que han contado con el voto en contra de los 15 diputados del PSOE.
La resolución de Podemos ha salido adelante gracias al apoyo de los 16 parlamentarios del PP, mientras que la abstención de los dos diputados de la formación morada ha permitido que se haya aprobado la iniciativa presentada por el grupo parlamentario popular.
En su proposición, el PP insta al Gobierno de Castilla-La Mancha a que "de manera inmediata proceda a retirar el amianto en las diferentes parcelas de Toledo en condiciones de seguridad" en base a las competencias sobre este asunto que recoge el Estatuto de Autonomía.
Por su parte, Podemos realiza tres peticiones en su resolución, la primera hacer un estudio "exhaustivo" para conocer la ubicación y la cantidad total de amianto existente en Castilla-La Mancha, especialmente en el arroyo Ramabujas y en fincas colindantes, situadas a 300 metros de una zona residencial.
También reclaman iniciar los trámites para declarar estas zonas como suelo contaminado e iniciar su recuperación ambiental, así como coordinarse "de forma urgente" con otras administraciones, la Confederación Hidrográfica del Tajo y el Ayuntamiento de Toledo, para establecer un plan integral con el asesoramiento de expertos para la descontaminación de esta superficie.
Unas actuaciones que propone que sean independientes de las que plantee el Gobierno regional contra los responsables de vertidos para resarcir a la Junta de los gastos realizados.
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha pedido "no alarmar a la población" y ha advertido de que "no hay que hablar de desastres, ni catástrofes".
Martínez Arroyo ha admitido que es "un problema medioambiental, sin duda", y ha admitido que la Consejería es la autoridad en Castilla-La Mancha y tiene competencias sobre la materia y, por este motivo, ha tomado decisiones encaminadas a solucionar el problema del amianto desde que el PSOE llegó al Gobierno regional, algo que ha dicho que no hizo el PP en la anterior legislatura.
"Ejercemos nuestras competencias y las ejercemos desde la perspectiva de los análisis de la contaminación ambiental o de los efectos que este problema pudiera causar", ha expuesto el consejero, quien ha apuntado que el número de fallecimientos por amianto en Toledo es menor que en el resto de Castilla-La Mancha y de España.
Frente a las declaraciones del consejero, el portavoz de Podemos en las Cortes regionales, David Llorente, ha denunciado que el problema se encuentra desde el año 2000, cuando la empresa Ibertubo comenzó a tener problemas y acumuló los restos de amianto en las parcelas.
"Los residuos que se hallan en forma de lodo son los más abundantes, suponen una amenaza y un grave problema de salud pública", ha avisado Llorente, quien ha explicado que el amianto es una sustancia cancerígena y lo acumulado en Toledo es "una bomba de relojería que es urgente desactivar".
Con ello, ha criticado la "inacción" por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha y ha exigido a la Junta actuar "urgentemente", ya que "no puede eludir su responsabilidad".
En la misma línea, la diputada del PP Claudia Alonso se ha presentado como "una toledana que se siente engañada e indignada" y ha denunciado la "incompetencia literal" del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Alonso ha enseñado una noticia en la que la actual alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, en su condición de concejala, afirmó que el "amianto no es un problema para la salud", algo que ha rechazado y ha destacado que han sido los vecinos de este barrio toledano los que han logrado que el asunto tenga repercusión no solo local sino regional e incluso nacional.
Frente a estas declaraciones, la parlamentaria socialista Carmen Torralba ha defendido que el Gobierno de Emiliano García-Page "se puso a trabajar nada más tomar posesión en el mes de julio" para conseguir la retirada del amianto y ha destacado que "lo más importante es la voluntad de colaborar de las distintas organizaciones e instituciones".
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