La Junta de Castilla-La Mancha aprueba un presupuesto de 12.903 millones de euros para 2026

La Junta de Comunidades ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el año 2026, que alcanza un total de 12.903 millones de euros. Esta cifra representa una variación del 1,5 por ciento en comparación con el ejercicio anterior. Se trata de un presupuesto “totalmente comprometido con las personas y el progreso de Castilla-La Mancha” que sigue siendo el eje central de la gestión del Gobierno regional desde 2015.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha compartido esta información durante la rueda de prensa que tuvo lugar tras el Consejo de Gobierno en el Palacio de Fuensalida, ubicado en Toledo. En este evento, estuvo acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández, quien también participó en la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos para 2026.

Posteriormente, se ha llevado a cabo el registro del proyecto en las Cortes regionales para su correspondiente tramitación parlamentaria, con el objetivo de que pueda entrar en vigor el 1 de enero del año siguiente.

El total de la montante disponible, tras restar los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que poseen “un carácter extraordinario y temporal”, así como eliminar la parte vinculada directamente a la deuda pública, se traduce en un gasto no financiero que alcanza los 10.777 millones. Esto representa una variación del 7,2 por ciento y, en cifras absolutas, implica contar con 720 millones adicionales en comparación con el ejercicio de 2025, lo que significa que hay recursos financieros suficientes para cumplir con los compromisos adquiridos con la ciudadanía.

De acuerdo con Ruiz Molina, el presupuesto se ha diseñado en un “escenario de normalidad y estabilidad política e institucional en la región”. Esto contrasta con un contexto nacional caracterizado por una notable incertidumbre, donde no existen presupuestos generales ni metas claras de estabilidad y deuda pública para 2026. Estas cuentas representan el principal recurso del Gobierno para alcanzar los compromisos asumidos en la mejora de la calidad de vida de la población.

Se espera que estos avances “permitan avanzar en la senda de progreso y prosperidad iniciada en 2015”, lo cual se refleja en los recientes datos económicos publicados, situando a la región en un “escenario muy positivo”. En este contexto, se ha señalado que las agencias internacionales de calificación, Fitch y Moody's, han mejorado la categoría crediticia de la región. Además, el Banco de España ha dado a conocer los datos sobre la Deuda Pública correspondientes al segundo trimestre de 2025, donde Castilla-La Mancha “se posiciona como la tercera comunidad que más ha disminuido el peso de la deuda en relación con el PIB” desde que García-Page asumió la presidencia.

El objetivo de estas cuentas es involucrar a toda la ciudadanía en la riqueza que, como sociedad, “somos capaces de generar”. Este compromiso se implementará con el fin de fortalecer la cohesión social y consolidar el Estado del Bienestar. Además, se busca contribuir al crecimiento económico de la comunidad mediante el fomento de la actividad empresarial y la creación de empleo.

Ruiz Molina ha comentado que el presupuesto del año 2026 se distingue por tener como eje central el gasto social, especialmente en lo que respecta al Estado del Bienestar. Este gasto se considera una prioridad y se logra mantener en equilibrio con un déficit cero, evitando así un aumento en la deuda de la comunidad. Además, se acompaña de la aprobación de reducciones fiscales, tal como lo mencionó el presidente durante el Debate del Estado de la Región.

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha dado a conocer los datos más recientes sobre la Contabilidad Regional de España, los cuales indican que “somos la tercera comunidad con tasa de crecimiento desde Pandemia”. Además, el último informe sobre el empleo ha revelado que nuestra región presenta la menor tasa de desempleo desde 2008, junto con más de 800.000 afiliaciones a la Seguridad Social. Estos datos se reflejan en el Índice de Confianza Empresarial, que vuelve a posicionar a nuestra región en la cima del ranking nacional.

Impulsando la transición ecológica y la transformación digital para consolidar el nuevo modelo económico de la región, basado en la sostenibilidad y la competitividad; y haciendo frente al reto demográfico, como uno de los “ejes transversales” de la política presupuestaria del Gobierno de Emiliano García-Page, a fin de facilitar el desarrollo integral de las zonas rurales.

7.555 millones de euros para el Estado del Bienestar

En relación con el gasto social, se van a destinar 7.555 millones de euros, 3.054 millones más que lo presupuestado en 2015 para financiar los servicios públicos fundamentales, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales, es decir, apuntalando la cohesión social en Castilla-La Mancha.

Cumpliendo un año más el compromiso adquirido por el presidente García-Page de destinar el 72 por ciento del gasto no financiero. Una importante inversión que va a permitir disponer de más profesionales; más infraestructuras y equipamiento; más servicios y ayudas, además de avanzar en innovación y digitalización.

Dentro de este importante volumen de recursos, y como ha adelantado el consejero, en sanidad se va a superar por primera vez la barrera de los 4.000 millones, “siendo de nuevo la partida de gasto más grande de nuestro presupuesto”, creciendo un 7,5 por ciento, lo que va a permitir, ampliar la plantilla de profesionales sanitarios, teniendo en cuenta que se va aprobar una nueva oferta de empleo público para 2025 y que se va a disponer de una de las mejores ofertas de formación para especialistas, para retener talento en la región, configurando uno de los sistemas de salud más atractivos.

Proseguir con el plan de infraestructuras sanitarias comprometidas, tanto en hospitales como en centros de salud; potenciar la capacidad resolutiva de Atención Primaria, apostando por la tecnología más puntera, así como robustecer la red de atención en salud mental, garantizando la continuidad asistencial especialmente en el ámbito domiciliario y comunitario; y apostar por la prevención, mejorando el calendario vacunal y ampliando el cribado neonatal hasta las 36 enfermedades.

En el área de Educación, Cultura y Deportes se van a destinar 2.500 millones de euros, un 5,3 por ciento más que en el presupuesto anterior, excluyendo los fondos MRR, y un incremento con respecto a 2015 de más de un 68 por ciento. Esta área permitirá ampliar la plantilla docente para bajar ratios, extensible a toda Primaria, mejorar horario lectivo del profesorado e impulsar la FP y reforzar la inclusión educativa.

Además, se va a proseguir con el plan de infraestructuras; la gratuidad de las plazas de 2-3 años a todos los municipios en el curso 2026-2027 y dotar de más plazas de transporte escolar; ampliar la oferta de plazas en comedores escolares y ayudas a las familias de los alumnos para que puedan usarlo y cumplir con los contratos de programas de las dos universidades públicas que operan en la región, consolidando la gratuidad de la matrícula para el primer curso.

El área de servicios sociales se supera por primera vez los 1.000 millones, un aumento con respecto a 2025 del 7,7 por ciento, excluyendo fondos MRR. Un presupuesto con el que se pretende incrementar la red de recursos asistenciales a personas mayores y con discapacidad, con más residencias, centros de día y viviendas; potenciar la atención a la dependencia; consolidar el Plan de Autonomía Digital; incrementar la plazas del Termalismo Social hasta las 8.400 y ampliar la oferta de Turismo Social para mayores de 55; y ampliar el número de servicios de atención temprana.

En relación con las políticas de gasto dirigidas a incentivar el desarrollo económico y a la generación de riqueza y empleo, desde una perspectiva de sostenibilidad, Ruiz Molina ha detallado que se destinarán 3.232 millones de euros, un 68 por ciento más que en 2015, que 1.475 millones se va a canalizar vía transferencia a las empresas.

Con objetivos como el fomento de la actividad empresarial tanto nacional como internacional; modernizar el tejido productivo, en innovación y tecnología; impulsar el empleo, para promover en la región un mercado laboral más dinámico, de calidad y estable; proseguir con el apoyo firme al sector primario; acelerar la transición ecológica, para seguir avanzando en sostenibilidad medioambiental; mejorar la red de carreteras y transportes; y promover, en el marco de las competencias regionales, un parque inmobiliario accesible, “con importantes incentivos fiscales”.

Reto demográfico

Durante su exposición, el consejero se ha detenido en el apartado dedicado al reto demográfico y ha especificado que en 2026 el proyecto de presupuestos va a reflejar el compromiso del Ejecutivo autonómico de actuar de manera decidida en este ámbito, y que se plasma en las políticas recogidas en la Estrategia Regional frente a la Despoblación que va a disponer de 2.116 millones, con un crecimiento del 4 por ciento respecto al anterior ejercicio.

Y que, si se compara con la presupuestada en el año 2023, el primero en el que se cuantificaron estas partidas, supone un incremento del 23,5 por ciento, 402,2 millones más, consolidando a Castilla-La Mancha como una comunidad autónoma “pionera” a la hora de abordar el reto demográfico.

Por su parte, las operaciones de capital, es decir, las inversiones que se destinan a favorecer la actividad productiva y de ampliación de infraestructuras en el ámbito de los servicios públicos, cuentan con 1.560 millones de euros, lo que supone una variación del 16,3 por ciento respecto a 2015, multiplicando por 2,5 su cuantía en los últimos diez años.

El consejero ha indicado que este volumen de recursos va a consolidar y modernizar, en ámbito de la transformación digital la red de infraestructuras vinculadas a los servicios públicos; incentivar la inversión en sectores productivos; promover las infraestructuras básicas que refuercen la competitividad empresarial; impulsar el sector de la vivienda, con un impacto directo en la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía; y reforzar la conservación y protección del medio ambiente para garantizar un desarrollo sostenible de la región.

Beneficios fiscales

En cuanto a los ingresos no financieros, el responsable de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha explicado que el 68 por ciento, 7.814 millones, provienen de las aportaciones a la región por el Sistema de Financiación Autonómica; en segundo lugar, de las transferencias del Estado y la UE, que asciende a 2.166 millones, y lo restante de los tributos cedidos que se gestionan desde la región, como es el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

En esta línea de ingresos, y en referencia al endeudamiento, el consejero ha mencionado el esfuerzo que se viene realizando en relación con la magnitud con la que se evalúa a la Comunidad Autónoma, que es el porcentaje de deuda con respecto al PIB, en cuyo caso ha señalado que se pone de manifiesto el esfuerzo realizado, para “cumplir el compromiso adquirido con la ciudadanía”, y que deja claro de nuevo el interés del Gobierno regional en que salga adelante la condonación de la deuda, por la que se reduciría el porcentaje de deuda sobre el PIB.

En relación con los beneficios fiscales, esto es, los ingresos que la Administración deja de percibir por las deducciones y bonificaciones fiscales ya aprobadas, el consejero ha señalado que el Gobierno regional no sólo ha “mantenido su compromiso de congelar la presión fiscal desde 2015”, sino que también ha reducido “el esfuerzo fiscal con la aprobación de nuevas desgravaciones fiscales que benefician a familias, jóvenes, para incentivar la actividad empresarial o luchar contra la despoblación”. Unos beneficios fiscales, que se han incrementado un 118,5 por ciento desde 2015, con un incremento en términos absolutos de 211 millones.

Y ha destacado que, para este año se estima un volumen de beneficio fiscal de 389,2 millones, con una variación del 17 por ciento respecto al año anterior; que las desgravaciones vigentes en materia de vivienda van a suponer un ahorro de 84,3 millones, en materia de despoblación se estima un 60 millones, mientras que las desgravaciones que benefician a personas con discapacidad serán de 21,3 millones.

Es, por tanto, y así ha concluido el consejero, un ejercicio de transparencia, con el que se quiere explicar a la ciudadanía la forma en la que se devuelven los impuestos que pagan, como bienes y servicios, y hacerlo para facilitar la vida a quienes lo tiene más difícil. Y se quiere hacer desde “el rigor y la responsabilidad”, siendo un presupuesto “comprometido con las personas y el progreso de Castilla-La Mancha”.