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Deberes y alcohol (IV)

miércoles 30 de noviembre de 2016, 04:05h
Miguel Ángel Vicente
Miguel Ángel Vicente

Y mientras los partidos políticos discuten acerca de si son galgos o podencos, sigue en el aire y pendiente una Ley de Educación consensuada, dialogada y debatida, entre todos los partidos del arco parlamentario, duradera y perdurable en el tiempo y a la altura de los importantes, inexcusables e inaplazables retos del siglo XXI. En definitiva, abordar el tema de la formación y la educación de las futuras generaciones de españoles sobre una base sólida, basada en un amplio espectro sobre  el asiento de un verdadero y auténtico Pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas que eviten las zozobras, ansiedades, desasosiegos, inquietudes y preocupaciones que se han derivado de las hasta hoy ocho leyes educativas que han venido rigiendo esta trascendental materia, sobre todo las impulsadas bajo los vientos de la reinstauración de la democracia en nuestro país (o semidemocracia, que es la realidad), aprobadas, salvo la de 1.970, por las mayorías absolutas o bajo el auspicio de  gobiernos en minoría, apoyados por los partidos nacionalistas de turno a cambio de despedazar España, prácticamente por el rodillo o apisonadora de los partidos (PP y PSOE) figurantes en el escenario del Congreso de los Diputados y del Senado, y que han traído de cabeza a la comunidad educativa en general (alumnos, profesores y padres) creando una inquietud galopante y el desasosiego en la misma y cuyo resultado no ha sido otro que el fracaso y el abandono escolar, en los que, por cierto, esta España de nuestros sinsabores siempre ha copado las cotas más altas y que, además, ha supuesto para los concernidos una auténtica locura, en medio de un desconcierto general. Pues ocho Leyes, ocho, han sido las Leyes Educativas que durante esta democracia a medio gas de que disfrutamos, han intentado sacar a hombres y mujeres de provecho para garantizar el futuro del país, España, dentro del concierto internacional, y que todas, por hache o por be, por fas o por nefas, por una causa (o cosa) o por otra, no han hecho sino sumir en el desaliento y la desorientación a todos los implicados en la difícil, ardua e importantísima tarea de formar y educar a la juventud.

Recordemos la Ley General de Educación de 1.970, obra del Ministro José-Luis Villar Palasí, conocida por ello como “Ley Villar Palasí” y que estuvo vigente de forma parcial hasta 1.990; en 1.980 se aprobó la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE), que fue la primera Ley en materia de educación que se aprobó tras la Constitución de 1.978; en 1.985 le tocó el turno a la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE); en 1.990 nos sorprendió la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), que amplió la escolaridad obligatoria a los 16 años y permitió que las Comunidades Autónomas pudieran redactar un porcentaje importante de los contenidos curriculares; en 1.995 apareció la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG); en 2.002, Aznar impulsó la llamada Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOE), por la que pretendía reformar y mejorar la educación en España y que tras la llegada al poder de Zapatero se paralizó el calendario de aplicación de la misma por un Real Decreto de 2.004, sin que, por tanto, llegara a aplicarse; en 2.006 el Gobierno de José-Luis Rodríguez Zapatero elaboró la Ley Orgánica de Educación (LOE), que, entre otras novedades, introdujo la polémica asignatura de “Educación para la Ciudadanía”, permitiendo pasar de curso, con dos suspensos como máximo; y en 2.016 entró en vigor la actual Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), Ley 8/2013, de 9 de Diciembre, cuyas principales novedades consistían en la implantación de evaluaciones externas o reválidas en 4º de la ESO y en Bachillerato.

Esta última Ley, la LOMCE, aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy Brey, siendo Ministro de Educación  José-Ignacio Wert, aprobada por el rodillo Pepero, tan de moda en la anterior entera legislatura, y que obligó, tras numerosos encontronazos con las Comunidades Autónomas y la comunidad educativa, a la dimisión del Ministro a cambio de un cómodo y remunerado cargo en la Embajada de España ante la OCDE, en París, es la que se ha ido implantando paulatinamente y por etapas desde su aprobación, suponiendo uno de los principales temas controvertidos la reimplantación de las reválidas, que han sido tachadas de exceso por la oposición, en ese forcejeo y tira y afloja que respecto de la educación se viene observando desde la reinstauración de la democracia en nuestro país, en base a ese sentimiento de culpa absurdo y ridículo, sobre el tratar de liberar a nuestros jóvenes del trabajo excesivo, como si estudiar no fuera el verdadero y auténtico trabajo de los estudiantes, amén de asistir, religiosamente, o profanamente, a las clases correspondientes. Parece, vuelvo a repetir e insistir, que se ha impuesto la filosofía de que a los chavales de hoy hay que facilitarles todo, incluso el aprendizaje, sin que tengan que esforzarse lo más mínimo, llevándolos entre algodones. En fin, esta es una filosofía barata, imprudente e insensata, sobre todo de la izquierda, pero practicada también ya  de un tiempo a esta parte desde la derecha, que, en definitiva, pienso que no conduce sino a un fin último, que no es otro que el generar diplomados, graduados y titulados analfabetos, carentes del más mínimo interés por la  superación, la excelencia,  la ciencia y, en su caso, las artes, con la finalidad de robotizar a la ciudadanía, convirtiéndola en una masa amorfa, acrítica, inculta y analfabeta, en estado de zombi, cuyo fin último no es otro que el poder manipularla, como se manipulan los pollos en una granja de pollos, o los cerdos en una granja de cerdos, o sea, lo que Juan-Manuel de Prada, con grandísimo  y acertadísimo criterio, llama “la cretinización de las masas” (que también podría denominarse “la idiotización de las masas”),  con la inestimable e imprescindible ayuda de la telebasura, propiciando que cuanto menos sepan éstas, más manipulables serán por los dicterios de la clase política y pudiente que, como tales, ya se preocupan de mandar a formar y a estudiar a sus vástagos a acreditados colegios extranjeros donde se practican y aplican las auténticas y verdaderas normas de la formación y la educación.

Vuelvo a mi historia académica: yo tuve cuatro pruebas de superación o reválidas en mi currículum escolar, a saber: lo que se llamaba “el ingreso” para acceder de los estudios primarios al bachiller; una reválida en cuarto de bachillerato; otra reválida en sexto de bachillerato; y la prueba última de acceso a la Universidad, tras aprobar el Preuniversitario, sin que me avergüence haber sido la última promoción de los “chicos del Preu” que cantaba Karina, y sin que, vuelvo a repetir, me resintiera en modo alguno en mis estados físico y mental.

Ahora parece ser que el caballo de batalla está en las dichosas reválidas que han venido a reimplantar la LOMCE, al final de la ESO y del Bachillerato, consideradas como un esfuerzo inhumano e inasumible para los estudiantes de hoy en día, lo cual puede ser cierto, en cierto, grado, valga la redundancia, si tenemos en cuenta que los estudiantes dichos llegan a estos finales de etapa, con un currículum light, fruto del desarraigo y la mediocridad que imperan en el actual sistema educativo. Por ello, todos los grupos actuales parlamentarios de la oposición, en el Congreso de los Diputados, se pusieron de acuerdo para tramitar una proposición de Ley socialista de artículo único que suspende el calendario de implantación de la LOMCE, a lo que el Partido Popular, en principio, se opuso radicalmente, primero en la Mesa del Congreso, y después en el propio Pleno, tratando de torpedear tal iniciativa, aún no despierto del sueño de su anterior despótica mayoría absoluta, por lo que, tras recapacitar, acordó paralizar la entrada en vigor de las reválidas y aun cuando fueren realizadas, no darles carácter evaluativo y, por tanto, que la nota no cuente en el expediente académico.

Y, aunque el arma del Gobierno consiste en el tiempo, es decir, en dilatar la tramitación de la citada proposición de Ley en el Congreso y en el Senado y hasta que se apruebe definitivamente el texto admitido a trámite el pasado día 15, se mantienen en vigor en todos sus términos la LOMCE y todas las normas de desarrollo que de la misma ha aprobado el Gobierno.

 

MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ

30 de noviembre de 2.016

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