un escrito en el Ayuntamiento de Albacete con el objetivo de que no se vuelva a ver amenazada de derribo la vivienda familiar de Juan Carlos Gil, Lourdes Pérez y sus tres hijos –dos de ellos menores- en la zona de Casas Viejas.
En este sentido, Stop Desahucios exige que se cumpla el acuerdo de la propia Gerencia de Urbanismo de 31 de julio de 2013, que establecía el compromiso del Ayuntamiento de no proceder a la entrada y derribo de la vivienda, en zona no urbanizable, mientras que Juan Carlos y Lourdes no pudieran acceder a otra vivienda privada o pública, dado que el Ayuntamiento reconocía no sufrir un perjuicio inminente. En todo este tiempo, la familia, que reconoce que su única casa es ilegal, ha intentado acceder a otra vivienda, sin éxito, debido a que carecen de recursos económicos y a la muy escasa oferta de vivienda pública en la ciudad.
Sin embargo, a pesar del aludido acuerdo de 31 de julio de 2013, hace unas semanas se volvió a reiniciar el proceso por parte de la Gerencia de Urbanismo para ocupar la parcela y derribar la vivienda. Afortunadamente, después de varias acciones de la Plataforma Stop Desahucios, una recogida masiva de firmas y varios recursos judiciales, este proceso no se ha llegado a culminar, aunque podría volver a reactivarse en cualquier momento.
Por todo ello, ante esta situación, Stop Desahucios de Albacete solicita el compromiso firme y permanente de todos los grupos políticos del Ayuntamiento y especialmente del equipo de gobierno del PP, para cumplir el acuerdo de 31 de julio de 2013, no procediendo a reactivar ningún proceso para derribar la vivienda de esta familia mientras carezcan de recursos económicos para acceder a otra. Así mismo, se solicita que este mismo compromiso sea elevado al Ministerio de Fomento, ya que esta institución se adhirió en su día al proceso seguido por la Gerencia de Urbanismo, por el no cumplimiento de la distancia mínima de afección a la autovía.
Stop Desahucios quiere recordar que el Art 47 de la Constitución Española reconoce la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y que debe prevalecer sobre cualquier otra irregularidad administrativa.
Por otro lado, la reciente interpretación judicial que se ha realizado de este derecho, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos y de los Tratados Internacionales firmados por España, establecen que la vivienda familiar gozará de una singular protección por parte de las Administraciones, especialmente cuando se trate de familias especialmente vulnerables porque carezcan de recursos económicos y tengan menores a su cargo. Así ocurre en el caso que nos ocupa, más cuando se siguen dando las mismas condiciones que dieron lugar al Decreto de 31 de julio de 2013 de la Gerencia de Urbanismo.
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