El Gobierno de Castilla-La Mancha solicita una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal para discutir un modelo de financiación que garantice igualdad en el acceso a servicios públicos. Se opone a acuerdos que privilegian a comunidades ricas, como Cataluña, argumentando que rompen la cohesión territorial y el principio de igualdad.
La convocatoria “urgente” del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha sido solicitada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, quien espera que se realice incluso en los próximos días. El objetivo es que las comunidades autónomas de régimen común “podamos opinar y recibamos una explicación de lo que contiene el documento de la reunión”. Además, se ha exigido un modelo de financiación que asegure el principio de igualdad, permitiendo que la ciudadanía acceda a los servicios públicos con el “mismo nivel de calidad”, sin importar su capacidad económica ni la del territorio donde resida.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha presentado la postura del Ejecutivo autonómico en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Fuensalida, en Toledo. En esta ocasión, se abordó la reunión bilateral que tuvo lugar entre el Gobierno central y la Generalitat este lunes, donde se discutió la financiación singular para Cataluña.
En esta misma línea, el consejero ha expresado que el Gobierno de Castilla-La Mancha se opone a este acuerdo bilateral. Este acuerdo sostiene que “quien más tiene, tiene derecho a mejores servicios públicos” y, según este modelo en España, existirían dos velocidades: “la de las comunidades autónomas más ricas y de las menos ricas”.
Según ha relatado, se considera “un despropósito, un acuerdo injusto y egoísta” que únicamente otorga privilegios a Cataluña en perjuicio del Estado español y de las demás comunidades autónomas. Esto implica “trocear la riqueza del país”, que debería estar al servicio del interés general, pero que en cambio se destinará a beneficio de unos pocos. Este planteamiento surge de una reunión que intentó conferir un carácter institucional a lo que hasta ahora era simplemente un pacto entre partidos políticos.
Un documento que se considera "ambiguo".
En este mismo contexto, el documento que surgió de la reunión ha sido objeto de valoración por parte de Ruiz Molina. Este ha señalado que “hemos tenido conocimiento, como siempre, a través de los medios de comunicación”. Además, lo ha calificado como un “trampantojo”, afirmando que “nos intentan engañar haciendo ver lo que no es”. Según sus palabras, se trata de un documento “ambiguo” que revela que “el modelo de financiación para Cataluña no deja de ser un concierto catalán”, similar al existente en el País Vasco y Navarra, aunque con algunas diferencias.
De este modo, todos los impuestos serían recaudados por Cataluña, ya sea “de forma troceada o de una sola vez”. Según se menciona en el documento, la comunidad pagaría al Estado una parte proporcional a las competencias que este ejerce en su territorio. Además, como novedad en comparación con el cupo vasco y navarro, Cataluña contribuiría al sistema mediante lo que se conoce como una mal llamada “cuota de solidaridad”, la cual estaría limitada en el tiempo y sujeta al “principio de ordinalidad”.
Un modelo que puede ser aplicado a otras comunidades autónomas.
Una de las novedades que se destaca en el texto es que, al referirse a la financiación específica para Cataluña, se menciona que es “extrapolable al resto de comunidades autónomas”. Esto implica, como ha señalado el consejero, que en una reunión bilateral donde solo está presente una región, se está estableciendo el sistema de financiación para las demás regiones de régimen común, “sin que ninguna haya participado”.
El responsable de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha destacado que “si el modelo que se puso ayer de manifiesto es tan bueno, hubiera sido más práctico y leal que hubiéramos podido participar todas las comunidades autónomas”. Además, ha señalado: “no me gustan los platos precocinados, a mí me gusta estar en los fogones”.
El consejero ha señalado que, si todas “nos acogiésemos a este sistema, que lo veo inviable, significaría que se eliminaría el papel constitucional que el Estado tiene sobre la redistribución de la renta y la cohesión territorial”, competencias fundamentales del Gobierno central.
La propuesta implica, como ha señalado, “convertiríamos al Estado en una comunidad autónoma más, que nos pediría más recursos para financiar los gastos comunes, como defensa, seguridad o política exterior”. En resumen, “asumir por parte de todas las comunidades el modelo que figura en el documento, supondría la desaparición del concepto de Estado, tal y como está definido actualmente”.
El principio de ordinalidad desafía el principio de igualdad de oportunidades.
El argumento de Ruiz Molina se fundamenta en la cuota de solidaridad y el principio de ordinalidad. En relación con la primera, ha afirmado que el documento indica que serán Cataluña o las comunidades con saldo positivo quienes determinarán “el cuánto, por cuánto tiempo y en qué condiciones estarían dispuestas a dirigir recursos al resto” de las regiones.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha aclarado que el principio de ordinalidad proviene de la palabra “orden”. Ha especificado que esto implica que si una comunidad autónoma ocupa el primer o segundo lugar en el ranking nacional de recaudación tributaria entre sus residentes, como es el caso de Cataluña o Madrid, entonces el volumen de recursos que reciban a través del sistema de financiación debe respetar ese mismo orden.
Así, se establece que “aquellas comunidades que acumulan un mayor número de residentes con rentas altas o mayor recaudación tributaria ‘per cápita’ tienen derecho a más financiación”, lo que implica que “si tienen derecho a más financiación estamos defendiendo que sus ciudadanos tienen derecho a unos mejores servicios públicos”.
La defensa de que “quién más IRPF paga, porque manifiesta una mayor capacidad económica, tiene derecho a ser mejor tratado en la sanidad o la educación públicas” que aquellos que aportan menos, ha sido señalada a los medios. Si esta situación se aplicara al IRPF que abonamos, el resultado sería este.
El principio de ordinalidad, según ha afirmado, “rompe el principio de igualdad de oportunidades, porque éstas dependerán no de la situación del ciudadano, sino del lugar donde viva”. Además, ha expresado su descontento por la forma en que se ha reflejado en un documento que parece que “lo resuelven de un plumazo”. En este sentido, ha comentado que “para hablar del principio de ordinalidad me hubiera gustado que se hubiera hecho en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera”.
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