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La Junta de Castilla-La Mancha ha destinado más de 800.000 euros al programa "Acredita"

viernes 06 de enero de 2017, 15:56h

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha destinado más de 800.000 euros al programa "Acredita" que ha posibilitado que 5.100 personas hayan

 comenzado el proceso de acreditación de sus competencias sociosanitarias en atención a dependientes en domicilios e instituciones de la región.

El director general de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, Eduardo del Valle, ha explicado que de las 5.100 personas que participan en el procedimiento de obtención de su acreditación profesional ya han sido asesoradas 3.594 y, de ellas, están en fase de evaluación 2.230, según ha informado hoy en una nota de prensa la Junta de Comunidades.

El resto comenzará la fase de evaluación este mes de enero y se espera que acaben con la evaluación a finales de marzo, ha indicado el director general de Trabajo.

Del Valle ha señalado que con este procedimiento se pretende que las personas que participan consigan el correspondiente certificado de profesionalidad.

Con su consecución, podrán cumplir los requisitos de cualificación que se exigirán el 31 de diciembre de 2017 para aquellas personas que realicen las funciones de asistencia personal a personas en situación de dependencia y los auxiliares de ayuda a domicilio, así como los cuidadores y gerocultores que presten sus servicios en centros o instituciones sociales.

Para los participantes que no consigan acreditar todas las competencias profesionales del certificado de profesionalidad se programará formación de las unidades de competencia no acreditadas, para que todos tengan el certificado de profesionalidad.

De este modo, se ha logrado desbloquear el proceso de acreditación de competencias profesionales de personas con cualificación sociosanitaria que ya habían pagado sus tasas en 2014, aunque no pudieron conseguir el título necesario para ejercer su profesión "por la falta de consignación presupuestaria del anterior Ejecutivo ni en 2014 ni en 2015", ha afirmado Del Valle.

Esta situación "dejó en el limbo a muchas personas que habían pagado sus tasas con el objetivo de lograr una acreditación que necesitaban para mantener sus puestos de trabajo o para acceder a ellos, pero no llegaron ni a comenzar el proceso", ha añadido.

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