El exalcalde de Malagón, Luis Carlos Segura, ha solicitado su regreso al Pleno municipal tras la declaración de nulidad por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ciudad Real, que invalidó la resolución que aceptaba la renuncia de cuatro concejales de Somos Malagón, incluido él mismo. Esta decisión se produce después del pleno celebrado el 2 de julio de 2025, justo un día antes de la moción de censura que llevó a Adrián Fernández del Partido Popular a la Alcaldía.
En declaraciones recientes, Segura ha enfatizado que esta sentencia representa "un reconocimiento a sus derechos" y subraya que la condición de concejal no puede ser revocada sin seguir el procedimiento legal correspondiente. "No se puede privar a alguien de su condición como concejal sin respetar los procedimientos establecidos", ha afirmado.
Defensa de su posición
El exalcalde sostiene que ni él ni los otros tres ediles de Somos Malagón presentaron renuncia durante ese pleno extraordinario, que tenía como único punto en el orden del día su propia dimisión. Según Segura, la sentencia ha venido a "colocar en su sitio todo este desorden", indicando que la renuncia no fue tramitada adecuadamente.
"La sentencia es clara: somos concejales electos a todos los efectos legales", ha declarado Segura. Aseguró que, conforme a lo estipulado en la resolución judicial, los cuatro miembros de Somos Malagón deberían mantener sus actas, dado que no se cumplió con las formalidades necesarias para perder tal condición.
Contexto político tenso
La renuncia de Segura se produjo en un clima político muy tenso en Malagón. Según explicó, tomó esta decisión para intentar asegurar la continuidad de un gobierno progresista después de que uno de los concejales tránsfugas del PSOE señalara que él era el obstáculo para facilitar la investidura de otro alcalde distinto al 'popular' Adrián Fernández.
El pleno del 2 de julio solo contemplaba la renuncia del exalcalde como alcalde; sin embargo, la supuesta dimisión de los cuatro concejales no estaba registrada en el orden del día ni había sido presentada previamente para su consideración por parte del Ayuntamiento, como concluye la sentencia.
Consecuencias sobre plenos posteriores
Segura ha advertido sobre las posibles repercusiones que esta sentencia podría tener en las actividades municipales desde entonces. Considera que él y los otros tres concejales debieron ser convocados a los plenos celebrados posteriormente. Si se reconoce su condición como concejales desde el 2 de julio de 2025, podrían solicitar la nulidad de esos plenos donde no fueron convocados.
Respecto a la moción de censura que permitió al PP hacerse con el control del Ayuntamiento con el apoyo de un concejal tránsfuga del PSOE, Segura mencionó que están evaluando otras vías legales más allá del asunto relacionado con la falta de convocatoria.
Búsqueda de soluciones administrativas
Segura reiteró que el objetivo principal detrás de este proceso judicial es recuperar su estatus como concejales. Antes de recurrir a las instancias judiciales, intentaron resolver la situación administrativamente hablando con el actual alcalde, Adrián Fernández. "Tendimos nuestra mano antes y no atendió nuestra solicitud", indicó.
La demanda contencioso-administrativa fue presentada en noviembre de 2025 tras agotar todas las vías administrativas disponibles y ante la desestimación por silencio administrativo. Además, Segura advirtió sobre las consecuencias económicas ya generadas para el Ayuntamiento debido a una condena en costas en primera instancia y los costos asociados al análisis posterior sobre los plenos donde afirma que no fueron convocados pese a mantener sus actas.
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