la razón a CCOO, al igual que a UGT y STAS, contra la decisión de la Junta de suprimir en agosto de 2012 unas 700 plazas de empleados públicos, de las que unas 400 estaban cubiertas por interinos.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, se estima el recurso de CCOO contra la orden de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario, Escala de Sanitarios Locales en las especialidades de Farmacia y de Veterinaria.
La sentencia ha sido dictada el 29 de julio de 2015, seis meses después de la que dictó el TSJCM por los recursos que presentaron UGT y STAS por el mismo asunto.
Estos sindicatos optaron por recurrir alegando que se había vulnerado el principio de negociación colectiva, con lo que se había violado el derecho constitucional a la libertad sindical, mientras que CCOO amplió el recurso con otras cuestiones como "la falta de motivación de la supresión de las plazas o la razonabilidad de la medida de cesar al personal interino", una tramitación más lenta.
En enero de 2015, el TSJCM obligó a la Junta a readmitir a los interinos despedidos y a que se les abonase el dinero dejado de percibir.
La secretaria regional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Carmen López, ha recordado que "parte de estos trabajadores y trabajadoras fueron readmitidas para después volver a ser despedidas por el Gobierno de Cospedal", según ha informado el sindicato en nota de prensa.
"Una vez más los tribunales nos dan la razón", ha celebrado López, quien ha lamentado que en los últimos cuatro años han "tenido que ser los tribunales quienes digan la última palabra, con numerosas sentencias recriminando y sancionado la actitud antisindical del Gobierno de Cospedal, que desde el inicio de la Legislatura se caracterizó por falta de diálogo y negociación".
Para resolver el recurso de CCOO, el TSJCM recurre a la sentencia anterior, que recoge que hubo "ausencia de una real negociación con posibilidad de ser eficaz".
Además, obliga al Gobierno de Castilla-La Mancha a pagar las costas procesales. EFE
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