investigación en el que participa la Universidad de Castilla-La Mancha para fomentar las buenas prácticas empresariales en materia de derechos humanos (DDHH), con una duración de dos años y una subvención europea de 575.785 euros.
En un comunicado, Globernance ha indicado que el proyecto concedido por la Comisión Europea, está dirigido por el Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Juan José Álvarez, y coordinado por la profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Deusto, Katerina Yiannibas.
El programa contará con la colaboración de 13 entidades europeas y un equipo europeo de expertos y expertas en Derecho Internacional Privado, Derecho Ambiental, Derechos Humanos y Comercio Internacional.
Formarán parte de este proyecto la Universidad de Navarra y la Universidad Pública de Navarra; la asociación Frank Bold de la Republica Checa; la Universidad de Castilla-La Mancha; la Universitat Jaume I de Castelló; el Centro de Derecho Ambiental de Tarragona; la consultoría inglesa Cees Van Dam; el Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights de Viena; las universidades holandesas Tilburg University, Universiteit Utrecht y Universiteit Leiden; la firma de abogados Cuatrecasas, Gonçalves Pereira y la Universidad Rijeka de Croacia.
El proyecto de investigación pretende aportar desde la óptica del operador jurídico unas herramientas normativas y de reflexión a las autoridades comunitarias para potenciar las buenas prácticas en el ámbito material del Comercio Internacional y su proyección sobre el sector de los derechos humanos.
Con este fin, a través de este proyecto, se elaborarán una serie de estudios para investigar en torno a la jurisdicción, las leyes aplicables y los obstáculos procesales que impiden una justa y efectiva reparación a las víctimas, así como desarrollar las necesarias reformas legislativas a nivel de la Unión Europea.
También se trabajará para definir las obligaciones nacionales e internacionales de las empresas, así como promover unas normas adecuadas que podrían ser utilizadas por el Poder Judicial Europeo para evaluar el comportamiento de dichas empresas en relación a prácticas que pudieran llegar a afectar a derechos fundamentales y para crear un manual para las empresas europeas sobre mecanismos de reparación para aquellos casos en los que existan violaciones de Derechos Humanos.
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