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Castilla-La Mancha impugnará al Gobierno por el trasvase Tajo-Segura
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Castilla-La Mancha impugnará al Gobierno por el trasvase Tajo-Segura

La región busca establecer un nuevo marco legal para la gestión del agua, en respuesta a las preocupaciones sobre el trasvase y sus implicaciones ambientales

viernes 27 de marzo de 2026, 14:34h

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio para la Transición Ecológica, exigiendo nuevas reglas para el trasvase Tajo-Segura. El presidente Emiliano García-Page anunció esta decisión durante la inauguración de una bodega en Albacete, lamentando que se vea obligado a denunciar al Gobierno por el incumplimiento de sentencias del Tribunal Supremo sobre los derechos del agua en la región. Esta acción se produce tras años de lucha por la defensa de los recursos hídricos en Castilla-La Mancha.

El Gobierno de Castilla-La Mancha se prepara para aprobar, en el Consejo de Gobierno del próximo martes, un recurso contencioso administrativo. Este recurso tiene como objetivo reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la implementación de nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Durante un acto celebrado el viernes en Montealegre del Castillo (Albacete), el presidente regional, Emiliano García-Page, hizo este anuncio mientras inauguraba las nuevas instalaciones de la Bodega Cooperativa Santiago Apóstol. En su intervención, García-Page calificó como “doloroso” tener que denunciar al Gobierno de España por lo que considera un incumplimiento de sentencias relacionadas con el agua.

Sentencias y derechos del agua

El presidente se refirió a las cinco sentencias ganadas en el Tribunal Supremo que respaldan los derechos sobre el agua en Castilla-La Mancha, subrayando que estos logros no son fáciles de alcanzar. “Son años peleando”, lamentó García-Page, quien también destacó que han transcurrido “otros cuatro años sin cumplir con las sentencias”.

La situación actual refleja una creciente preocupación por la gestión hídrica en la región, donde la demanda por recursos hídricos se enfrenta a desafíos legales y administrativos. La aprobación del recurso busca establecer un marco más claro y justo para la explotación del trasvase, en un contexto donde el acceso al agua es vital para diversas actividades económicas y sociales.

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