Antonio Martínez y Victoria Delicado, respectivamente, informaron esta mañana que ambas formaciones políticas han solicitado la comparecencia en pleno de dos concejales de Equipo de Gobierno de Carmen Bayod con objeto de esclarecer los motivos que les impulsaron a designar como jefa de servicio de la Gerencia de Urbanismo a la única funcionaria del Ayuntamiento de Albacete que tiene una causa abierta con la justicia.
Esta petición de comparecencia de los concejales de urbanismo, Francisco Javier Díaz de Prado, y Personal, José Luis Serrallé, prevista en el artículo 118 del Reglamento Orgánico Municipal, se debatirá en el Pleno Municipal que se celebrará mañana y, de no oponerse Carmen Bayod y sus concejales, tendría lugar durante la sesión plenaria correspondiente al próximo mes de mayo, en la que los ediles populares deberían responder a las preguntas, presentadas por escrito y con una antelación de 7 días, del PSOE e IU.
El objetivo de esta petición de comparecencia, tal y como explicó Antonio Martínez, “no pasa por agravar el calvario personal por el que, sin duda, está pasando la funcionaria, ni por poner en tela de juicio ni su honor ni su profesionalidad, sino por escuchar de viva voz las explicaciones de los dos concejales, que ostentan las delegaciones de Personal y de Urbanismo, sobre cuáles fueron los motivos que les llevaron a formalizar esta designación, que, aún siendo legal, constituye una torpeza política digna de explicación. Toda vez que se ha promocionado a la única trabajadora de toda la plantilla del Ayuntamiento de Albacete que tiene una causa judicial abierta, por la presunta comisión de unos delitos que pudieran estar íntimamente relacionados con el trabajo que tendrá que desarrollar, ahora, al frente de la Jefatura de Servicio en la Gerencia de Urbanismo”.
Asimismo, el portavoz socialista incidió en que “ya que parece que Carmen Bayod no ha encontrado ningún funcionario digno de su confianza para cubrir este puesto, para el que podría haber designado a cualquier funcionario, ya no del Ayuntamiento de Albacete, la Diputación o la Junta, sino del cuerpo general de funcionarios de toda España, al menos tendría que haber tenido la prudencia, de la que tanto alardea el Equipo de Gobierno ‘popular’ en otros asuntos, de posponer este nombramiento hasta que se resuelva la Instrucción abierta, en la que está encausada esta funcionaria, en un sentido o en otro”.
Tanto Antonio Martínez como Victoria Delicado coincidieron en su exposición en que a través de esta petición no se pretende abrir ninguna causa paralela contra la trabajadora en cuestión, “a la que respetamos como a cualquier otro trabajador o trabajadora municipal. Tampoco estamos prejuzgando nada, primero, porque no queremos; segundo, porque no es esa nuestra labor; y tercero, porque a cualquier persona le asiste el derecho de la presunción de inocencia”.
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