadrid (18,3%), todas ellas ubicadas en la Comunidad de Madrid.
Si (
No(
.jpg "El Ayuntamiento de Albacete aprueba sus Presupuestos para el año 2024 por valor de 212 millones de euros")
