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El alcalde de Hellín confirma que hará lo posible para derogar el decreto de las 860 hectáres de regadío, las del pelotazo del PP

Emilio Sánchez
Emilio Sánchez
sábado 11 de julio de 2015, 16:20h

El alcalde de la ciudad confirmó el escrito que hace unos días ha enviado al presidente de la 

Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), en el que le solicita formalmente una reunión en la que intentar derogar el Decreto que aprobó el anterior Gobierno de Castilla-La Mancha, para declarar más de 860 hectáreas de secano en regadío.

En paralelo a ese encuentro, que Ramón García sea en el menor plazo de tiempo posible, el Gobierno tiene previsto resolver todas las dudas que tiene al respecto de esta polémica declaración, por lo que el alcalde aseguró que revisarán con detenimiento el expediente, el proceso previo que se siguió hasta la aprobación y si ésta fue una decisión unilateral de la anterior presidenta de la Junta: «porque si luchamos con decisión para detener este Decreto tiene que ser con conocimiento de causa y dando los pasos adecuados».

Ramón García, en el día en que Pedro Ruiz Santos tomaba posesión como nuevo delegado de la Junta en Albacete, reconoció que ya habían concertado una entrevista la próxima semana, ya que el ex alcalde de Villarrobledo será el intermediario, en ocasiones del Gobierno, en las reclamaciones que se realicen, junto a la nueva Consejería de Agricultura, sobre un tema que el primer edil municipal reconoció abiertamente “nos preocupa”.

Éste ha sido uno de los primeros temas que el nuevo Gobierno municipal ha decidido abordar para intentar buscar una solución, hacia lo que ha considerado, desde que el anterior Consejo de Gobierno tomó esta decisión, aun estando en funciones, «era algo injusto, insolidario y perjudicial» para los intereses de los regantes de la zona de Agramón, La Horca y Minateda.

Sobre este particular, el ex alcalde, Manuel Mínguez, reveló que, el pasado jueves, tres técnicos de la CHS se desplazaron hasta Cancarix con el fin de llevar a cabo una serie de medidas sobre el terreno que se incluye en el expediente de la declaración, aunque aclaró que la Confederación no tiene potestad para anular un Decreto que aprobó la Junta de Comunidades.

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