Madre denuncia violencia escolar en Olías y Educación asegura haber actuado rápidamente

Marta Vázquez, madre de una niña de 6 años que cursa 1º de Primaria en el CEIP Pedro Melendo García, ubicado en Olías del Rey, ha denunciado una serie de episodios de violencia perpetrados por un alumno que se incorporó al centro en septiembre. La Consejería de Educación ha defendido su actuación, asegurando que han respondido "de manera inmediata y continuada" desde que la Inspección de Educación tuvo conocimiento de los hechos.

La madre describe situaciones alarmantes: "Golpes, empujones, patadas, lápices clavados en el cuello, mochilas rotas y meriendas pisoteadas". Según Vázquez, estos incidentes son de "extrema gravedad" y afectan a varios menores. Tras meses sin respuestas satisfactorias por parte de las autoridades educativas, Marta decidió acudir a los medios para visibilizar esta problemática que comenzó poco después del inicio del curso escolar.

Demandas y acciones tomadas

Marta ha dirigido escritos a la dirección del centro, a la Inspección Educativa y a diversas autoridades, incluyendo al consejero de Educación y al presidente de Castilla-La Mancha. Se opone a cambiar a su hija de colegio y cuestiona: "¿Dónde termina la inclusión y empieza el derecho a la seguridad?". En declaraciones recientes, relató que los niños comenzaron a contar en casa sobre los episodios violentos protagonizados por el nuevo alumno. Un incidente particularmente grave llevó a la profesora a ordenar a los estudiantes salir corriendo del aula mientras gritaban pidiendo ayuda.

Tras este episodio crítico, varios padres visitaron el centro para exigir atención. Sin embargo, enfrentaron dificultades para ser escuchados. Ante la falta de soluciones efectivas, Marta empezó a presentar escritos formales y contrató un abogado. Algunos niños comenzaron incluso terapia psicológica debido al miedo que sentían hacia el colegio.

Intervenciones y cambios en el aula

En respuesta a la situación, se han movilizado recursos adicionales en el aula para asegurar la presencia constante de entre dos y tres adultos. Después de insistir durante semanas, Marta logró una reunión con José Gutiérrez, delegado provincial de Educación. A finales de octubre se incorporó un Maestro de Pedagogía Terapéutica (PT), inicialmente a media jornada y luego a tiempo completo. Aunque esto ayudó a contener parcialmente la situación, Marta considera que sigue siendo insuficiente.

A inicios de enero, tras las vacaciones escolares, los recursos se redujeron nuevamente y las agresiones resurgieron. Actualmente hay una denuncia formal por agresiones e incluso presencia policial en el centro educativo. Además, otra alumna con conductas agresivas se ha sumado al aula, lo que agrava aún más la situación.

La perspectiva educativa

Desde la Consejería de Educación han negado cualquier acusación de silencio institucional o falta de acción. Afirman haber actuado desde el primer momento en que se conoció la situación y aseguran haber mantenido comunicación constante con las familias afectadas. El delegado provincial recibió personalmente a los padres y propuso dotar al centro con un recurso completo de Pedagogía Terapéutica.

Aseguran también que todos los escritos presentados han sido respondidos adecuadamente aunque no siempre cumplan con las expectativas familiares. Desde Educación enfatizan que deben equilibrar las necesidades diversas del alumnado mientras garantizan derechos fundamentales como la seguridad y bienestar.

Conclusiones sobre la intervención

La Consejería sostiene que las medidas implementadas son sistemáticas y coordinadas para atender cada caso particular sin comprometer la confidencialidad. Además, aclaran que la reciente incorporación del nuevo alumno se realizó conforme a normativa vigente y su integración está siendo evaluada cuidadosamente.

Marta Vázquez continúa demandando mayor transparencia en el manejo del caso y lamenta no haber encontrado apoyo oficial suficiente durante estos meses críticos. Su lucha pone sobre la mesa una cuestión fundamental: ¿dónde termina el derecho a la inclusión educativa cuando está en juego la seguridad física y emocional de otros niños?